Si bien la empresa ha entregado compensaciones económicas a algunos de los afectados y planea otro tipo de reparaciones, no todos están conformes con lo acordado. Por otra parte, están los que decidieron optar por la vía legal y se querellaron contra la planta de celulosa. El abogado que los representa, detalla los alcances y motivaciones de esta decisión
Luego de casi 50 años dedicados a la pesca, José Rivera tuvo que dejar su rutina diaria en el río Mataquito por la prohibición de pesca y extracción de mariscos establecida por la Seremi de Salud del Maule, a causa de la muerte de miles de peces afectados con sustancias tóxicas vertidas por la celulosa Licancel el pasado 5 de junio.
Rivera es el presidente del sindicato de pescadores artesanales río Mataquito de La Pesca y es uno de los 60 que llegó a un acuerdo con la celulosa, a través de una mesa de trabajo en coordinación con la oficina de gestión de la Federación de Pescadores Artesanales del Maule (Fedepesca).
El acuerdo alcanzado con la planta de celulosa Arauco y Constitución (Celco) consiste en un pago mensual que fluctúa entre los $ 250 mil y $ 400 mil por familia afectada -diferenciado dependiendo de la situación particular de cada pescador- hasta septiembre del 2008, sumando en total 15 meses de compensación económica. Mensualmente la planta más pequeña de Celco estaría entregando unos 24 millones de pesos.
"Este es sólo uno de los tipos de compensación, ya que también se han tomado en cuenta los perjuicios a ciertas áreas de manejo y cultivo de ostras y choro zapato", asegura Jorge Araneda, vocero de Fedepesca.
Explica que Licancel está dispuesto a comprar estos cultivos para compensar las pérdidas generadas y que en este momento están acordando los montos a pagar. Además están trabajando en planes de promoción y recuperación del comercio y turismo y en acciones específicas para volver a reflotar la imagen de la zona.
"La imagen de la zona ha quedado dañada, por lo tanto, hay una responsabilidad que tenemos que asumir como empresa, entonces también debemos pensar en acciones a largo plazo", aclara Andrés Morán, subgerente corporativo de Licancel.
Los pescadores del acuerdo
A pesar de los acuerdos, la percepción de José Rivera dista mucho de la conformidad. "El acuerdo no nos parece justo, más con esta noticia de que los peces están realmente contaminados con químicos de la planta. Yo creo que a partir de esto las conversaciones van a cambiar".
El pescador cuenta que los encuentros entre diversos sindicatos de la zona con la planta venían desde hace dos años, y el objetivo original era negociar la responsabilidad social de la planta con el sector. Pero esto se vio interrumpido el 5 de junio y el tenor de las conversaciones cambió radicalmente.
"Finalmente muchos de estos sindicatos demandaron a la planta. Hay un par que no lo hicimos, a pesar de que teníamos ganas de sumarnos. Pero es un proceso muy largo y si no llegábamos a un acuerdo ¿qué estaríamos haciendo?", se pregunta el sindicalista.
Por otra parte, siente que las entidades gubernamentales los "han abandonado", ya que alega que han recibido sólo una canasta familiar luego del desastre ecológico y ningún tipo de asesoría legal. "Nos está asesorando la federación de pescadores pero están más cargados para el lado de la planta", comenta.
Por este motivo, planean reunirse con el Superintendente para que les entregue algún tipo de asesoría . Paralelamente tendrán una reunión con la federación el próximo miércoles y a mediados de agosto se reunirán con representantes de la planta.
Los pescadores que demandaron
No todos estuvieron de acuerdo con recibir una compensación económica. Junto a la Intendencia del Maule, un grupo de agricultores, un sindicato de tripulantes y otros cuatro de pescadores decidieron presentar una querella criminal contra la empresa.
Luis Correa, presidente del sindicato Mar Brava, argumenta que la decisión de su grupo, compuesto por 58 personas, se basó en que, si bien no hubo peces muertos en el mar, se vieron profundamente afectados en términos de imagen.
De hecho, al principio se paralizaron las compras proveniente del norte de la séptima región, ya que en Santiago no se recibieron más productos cercanos al río Mataquito. De a poco el comercio se ha normalizado, pero con precios bajos y desconfianza de parte de los clientes.
"Antes, la caja de 30 kilos de merluza la vendíamos a 30 mil pesos. Ahora, no le sacamos más de 5 mil", se lamenta Luis Correa, presidente del sindicato Mar Brava.
La querella criminal
La querella fue presentada en el juzgado de Licantén en junio y, según el abogado Cristián Tapia, que representa a los demandantes, "lo que persigue es una sanción criminal a las personas que contaminaron a sabiendas el río".
El jurista explica que la investigación, que se centra en el derrame del 5 de junio, ha arrojado información que al menos permite establecer que las personas a cargo de la planta sabían que vertían líquidos que no se ajustaban a las normas y que por lo menos durante 30 horas "estaban al tanto de que se estaban contaminando, pero ellos seguían produciendo. Lo que correspondía era la paralización total. Si esta gente no se detuvo, entonces hay una acción dolosa, voluntaria", recalca.
Por otra parte, dice que había serias deficiencias de los tratamientos líquidos, ya que los aireadores que permitían su tratamiento no estaban operando. El motivo de por qué no estaban en funcionamiento se está investigando.
Según Tapia, una de las tesis es que estaban detenidos para tener un excedente de energía eléctrica. Si ello se llega a comprobar, se pedirían penas privativas de libertad contra altos ejecutivos de Celco.
Aunque estas hipótesis fueran desechadas, las acciones legales continuarían centrándose en el daño ambiental generado que podría acarrear multas a la empresa y la obligación de reparar el daño causado.
El abogado adelanta que durante este semestre debería haber novedades en términos de formalización de cargos contra los responsables. "Lo que está claro es de qué murieron los peces, lo que falta es ver las conductas de las personas para frenar la contaminación".
