Presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado señala que »no cuestiono la resolución adoptada por el ministro Álvarez y será la sala penal de la Corte Suprema la que entregará su veredicto definitivo. Es un pésimo ejemplo cuestionar, e incluso en tono muy fuerte, lo que resuelven nuestros magistrados».
Inmediatamente conocido el fallo que rechazó la extradición de Alberto Fujimori, los parlamentarios, en su gran mayoría, comenzaron a emitir opiniones contra de la resolución en primera instancia del ministro de la Corte Suprema Orlando Álvarez. Una actitud que es criticada por el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Roberto Muñoz (PPD), quien señala que se deben respetar los dictámenes judiciales.
"He escuchado declaraciones que creo habría que meditarlas más porque los políticos no podemos aplaudir o criticar los fallos que hagan los tribunales de justicia. Hoy existe un sistema judicial autónomo que está funcionando en plena potestad", señaló el parlamentario.
El legislador agregó que "hoy en una instancia primera hay una sentencia favorable al señor Fujimori. Más allá de la simpatía que se puede tener en función de este personaje, lo que sí tenemos que respetar, para prestigiar nuestro propio sistema democrático, es la resolución que toman los jueces".
-¿Cómo recibe el fallo del ministro Álvarez?
-No cuestiono la resolución adoptada por el ministro Álvarez y será la sala penal de la Corte Suprema la que entregará su veredicto definitivo. Es un pésimo ejemplo cuestionar, e incluso en tono muy fuerte, lo que resuelven nuestros magistrados, porque según eso estarían obligados a emitir fallos políticos, que puedan gustarle tanto a quienes están en el poder o en la oposición. El día en que eso acontezca, quiere decir que uno de los pilares de nuestra democracia fracasó.
-¿Por qué critica tanto a sus colegas parlamentarios por haber opinado en torno al fallo de Álvarez?
-Cuando uno está en una democracia uno tiene que separar las visiones o las impresiones desde el ángulo político y tiene que respetar la potestad de las instituciones. Uno no puede aplaudir cuando el fallo favorece a un determinado sector político y criticarlo si es en un sentido contrario. Ése es un juego peligroso que mina los pilares de un sistema democrático. En el caso chileno, la Constitución determina cuál es el caso de su potestad, entonces a mí no me parece serio impugnar lo que los tribunales determinen porque, en caso contrario, entramos a la ley de selva y los tribunales están supeditados a la presión política y eso sería el peor error de lo que podría suceder en nuestro país.
Tratados internacionales
-Pero los antecedentes entregados por el gobierno peruano señalaban claramente que en el caso de La Cantuta y Barrios Alto se violaron los derechos humanos?
-Cuando el señor Fujimori llega a Chile, el gobierno peruano pide la extradición y presenta los cargos que ameritan esta resolución. El señor Fujimori enfrenta los tribunales chilenos y el gobierno peruano toma abogados y se inicia la causa. Los tribunales chilenos tienen que dar su visión sobre la base de las pruebas, de los antecedentes, de los ilícitos que están dentro del sistema jurídico chileno.
-Pero el dictamen va en contra de la resolución que adoptó el Estado peruano, de aceptar la demanda que se hizo en su contra en la Corte Interamericana. Aquí el ministro hace una diferencia entre el Estado y el gobernante.
-Tengo que asociar la respuesta a que existe el famoso Tratado de Roma, que en Chile se está discutiendo la reforma constitucional que lo aprueba y así permitir la vigencia del TPI en aquellos crímenes de lesa humanidad o de tortura o de situaciones aberrantes en materia de personas. El TPI determina su acción cuando los Estados donde se cometen agresiones a los derechos humanos no tienen interés o no son capaces de conducir esos procesos a través de sus instituciones jurídicas. Cuando ello acontece, el TPI puede intervenir y tomar prisioneros a estos personajes cuando se encuentran en una jurisdicción fuera de estos países.
-¿Pero hay varios casos de violaciones a los derechos humanos que están en el TPI?
-Me parece curioso que hemos visto que hay muchas causas que están en el TPI hoy de ex Presidentes y, si bien esos procesos no se han concretado, a lo menos están ahí en el escritorio para que en el momento oportuno tener una vigencia de algún tipo de veredicto.
– ¿Pero si el estado peruano reconoció que hubo violaciones a los derechos humanos, por qué no castigar al jefe de gobierno?
-El ministro Álvarez juzgó la causa sobre la base de los antecedentes del gobierno peruano presentó en los tribunales chilenos. Naturalmente hizo una valoración y estaban las pruebas que determinaban sancionar una situación. Evidentemente aquí hay interpretaciones políticas, jurídicas y hay sectores políticos en Perú que dicen que es trasgresor de los derechos humanos y otros opinan lo contrario.
-Lo mismo pasa con Pinochet en ChileÂ…
-Hay que recordar que Pinochet fue juzgado por los tribunales chilenos. Cuando estuvo detenido en Londres y fue devuelto a Chile, aceptó que la institucionalidad jurídica chilena está capacitada para hacer los procesos y aquí había una ley de amnistía, guste o no, había una prescripción y normas jurídicas muy claras. Así, el señor Pinochet y un grupo importante de sus secuaces están en los tribunales, otros presos y otros fugados. En Chile, la justicia ha congelado todos los bienes de Pinochet para dictaminar hasta donde hubo delito al obtener tanta riqueza.
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