Segundo responsable del Ministerio de Planificación asegura que el proyecto de ley que crea un espacio marino para el pueblo lafkenche, reconociendo el uso de derecho consuetudinario, no afecta las concesiones que ya están entregadas, como las pesqueras, pues la iniciativa tiene una finalidad principalmente cultural.
Como un paso importante consideró el Gobierno la aprobación, en general, del proyecto que crea un espacio costero marino para el pueblo lafkenche, pues con ello se reconoce que existe la necesidad de legislar sobre esta materia.
Así lo considera el subsecretario de Mideplan, Gonzalo Arenas, quien puntualiza que "para el gobierno esto es importante. Desde el punto de vista político en su relación con los pueblos originarios, lo que hacemos es completar una visión de lo que debiera ser una política indígena bastante más abierta a lo que son las realidades propias de los pueblos originarios".
La autoridad explica que esta propuesta busca regular una deficiencia existente en la legislación, para que exista la posibilidad de que quienes históricamente hacen uso de un territorio puedan seguir haciéndolo. "Lo que hacemos es completar, desde el punto de vista gubernamental, una política que va orientada a favorecer directamente a aquellas comunidades que vivían histórica y tradicionalmente del borde costero", dice. Y asegura que ello va "mucho más allá de la mera explotación económica"
-¿Qué pasa con quienes ya tienen concesiones en el borde costero?
-Esto no cambia en nada la situación de la ley propiamente tal. Está normada la posibilidad de que los derechos que ya existen no se ven afectados, lo único que le asegura a ellos (los indígenas) es más bien prácticas religiosas, recreativas, culturales, pero esto no tiene que ver con que pierda otra gente que está ahí, como por ejemplo a los pescadores artesanales, porque esto se reconoce en otras leyes y éstas se respetan completamente. Aquí lo único que se trata de hacer es que efectivamente la gente que ha vivido históricamente pueda seguir utilizando el borde costero para todo lo que ellos de manera tradicional han realizado. Si hay un espacio que está bajo concesión, eso sigue exactamente igual, pero ellos pueden utilizarlo para lo que son sus prácticas religiosas, recreativas, etc.
-¿Las comunidades pueden optar a espacios para poder explotarlos económicamente?
-Claro, pero eso ya se pasa a la norma general. Si ellos necesitan alguna explotación comercial, ahí está la Ley de Pesca, la Subsecretaría de Pesca, que tiene todos los requisitos que establece la ley de pesca en materia de uso del borde costero.
-¿Es posible extender este mecanismo a otras comunidades que hacen uso de los bordes costeros, además de los lafkenches?
-Esta ley en definitiva va a favorecer a todos los pueblos que están en el borde costero. Esto va desde los Rapa Nui, los lafkenches, la gente que está en el Estrecho de Magallanes, los que están en Tierra del Fuego, que ahí se reproducía la cultura de estos pueblos en relación al mar. Esto es una norma general, es decir, para todos los pueblos indígenas del país, y que tienen una vinculación en sus prácticas con el borde costero.
-¿Es una ley que reconoce temas culturales?
-Exactamente. Este es un tema de poder mantener todo lo que es la cultura vinculada al mar. Y naturalmente, cuando hay derechos que ya están constituidos, se reconocen las áreas afectadas para usos determinados, por ejemplo las áreas de manejo, todo lo que son las concesiones de acuicultura, etc. Eso no cambia en nada porque se aplica ahí la ley general.
-¿Por qué no se aplicó este mecanismo antes para otras comunidades que también han hecho un uso histórico de lugares?
-Estamos hablando de una política que se implementa durante la democracia, durante el periodo de la Dictadura a las organizaciones originarias no las tomaban en cuenta. Cuando se dicta la ley del nuevo trato, cuando se empieza con el compromiso de Nueva Imperial, y empiezas a constituir una política indígena, comienzan a aparecer también dentro del análisis que hacen las diferentes entidades, que en nuestra política indígena hay un vacío que se expresa en lo que es el espacio marino de los pueblos originarios. Y esto no va afectar la política acuícola, aquí lo que estamos haciendo es reconocer el derecho consuetudinario a que ellos puedan tener sus manifestaciones culturales en el borde costero.
La discusión en particular de la ley
Arenas señala que tras la aprobación en general, comienza la discusión en particular de la norma, y ahí uno de los temas fundamentales debatir será el uso consuetudinario, pues hay distintas visiones jurídicas. Por ello es necesario "precisar de manera concreta cuáles son los problemas específicos que pueda tener la ley tal como está siendo aprobada ahora".
-¿Cuáles son las principales dudas que se han planteado en el uso consuetudinario?
-En términos generales, donde se ha observado por la discusión, hay un par de dudas que se manifiestan en cuanto a lo que se entiende por uso en derecho, como prácticas reiteradas o cierto actos que, en definitiva, van estableciendo una tradición, una historia. Hay otros abogados que dicen que no, que lo consuetudinario lo tiene que generar la ley y estos son los cánones que hay que establecer para que los problemas que se produzcan tengan una relación satisfactoria. De qué manera el ordenamiento jurídico chileno le da una interpretación a lo que es la costumbre.
Se estableció como plazo para presentar las indicaciones hasta la primera semana de julio. Sin embargo, Arenas explica que "el Gobierno está interesado en acelerar el proceso", por lo que el objetivo es que la tramitación del proyecto esté finalizada a finales de este año.
