Oficio firmado por el titular de la secretaría de Estado, Eduardo Bitran, llegó en la tarde del jueves, un día después de que los magistrados del máximo tribunal analizarán la posibilidad de rechazar por tercera vez la recepción de las obras, cuyo funcionamiento normal llega con dos años de retraso.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) accedió a climatizar el Centro de Justicia, desactivando con ello un nuevo roce con la Corte Suprema por esta falla en la construcción del llamado «mall del crimen».
La decisión esta contenida en un oficio firmado por el ministro Eduardo Bitrán que llegó al presidente del máximo tribunal el pasado jueves, donde se accede a lo solicitado.
«El Ministerio de Obras Públicas instruirá que se efectúen en los edificios de tribunales del Centro de Justicia, las obras adicionales que resulten necesarias para obtener una completa solución a las actuales insuficiencias de las instalaciones de climatización de dichos edificios", señala la comunicación.
El documento llegó en el momento preciso, ya que el miércoles los magistrados -en un pleno extraordinario convocado para tratar materias disciplinarias- aprovecharon la oportunidad para conversar acerca de la preocupación que les asistía por la demora en la puesta en marcha de la construcción.
Frío y calor
La climatización del Centro de Justicia era una de las exigencias que había puesto la Suprema para usar los dos edificios para los juzgados de garantía (módulos 1 y 3) y dos para los tribunales orales (módulos 1 y 2), luego de los problemas que aparecieron el verano pasado, por ejemplo, en la Defensoría Penal y el Ministerio Público, donde hubo personas que incluso sufrieron desmayos por las altas temperatura que se generan en el lugar.
El acto formal se produce luego de dos rechazos previos de parte del máximo tribunal, pero también tras una revisión de una serie de errores -que se suman a los de climatización- de la Comisión Especial, entidad constituida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Justicia.
La reunión para ello se efectuó el 21 de junio pasado, donde se autorizó la "Puesta en Servicio Provisoria de la Segunda Fase del Edificio del Centro de Justicia de Santiago", según la versión oficial entregada por la oficina de comunicaciones del Poder Judicial.
"Para conseguir esta autorización, la concesionaria Iniciativas Chile S.A. (OHL) debió resolver un total de 7.378 observaciones, de las cuales 104 fueron relevantes y afectaban la operatividad de la obra; 4.418 de carácter importantes, que pudieron haber alterado la funcionalidad del edificio; y otras 2.856 de carácter general, que correspondieron a terminaciones establecidas en el contrato. Estas observaciones fueron realizadas por los integrantes de la Comisión Especial, en particular de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), luego que la concesionaria solicitara por primera vez la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) de la Fase 2, el 29 de septiembre de 2006", sigue el documento.
El MOP contará con un plazo no superior a 30 días para adoptar las medidas tendientes a solucionar las mencionadas deficiencias que serán coordinadas con la CAPJ, las que costarán cerca de 8 millones de dólares, indicó una fuente de la Suprema, las que saldrán de las arcas de la cartera.
El edificio que alberga al centro de justicia debió estar terminado en febrero de 2005, tres y medio meses antes que el 16 de junio se presentará en sociedad, en Santiago, la reforma procesal penal.
Sin embargo por una serie de problemas que fueron de responsabilidad tanto del Ministerio Público como del MOP, sólo pudieron ser solucionados el pasado 21 de junio. Es decir, con dos años de atraso.
