En 2001 en Chile, tanto la Corte Suprema y de Apelaciones desestimaron que el clan peruano fuera una red internacional de blanqueo de capitales, narcotráfico y crimen organizado, revocando los procesamientos contra sus ejecutivos. Sin embargo, la justicia estadounidense opinó en contrario y dictó 16 cargos contra Fernando Zevallos y su mujer.
Después de 15 años de investigación y una serie de peritajes contables, policiales y de extranjería, el jurado federal del Estado de Florida (EEUU) acusó a quien fuera el dueño de Aercontinente, el peruano Fernando Zevallos y su mujer, Sandra Elisa Sánchez, por cargos de lavado de activos.
La instancia judicial, de esta manera, concordó con los procesos que se le siguieron en Perú por sus vínculos con el cartel de "Los Norteños", como también el que se tramita en Chile en contra del narcotraficante.
El jurado recurrió contra Zevallos por 16 cargos debido a que, a través de la compra y posterior transferencia de bienes raíces en Florida, ocultó su fortuna proveniente de la venta ilegal de drogas.
Esta es la primera vez que en el país del norte se usa una ley aparecida en 1999 (Kingpin Act), que traducida al español significa Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, para sancionar el área financiera de traficantes de droga.
El fiscal federal, Alexander Acosta, en sus declaraciones dijo aplicando el viejo concepto antilavado "sin dinero no hay tráfico", que "es importante para golpear a los narcotraficantes donde les duele, y eso es en sus bolsillos».
Zevallos armó en Estados Unidos un complejo tinglado de sociedades "off shore" y "trusts" en paraísos fiscales, pero con sede en la ciudad de Miami que le permitieron lavar el dinero proveniente de la venta de alcaloides.
Algunas de ellas, por ejemplo, como Millenium Acquisition, Airccraft Leasing, Interstar Aviation, Skyways Aviation, entre otras aparecían arrendando aviones. Los dueños de las firmas eran testaferros de origen ruso como Inna Maltseva, Bella Idkina, Mareta Poisik y Yusik Bassin. Todos ellos trabajaban precisamente en el estudio del abogado Stephen Freeman, quien gestionó todas las sociedades "off" shore de Zevallos.
Actualmente, Zevallos está condenado en Perú a 20 años de cárcel y al pago de 29 millones de dólares por el envío de más de tres toneladas de cocaína a México en los años 90.
En todo caso, el fallo final aún está pendiente en la Corte Suprema peruana, pero de todas formas los fiscales norteamericanos preparan su artillería para extraditarlo si es que el máximo tribunal vecino decidiera absolverlo de los cargos.
Dentro de los antecedentes que constan en la indagatoria estadounidense están las compras -a través de entidades falsas- de dos residencias en el exclusivo barrio de Coral Springs, las que fueron adquiridas a bajo precio y luego vendidas en un millón 700 mil dólares, transfiriéndose el dinero a Perú.
Otro de los fiscales acusadores, Ricardo Del Toro, aseguró ayer que tanto el ex empresario como su mujer arriesgan penas que van desde los 15 a 20 años de prisión efectiva.
Proceso en Chile
Paralelamente en Chile, la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a la jueza del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Adriana Sotovía, que encause a Cevallos por el delito de lavado de activos, aunque todavía se desconoce el monto exacto que blanqueó en Chile. Se espera que la próxima semana la magistrada resuelva positivamente el escrito.
A mediados de 2001, en Chile el CDE reventó la llamada «Operación Ícaro» que permitió incautar más de 1 millón de dólares de Cevallos y otros ejecutivos, como también quitarles los aviones.
Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Suprema revocaron los autos de procesamiento, lo que para algunos es una señal de que en aquella época el país era aún muy joven en temas relacionados con el crimen organizado, incluso los jueces.
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