José Higuera opina que »si existen compras pendientes que se pueden pagar con esos recursos, sería inteligente hacerlo». Guillermo Patillo piensa que »uno debiera conocer exactamente cuáles son los requerimientos que la planificación ha establecido para las FFAA en un horizonte a mediano y largo plazo» para ver el destino de esos dineros.
Los excedentes acumulados por la Ley Reservada del Cobre y ahorrados hoy suman 1.400 millones de dólares. Al derogarse o reformarse esa normativa, que hoy tiene por objetivo financiar las compras de nuevo equipamiento bélico para las Fuerzas Armadas, será necesario decidir qué destino final tendrán esos recursos.
Sin embargo, el problema crece día tras día, debido a la constante alza del precio y la demanda por el metal rojo en los mercados internacionales. Se estima que para fines de este año la cifra se habrá incrementado a 2.100 millones de dólares.
La proyección se basa en los resultados del primer trimestre de este año, en que la Ley entregó 280 millones de dólares a las instituciones castrenses. El monto es realmente considerable, si se considera que el piso para este año es de 292 millones de dólares, y significa que la Ley Reservada del Cobre, de seguirse aplicando en la forma actual, podría triplicar o cuadruplicar su monto básico o piso.
El ingeniero y analista Eduardo Santos, quien tiene contabilizado cada dólar que reciben las Fuerzas Armadas por este concepto, hace hincapié que los uniformados trabajan con transferencia al Fisco, es decir, cuando cuentan con el dinero y no el precio al que se vendió el cobre.
«Del 2004 no se gasta todo lo que la ley otorga y ya hay acumulado 1.429 millones de dólares", apunta el experto.
Desde 1989, sólo en dos oportunidades el Estado debió colocar dinero para llegar al piso. Esto fue en 1993 cuando la ley dio 194 millones y lo mínimo eran 204 millones de dólares y en 1998 cuando el mínimo eran 221 millones y la normativa dio 215 millones de la moneda norteamericana.
Entre 1989 a 1999 la ley dio a las Fuerzas Armadas 2.835 millones de dólares y desde el 2000 al primer trimestre del 2007 ha entregado 3.909 millones de los cuales se han ahorrado más de 1.400 millones de dólares.
Contingente sobredimensionado
Para el analista Juan Pablo Rosso, "hay un problema de fondo en la discusión sobre la Ley del Cobre ya que si queremos racionalizar el gasto en defensa, lo primero que debemos hacer es discutir si el tipo de fuerza militar que tenemos es la respuesta más eficiente a nuestras necesidades. A mi juicio, hace falta una evaluación completa de nuestro enfoque estratégico, percepciones de amenaza y las capacidades militares que debemos privilegiar".
Al ser requerido en qué hay que invertir los excedentes generados por el mayor precio del cobre, aseveró que "en nada, mientras no hayamos resuelto esto. Creo que podríamos financiar una fuerza militar con más y mejores capacidades usando un monto similar al que le entrega actualmente la Ley de Presupuesto como porcentaje aproximado del PGB, pero para eso debemos cambiar la forma cómo concebimos nuestra defensa".
En tal sentido, agregó que "es necesario pensar en función de la defensa de intereses nacionales más que de fronteras y confiar más en la movilidad y la superioridad informática como elementos disuasivos y no tanto en la presencia territorial. También es necesario replantearnos la hipótesis de conflicto con Argentina».
Sostuvo que «todo es posible en las relaciones internacionales, pero las probabilidades de que los argentinos lancen un ataque a gran escala en contra de Chile en los plazos que nos importan son tan bajas que no se justifica mantener a buena parte de nuestra fuerza amarrada a la frontera con ese país. Es necesario diseñar una estrategia disuasiva más flexible y eficiente ante Argentina".
En opinión del analista, "hay un contingente sobredimensionado, el que se suele justificar afirmando que Chile es un país difícil de defender. Eso podría haber sido cierto cuando se combatía a pie pero hoy día se disuade con una buena capacidad de proyección de poder y no con presencia fija en un lugar. Ésta puede servir para demostrar voluntad de lucha, pero desde un punto de vista militar no es imprescindible si se tienen los medios para desplegarse rápidamente y enfocar las fuerzas en forma eficiente ante el adversario".
