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Bloquean traspaso de bienes a hija de ex militar peruano avencidada en Chile

Fiscal de la Corte Suprema debe revisar exhorto enviado por el Cuarto Juzgado Penal de Lima, en el que se solicita notificar de la medida judicial a la hija del general retirado Juan Yepes del Castillo. Otrora oficial, que en el pasado enfrentó cargos por violaciones a los DDHH, realizó transferencia después de que en su país se le abriera un proceso por colusión.


Miryan Yepes Salazar, hija del general (r) del Ejército peruano Juan Yepes del Castillo, involucrado en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, será notificada por la Corte Suprema sobre la anulación de traspaso de bienes que le hizo su padre en Lima.



El fundamento es que esta acción se realizó cinco días después de que se abriera un proceso contra el ex miembro de las Fuerzas Armadas peruanas por el delito de «colusión desleal» en agravio del Estado peruano, por una suma superior a los cinco millones de dólares.



Una resolución del Cuarto Juzgado Penal de Lima indica que los inmuebles habrían sido traspasados a nombre de Miryan Yepes con el fin de disminuir el patrimonio del oficial (r), situación que coincidió con el viaje de la mujer a Chile, quien registra domicilio en La Reina.



Según el dictamen, el ex militar evitó el embargo de dineros y el pago de una acción civil que se desprendería de ser hallado culpable del delito de colusión desleal, proceso se encuentra en etapa de investigación en el vecino país.



El 21 de febrero el Cuarto Juzgado de Lima anuló las transferencias de dinero, inmuebles, autos y el usufructo vitalicio de bienes que realizó Yepes del Castillo. De esta forma, los traspasos pierden validez y la hija del uniformado será notificada de la pérdida del derecho de propiedad sobre lo inscrito indebidamente a su nombre.



El exhorto llegó hasta el máximo tribunal chileno el 6 de julio pasado y solicita un plazo no menor a 30 días para llevar a cabo la diligencia. La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado lo revisará este martes, para recomendar a la Segunda Sala Penal si se da curso o no a la solicitud del Perú.



Hechos



El ex miembro del Ejército peruano, junto a otros compañeros de labores, están procesados por defraudar al Estado de su país en US $ 5 millones 820 mil dólares, mediante la concreción de una compra de equipos realizada de forma irregular.



Dentro de los documentos enviados por el juez penal de Lima Rabel Vela Barba, se detallan los hechos por los cuales se investiga a Yepes del Castillo, causa en la que están procesadas cerca de quince personas.



Los antecedentes señalan Yepes, junto al Departamento de Comunicaciones del Ejército de su país, se "coludieron" con la empresa Tadiram Com Ltda, que entregó 305 equipos de radio, lotes de instructivos, bancos de prueba y accesorios en US$ 5 millones 820 mil.



El negocio se hizo aparentando en documentos un proceso de selección que jamás ocurrió. Además, tampoco se siguieron los conductos regulares, porque para adquirir esos equipos se requiere una comprobación de compatibilidad con las máquinas ya existentes en la repartición castrense.



En Perú, la colusión es el delito en el que un funcionario o servidor público, en razón de su cargo, defrauda al Estado, cargo que en Chile es conocido como fraude al Fisco. Bajo la justicia peruana, por este ilícito el general (r) arriesga una pena privativa de libertad de tres a 15 años.



Matanza en Huallaga



Esta no es la primera vez que el general (r) peruano se ve involucrado en una causa penal. Hace algunos años, el Ministerio Público de ese país lo acusó, junto a otros 13 oficiales, por la su responsabilidad en tres matanzas en la región selvática de Huallaga en 1992 y 1994.



La Fiscalía local de Aucayacú presentó la denuncia en base a las operaciones "Cuchara" y "Aries", realizadas contra el grupo armado Sendero Luminoso.



En las masacres, los uniformados habrían dado muerte a 37 pobladores en los pueblos de Alto Cuchara, Venenillo, Mohena y Moruna.



En la acusación, se los involucró bajo el delito de homicidio calificado y desaparición forzada, solicitando penas de 15 años para cada uno. Yepes del Castillo fue incorporado en la acusación con calidad de "autor mediato", por ser el jefe de Inteligencia de la zona de Huallaga al momento de los hechos.

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