El recurso de reconsideración presentado por el Ministerio Público señala que la decisión de postergar la causa hasta mayo de 2008 es una »infracción flagrante» a la ley. Este caso se suma a las críticas al Poder Judicial, que ha estado en el ojo del huracán por la falta de criterio de algunos magistrados en sus resoluciones.
Luego de que el Tribunal Oral de Ovalle decidiera postergar hasta mayo de 2008 el juicio por lavado de dinero más grande desde la instauración de la reforma, el Ministerio Público reaccionó en duros términos en el recurso de reposición que presentó este viernes en dicho juzgado.
Fuentes consultadas por El Mostrador.cl confidenciaron que, junto a los consabidos argumentos legales para interponer esta presentación, la fiscalía se quejó por el "agravio" a los fondos del Estado, e "infracciones flagrantes" por haber sobrepasado el plazo legal que dicta la ley para efectuar el juicio una vez desarrollado el "auto de apertura".
Según se indicó, también hubo una dura crítica a los jueces Eugenia Gallardo, Christian Leyton y Eugenia Gorichon del mencionado tribunal. Se señaló que, más allá que actual juicio que se lleva a cabo en contra del gobernador DC Cristián Rojo por desvío de fondos a campañas políticas, los magistrados no consideraron inteligentemente los tiempos de gestión, haciendo hincapié en que tienen la obligación de prevenir este tipo de situaciones.
El proceso que sigue la fiscalía de la Región de Coquimbo es contra Patricio Gálmez Brajovic, quien está acusado de lavar activos provenientes del tráfico de drogas durante al menos cuatro años junto a su hermano Arturo, quien operaba desde Europa usando como pantalla las empresas Kristel Food, Bananera de Colombia y Chile Limitada.
Arturo Gálmez actualmente cumple una condena de 15 años en Alemania por narcotráfico, luego de que se comprobara que ganó dinero por más de US$ 17 millones con dicha actividad.
En Chile, se pide una pena de 10 años, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además de una multa de 1.000 unidades tributarias mensuales (poco más de $ 32 millones), además de las costas del juicio.
¿Plazo razonable?
Otro tópico cuestionado, dijo la fuente consultada, fue la falta de debido proceso a los acusados de este caso, Patricio y Arturo Gálmez, ya que la decisión dejó fuera criterios como el "principio de agilidad", parte de las garantías de ambos sujetos frente al sistema de persecución penal de los delitos.
Citando criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al respecto, la presentación del Ministerio Público fue más allá y puntualizó que la postergación atenta claramente contra el llamado "plazo razonable", que debe ser respetado no sólo por la fiscalía, sino por todos los órganos del Estado, dejando en evidencia el retraso del Poder Judicial.
La CIDH ha sostenido en distintos fallos y como criterio básico respecto de los tiempos deben primar tres figuras que no se pueden olvidar en este tipo de asuntos. Se trata de la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado y por último la conducta de las autoridades judiciales.
Respecto de este último argumento, la judicatura ha estado en los últimos días en el ojo del huracán por las decisiones de jueces de garantía, que han otorgado la libertad a delincuentes de alta peligrosidad.
Tanto fue así, que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago debió, por la fuerza de los hechos, designar a la ministra Sonia Araneda para investigar la actuación de la magistrado María Geraldine Aguirre, suplente en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien fue suspendida de sus funciones por no resolver de forma correcta la entrega voluntaria de los denominados «boqueteros», llamados así por el intento de robo a la bóveda de una sucursal de BancoEstado.
Daño irreparable
En este sentido, aunque es poco probable, tanto Arturo como Patricio Gálvez bien podrían invocar falta de debido proceso por la demora en ser juzgados como lo ordena la ley.
Para la fiscalía, el daño al trabajo de los fiscales que ha hecho la resolución del juzgado oral de Ovalle, echó por la borda la preparación del abultado número de los testigos (más de 60).
Tampoco se consideró el tipo de testigos que prestarían testimonio, apuntando al viaje de policías alemanes y holandeses que vendrían a Chile pagados por sus respectivos países y durante sus vacaciones a colaborar con el juicio.
Al respecto, ayer la fiscalía notificó a los investigadores europeos especializados en indagatorias contra el crimen organizado que el juicio se suspendía hasta nuevo aviso, ya que se prevé que la Corte de Apelaciones de La Serena postergue la vista del juicio, en vez de mayo de 2008, para octubre de este año, aunque la decisión final aún no es conocida.
Se supo que el Juzgado de Garantía de Ovalle entregaría este sábado la respuesta a la reconsideración de la fiscalía y el tribunal de alzada de La Serena trataría este próximo martes el asunto para adoptar una decisión final.
¿Quién paga el dinero gastado?
El Ministerio Público también se quejó porque para llevar adelante este caso hubo que adecuar cientos de temas administrativos, gasto en dinero de las arcas fiscales para llevar a los testigos, darles alimentación, alojamiento, protección, trasladar peritos, lo que se aplica también a los policías extranjeros que para los efectos legales son representantes de sus estados.
Ello, insistió la presentación, es un desprestigio a nivel internacional para el país que afecta futuras colaboraciones para indagatorias transnacionales contra el crimen organizado.
Más allá de lo razonable que puedan resultar los argumentos de los jueces de Ovalle, debido a la recarga de trabajo a la que están sometidos, en el extranjero quedará la "sensación" de que bien pudo haber otros motivos para adoptar la decisión de postergar un juicio por un delito que socava las estructuras del Estado como es el lavado de dinero.