Puntualiza que "si consideramos que el gasto en defensa en Chile es de aproximadamente US$ 20 – 25 mil anuales por efectivo, es fácil dimensionar la enorme cantidad de recursos que se podrían ahorrar reduciendo nuestro contingente de los cerca de 70 mil efectivos que son ahora a unos 40 mil o menos. Con los ahorros que eso generaría no serían necesarios los recursos que entrega actualmente la Ley del Cobre".
Capacidad de gestión
Para José Higuera, analista del PPD, el tema "tiene implicancias que van más allá de la contabilidad. Estamos hablando de presupuestos y gastos sin abordar el tema de fondo, que es que equipamiento, estructura y tamaño de capacidad militar necesita Chile para defender sus intereses y soberanía. Este ejercicio es una tarea pendiente que debería ser resuelta primero, pero que requiere de un debate abierto que hasta ahora ha sido hábilmente esquivado por los gobiernos de la Concertación".
Subraya que "aún estableciendo el tamaño, estructura y equipamiento que necesita la Defensa de Chile, hay otros aspectos que inciden en los costos. Una de ellos es la capacidad de gestión de los recursos por parte de las autoridades civiles del sector y de las fuerzas armadas. La realidad es que esa capacidad es hoy muy irregular. El ministerio de Defensa ha desarrollado una capacidad de gestión en lo financiero, pero es muy débil en otros aspectos técnicos que concurren en la gestión a la hora de invertir en equipamiento. En el caso de las ramas de la Defensa Nacional, unas tienen una gran capacidad de gestión financiera y técnica y otras no".
"El costo de las plataformas y sistemas no termina en el precio de compra. El verdadero costo a considerar es el del ciclo de vida, considerando los respectivos costos de mantenimiento regular, reparación y modernización de los equipos a lo largo de su vida útil. Si por falta de recursos para darle un adecuado mantenimiento ese material queda fuera de servicio, o tácticamente obsoleto porque no había financiamiento para su actualización, entonces significa que no debió haberse comprado o que debió adquirirse en menor cantidad. Dicho en forma más simple, se gastó demasiado en la compra, sin considerar los costos posteriores asociados".
En opinión del especialista del PPD, "eso se solucionaría con la creación de una agencia central de adquisiciones y logística de la Defensa, en donde se uniformarían criterios y se sumarían sinérgicamente las capacidades y experiencias de gestión del ministerio y de las ramas, de modo que unos aprendan de los otros y el sector defensa se beneficie en su conjunto. Sin embargo no se ve voluntad en las autoridades civiles, para asumir un liderazgo e impulsar ese proceso".
Sin embargo, Higuera concuerda en que "fijar parámetros para el financiamiento de las adquisiciones militares, establecidos en función de porcentajes del PIB y el gasto o presupuesto fiscal, sería saludable para evitar situaciones anormales como la creada por el ciclo de alto precio y demanda internacional por el Cobre".
Sobre el uso de los excedentes ya acumulados, señala que "si existen compras pendientes que se pueden pagar con esos recursos, sería inteligente hacerlo y evitar así la contratación y servicio de créditos que sólo encarecen esas operaciones. Lo que no se debe hacer es planear el financiamiento de la renovación de material militar en base una situación coyuntural como la del Cobre".
Los requerimientos de las FF.AA.
El economista de la Universidad de Santiago Guillermo Patillo dice que «para responder qué se debe hacer con los excedentes de la Ley Reservada uno debiera conocer exactamente cuáles son los requerimientos que la planificación ha establecido para las Fuerzas Armadas en un horizonte a mediano y largo plazo».
Asevera que «esa planificación hasta donde yo conozco es sólo de dominio interno, por lo tanto, todo lo que se puede decir son puras elucubraciones sin mayor base».
Además destaca que «la ley no sabemos como se va a modificar. Hay muchas visiones al respecto y mi postura es que un sistema de financiamiento de las FF.AA. en forma eficiente tiene que ser uno que conecte los objetivos con los medios y eso claramente no lo satisface la Ley Reservada del Cobre».
El tema, puntualiza Patillo, «es que hay que mirar en forma completa el sistema de financiamiento que no sólo es Ley del Cobre sino que también presupuesto».
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