Organismo estaría dispuesto a entregar $ 300 millones por cada víctima de la Matanza de Corpus Christi. Pago es similar al que estableció en primera instancia por el ministro Hugo Dolmestch en enero de 2005, pero inferior a los $ 500 millones que fijó la Novena Sala de la Corte de Apelaciones en diciembre de ese año.
Los familiares de las víctimas de la Operación Albania y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acercan posiciones para el pago de una indemnización por la matanza de doce jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinados entre el 15 y 16 de junio de 1987 por agentes de la ex Central Nacional de Informaciones (CNI).
Ante el abogado integrante de la Corte Suprema Domingo Hernández Emparanza se reunieron por segunda vez los representantes de los parientes de los fallecidos y el presidente del CDE, Carlos Mackenney, para tratar de lograr un acuerdo en la audiencia de conciliación que determinó la Sala Penal del máximo tribunal hace tres semanas.
La audiencia fue citada para buscar un acuerdo en torno al pago de la compensación económica que, de acuerdo al fallo de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago debe, llegar a $ 500 millones por cada grupo familiar, alcanzado un monto total de $ 6 mil millones.
De acuerdo a fuentes judiciales el representante del organismo fiscal propuso un pago de $ 300 millones por cada víctima, como lo planteó el ministro en visita Hugo Dolmestch en la sentencia de primera instancia dictada en enero de 2005.
El monto inicialmente habría sido aprobado por algunos familiares, pero el abogado que representa a la mayoría del grupo, Nelson Caucoto, solicitó una nueva audiencia para el lunes 18 de junio próximo para consultar a quienes no asistieron a la audiencia de este miércoles.
Con todo, Caucoto valoró el avance de las conversaciones con el CDE, que permitiría buscar una salida consensuada. "Esta reunión nos ha permitido avanzar, todavía no tenemos un acuerdo concreto porque el presidente del Consejo (de Defensa del Estado) debe llevar una propuesta al Pleno del organismo, pero veo como muy positivo y exitoso este procedimiento. Las partes están contribuyendo a construir, entre todos, una sentencia en materia civil", dijo el profesional.
El presidente del CDE se retiró de la reunión argumentando que la confidencialidad de las conversaciones y que el tema aún no está zanjado, pero las fuentes consultadas confirmaron que la propuesta entregada en la reunión ya fue discutida informalmente entre los integrantes de la entidad.
Un acuerdo entre los familiares de las víctimas y el CDE debe ser visado por los tres cuartos de los consejeros en ejercicio de la entidad, es decir, 9 de los 12 consejeros del organismo y los recursos deben ser visados, además, por el Ministerio de Hacienda que debe proveer de los dineros necesarios para cumplir con el fallo.
Actualmente además de Mackenney componen el CDE los abogados Eduardo Urrejola, Clara Szczaranski, Álvaro Quintanilla, María Eugenia Manaud, René Moreno, Paulina Veloso, María Inés Horvitz, Rodrigo Quintana, Ana María Hubner, Luis Winter y Jaime Varela.
En enero pasado, el CDE aprobó un acuerdo para indemnizar con un pago de 21,80 Unidades de Fomento mensuales de por vida para Patricia Pérez Vargas, hermana de un grupo de detenidos desaparecidos y que también fue victima de la represión militarr.
El acuerdo puso fin a un proceso civil impulsado por la madre de la mujer, Otilia Vargas Vargas, quien tiene más de 80 años y que sólo buscaba asegurar el futuro de la única hija que sobrevivió a la represión de la dictadura que quedó con grave secuelas mentales por la dura situación que tuvo que pasar.
