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RN recibe con cautela ley sobre probidad en la administración pública

Para el presidente de la tienda de Antonio Varas, la nueva legislación es un gran paso si efectivamente ayuda a terminar con hechos de corrupción y con la intervención electoral. Este último un elemento central de preocupación en la derecha con miras a las elecciones presidenciales del 2009, pues estiman que debido a ello han perdido los comicios de 1999 y 2005.


A pesar de la permanente insistencia de la Alianza por Chile de que el Gobierno debe avanzar hacia una legislación que muestre una mayor transparencia y ayude a evitar hechos de corrupción, la promulgación de la ley 20.205 que protege a los funcionarios públicos que denuncien situaciones reñidas con la probidad en la administración central del Estado pasó sin pena ni gloria. Ello, porque en la derecha siguen viendo el tema con escepticismo.



Así lo planteó el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, al ser consultado por El Mostrador.cl en relación con el tema. «Sobre los anuncios de combatir la corrupción del Gobierno tengo un cierto escepticismo. Me encantaría no tenerlo, porque comprendo que una cosa es el acto de corrupción y otra cosa es esconderlo», sostuvo.



«Desgraciadamente, desde un tiempo a esta parte se han producido actos de corrupción que no son imputables al Gobierno, sin embargo ha habido también desde el Gobierno un empeño feroz por esconder la corrupción. El episodio de Chiledeportes me pareció verdaderamente feo, lo que pasa en Ferrocarriles me parece feo y grave… Me encantaría que no ocurriera eso, para que no tuviera ni siquiera que hablar del asunto", planteó.



Todo, aunque se ha reunido tres veces con el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, para plantearle que si el Ejecutivo no avanza en materia de transparencia, no habrá acuerdo con su partido para apoyar iniciativas como las modificaciones al sistema electoral binominal.



Pero para eso Larraín también tiene una explicación. Aunque asegura que "los vamos a apoyar todos", aludiendo a todos los proyectos que contiene la Agenda de Transparencia y Probidad anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet, el dirigente insta a las autoridades a que si efectivamente estas iniciativas van en la línea de lo que ha planteado RN, entonces "que nos convenzan de la eficacia de los proyectos, si no, no".



A este respecto agregó que "estamos trabajando también para que haya una mayor probidad en la administración pública, pero tenemos algunos antecedentes que nos hacen dudar de la decisión del Gobierno en el combate contra la corrupción".



Después de mucho pensarlo y considerando que la ley promulgada el viernes facilita que los funcionarios públicos puedan efectuar una denuncia si ven que están frente a un caso de corrupción, el timonel de RN reconoció que "eso es un gran paso" y concedió el hecho de que una iniciativa como esta "efectivamente puede ayudar" a terminar o disminuir los hechos de corrupción en la administración pública y también con los actos de intervención electoral que su sector tanto ha denunciado en los últimos procesos electorales.



«Un aporte, pero no es suficiente"



Por su parte, el analista político José Miguel Izquierdo coincide con Larraín en que esta ley "es un paso" hacia lograr mayor transparencia en la administración del Estado.



"Esta ley sí es un aporte, pero no es suficiente. Es decir, es un aporte porque se puede denunciar; sin embargo, lo que más importaría es que este tipo de ejercicios, en periodos electorales pueda tener efectos sobre la elección, tanto en las preferencias de los individuos como en la posibilidad de obtener, efectivamente, un cargo. Entonces, es evidentemente insuficiente. De todas formas, el dar la oportunidad de que funcionarios públicos entreguen información a los jueces para combatir la corrupción es una gran señal y una señal en el sentido correcto".



La ley crea el "Estatuto de protección" para los funcionarios que denuncien irregularidades o casos de corrupción, estableciendo que por ello no pueden ser sometidos a calificaciones, traslados ni destitución de su cargo, durante el periodo que dure la investigación del caso o situación denunciada.

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