»Ella debiera renunciar. Su presencia en esta Cámara fue obtenida por medios ilegítimos y creo que sería muy bueno que renunciara», afirmó la senadora Evelyn Matthei. Otrora jefe provincial de Choapa Julio Rojos (ex DC) fue encontrado culpable de fraude al Fisco, luego que pagara con recursos públicos a activistas de la campaña de la legisladora PPD.
La senadora Evelyn Matthei (UDI) exigió la renuncia de la diputada Adriana Muñoz (PPD), luego de que este miércoles el Tribunal Oral de Ovalle condenara al ex gobernador de Choapa Julio Rojos (ex DC) por el desvío de recursos público a la campaña de la representante oficialista.
«Ella debiera renunciar. Su presencia en esta Cámara fue obtenida por medios ilegítimos y creo que sería muy bueno que renunciara», afirmó la legisladora gremialista, tras conocer la resolución que condenó a Rojos como autor de fraude al Fisco y negociación incompatible.
Según la representante gremialista, lo ideal sería que la parlamentaria PPD cediera su cupo al dirigente comunista Jorge Insunza, quien en 2001 ocupó el tercer puesto en los comicios en que resultaron electos Muñoz y el ahora ex diputado gremialista Darío Molina.
«Él fue la persona perjudicada, cuyas chances de llegar a este Parlamento fueron las perjudicadas por la inmensa cantidad de dinero que se gastó en su campaña», afirmó Matthei, representante por la Región de Coquimbo y quien ha llevado adelante las denuncias por este caso.
Según el dictamen, el fraude al Fisco fue cometido por entre octubre del 2001 a marzo del 2002, cuando ordenó la contratación de varias personas con cargos al Fondo de Absorción de Cesantía (Fosac), algunas de las cuales prestaron servicios en la campaña de la diputada Muñoz. La resolución establece que el monto defraudado llegó a $ 28 millones.
La legisladora gremialista consideró «realmente muy importante» que «por fin haya una condena por desvíos de fondos públicos para campañas políticas. Nosotros habíamos señalado hace mucho tiempo y esto, que existía, ha quedado claro».
En la oportunidad, Matthei también emplazó a la legisladora a presentar una querella por injurias y calumnias en su contra, tal como lo ha advertido en las últimas semanas.
Al respecto, sostuvo que tiene los antecedentes suficientes como para justificar sus dichos, especialmente por los testimonios de las personas que trabajaron para ella. «Tanto es así que participó personalmente en una reunión en la gobernación del Choapa, pidiendo a todas esta personas que firmaran contratos en blanco», aseguró.
Devolución de dinero
En tanto, un emplazamiento a Muñoz para que reconozca "que fue elegida ilegítimamente y que en su campaña electoral se utilizaron 28 millones de pesos traspasados de los Programas de Generación de Empleo", hizo el ex diputado Molina, querellante en el caso.
Junto al secretario general de la UDI, Darío Paya y al abogado querellante en esta causa, Cristián Letelier, el otrora parlamentario expresó que "esa plata señora diputada, no es de usted, esa plata es de los cesantes de la cuarta región y le exigimos que la devuelva".
Al respecto dijo que "fueron $28 millones de todos los chilenos, $28 millones que tenían que llegar a los cesantes de la cuarta región, que se entregaron a la campaña de la diputada Muñoz y hoy esta es una verdad, la justicia lo ratificó y declaró culpable al ex gobernador. ¿Pero qué pasa con la beneficiaria, quien de manera ilegal recibió esas platas? ¿Qué pasa con la diputada Adriana Muñoz?".
En tanto, Paya dijo que "es importante que los chilenos sepan que hoy día estamos celebrando que se hace justicia, que se destapa un hecho muy oscuro y triste, y a lo cual estuvo a punto de echársele tierra, es más, la tierra para tapar este episodio ya se le había echado encima mediante un acuerdo que impedía que esta materia se viera en juicio, se supiera la verdad y se llegara a las condenas que hoy día conocemos, pero fue la intervención oportuna de los querellantes y del abogado Letelier lo que impidió en ese minuto que esto se tapara con tierra".
"Aquí el acusado es el gobernador nombrado por el Presidente Lagos, el señor Rojo, acusado de usar 28 millones de pesos, que correspondían a los planes de empleo para ayudar a los cesantes en la campaña de un político de la Concertación, de lo cual se benefició la actual diputada Adriana Muñoz", expresó Paya.