Conace estará a cargo de llevar un listado de quiénes venden, compran, importan o exportan sustancias químicas que permiten a narcotraficantes extranjeros fabricar cocaína, heroína y drogas sintéticas. Sus facultades le permiten revisar bodegas e inventario y aplicar multas que pueden llegar hasta los $ 33 millones o presentar denuncias ante el Ministerio Público.
El desvío de sustancias químicas y precursores para la fabricación de drogas es una realidad que el crimen transnacional organizado necesita para llevar adelante su negocio. Un litro de ácido sulfúrico, acetona u otros similares suelen ser muy valorados en el mercado negro, constituyendo una realidad que no es dominio público como el tráfico de marihuana, cocaína o pasta base.
De esta forma, el combate a este delito dista mucho de las grandes intervenciones policiales en sectores poblacionales o decomisos de droga que son exhibidos por la policía. Se trata más bien de un trabajo que carece de un glamour público. Está inserto en estadísticas e informaciones constantes con los países vecinos, constituyéndose en una realidad que mantiene en constante preocupación a las autoridades.
Chile no está ajeno al intento de las mafias colombianas, peruanas, bolivianas e incluso mexicanas de comprar todo lo que sirva para elaborar sus productos y ponerlos en lucrativos mercados de Estados Unidos o Europa.
Por esta razón, es que la convocatoria para que todos aquellos que producen este tipo de elementos se inscriban obligatoriamente en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, se instala como un paso importante para evitar que sean desviados dentro y fuera del país con fines delictivos.
La instancia, dependiente del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), comenzará formalmente el próximo 27 de julio, luego de que fuera publicada en el Diario Oficial como parte de la Ley 20.000 de Drogas, finalizando el 25 de octubre.
El nuevo registro tendrá la información no sólo de la producción, sino también a quiénes se vende, la cantidad, y todo lo referido a importación y exportación e incluso el Conace podrá inspeccionar sin notificación previa con el objeto de verificar si los inventarios están actualizados y son verídicos. De no ser así se arriesgan a multas que van desde un millón a 33 millones de pesos, aproximadamente.
Esta base de datos estará integrada a las redes de información nacionales e internacionales cuestión que permitirá coordinar con las autoridades de los países vecinos los embarques de las sustancias y prevenir así el delito en cuestión.
Casos como el de la operación «Frontera 2000» llevada adelante por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a fines de los 90, es sólo la punta de iceberg de un negocio que ha funcionado por varios años en Chile, pero que con la existencia de este registro se verá mermado aunque no desaparecerá.
Tanto la cocaína como la heroína, como también las drogas sintéticas necesitan de los precursores químicos, lo que pone a Chile como un verdadero caramelo para el crimen organizado, ya que somos exportadores de este valioso recurso.
Según estadísticas internacionales, las ganancias por la venta de precursores son tan o más altas que las del tráfico de drogas. Y si se toma en cuenta que el país tiene muchos pasos fronterizos no controlados, debido a la vastedad de la zona norte, el panorama parece no ser alentador, más aún si en los últimos dos años se han encontrado varios laboratorios en Chile donde "cocineros" extranjeros pretendían transformar la paste base de cocaína en clorhidrato.
De cualquier forma queda claro que la autoridad tiene una preocupación real por el desvío de precursores y se espera que no lleguen a los fabricantes de droga.
Sin embargo, las redes del crimen organizado -y la experiencia internacional así lo revela- son más rápidas y largas que los intentos de los actores gubernamentales por evitar la venta de estos químicos. De todos modos, está iniciativa es un buen comienzo.
