Ministro Alberto Chaigneau dijo que »no comprende» la actitud del general (R) Raúl Iturriaga Neumann, que lleva dos semanas prófugo y se niega a cumplir una condena por violaciones a los derechos humanos. Juez asegura que secuestro permanente es una figura legal plenamente aplicable, pues no hay pruebas de homicidio y el Derecho Internacional obliga a castigar estos hechos.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Alberto Chaigneau, afirmó que "no entiende" la actitud asumida por el general en retiro Raúl Iturriaga Neumann, quien se mantiene prófugo de la justicia desde hace dos semanas luego de que no se presentara a cumplir su condena por el secuestro calificado del militante del MIR Luis San Martín Vergara.
Chaigneau afirmó que «comprende» la rebeldía del ex director del Departamento Exterior de la DINA por lo que considera una sentencia injusta, pero que un Estado de Derecho exige que todos, sin excepciones, respeten los fallos de los tribunales de justicia.
«Siento lo que dijo el general Iturriaga. Lo comprender porque tiene mucho dolor, pero no puedo comprender que no cumpla un fallo en circunstancias que hay un montón de otras personas que están cumpliendo sus fallos y nosotros estamos de acuerdo que cuando las personas confiesan o ayudan a la investigación hemos bajado las penas y se puede ver como el otro lado se queja de que las penas son bajas", aseveró
El responsable de la Sala que sanciona en última instancia los juicios por violaciones a los derechos humanos se refirió por primera vez a la fuga de Iturriaga, oportunidad en que abordó en profundidad las críticas que los militares en retiro y algunos parlamentarios realizan a la Corte Suprema por la aplicación de la figura del secuestro permanente en los casos de detenidos desaparecidos.
«Nadie puede pensar que una persona esté secuestrada, qué sé yo, cien años, pero el delito tiene efectos permanentes. Por lo tanto, mientras no se compruebe la muerte no se puede procesar. Las veces en que nosotros hemos comprobado la muerte, hemos procesado por homicidio», afirmó.
Chaigenau insistió en que la investigaciones por violaciones a derechos humanos se encuentran sancionadas por el Derecho Internacional, por ser crímenes de lesa humanidad, y que aunque los tratados internacionales no estén ratificados por Chile, son aplicable porque forman parte del interés de toda la humanidad.
"Aquí estamos frente a sentencias que se refieren a los derechos humanos, o sea temas que tienen un poquito más de conciencia social, y que tienen esa conciencia desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se crearon los Tribunales de Nüremberg en que se decidió que los delitos de lesa humanidad no podían dejar de ser castigados en cualquier tiempo y por eso todos los convenios sobre imprescriptibilidad, que puede ser que estén o no aceptados por Chile, pero que se aplican porque el Derecho Internacional así lo exige y es lo que nosotros llamamos el ius cogens", dijo.
«Gobierno Militar se equivocó»
Para el presidente de la Sala Penal, es claro que la política de desaparición masiva de cuerpos de opositores al régimen militar fue errada, ya que impide a los jueces comprobar que en esos casos se cometieron homicidios.
«A nosotros no nos importa la barbaridad con que se procedió, a nosotros nos importa que se sepa la verdad y que se pueda obtener algo que ya no es posible, porque el gobierno militar se equivocó al hacer desaparecer los cadáveres y con eso nos impidió comprobar la muerte", opinó.
Chaigneau sostuvo que todos los procesos por violaciones a los derechos humanos se han investigado con profundidad "desde que pudieron ser investigados" , recordando que por años las causas permanecieron sin movimiento en la justicia militar, descartando de esa manera que exista una eternización de los casos por más 30 años, ya que las primeras denuncias se realizaron sólo a comienzos de las década de los 90′.
«No comparo prescripciones civiles, de delitos de ahora con delitos de lesa humanidad. Además son causas que estuvieron paradas quince, diecisiete años en la justicia militar y todas las querellas son del años 1990 porque en ese año la gente se comenzó a sentir libre del gobierno militar", finalizó.
