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Ministra Valdovinos ordena determinar porcentajes destinados a la DINA y CNI

Magistrada ofició a la Bridec de la Policía de Investigaciones para que realice diligencias que permitan determinar con exactitud cuánto representaron los fondos asignados a ambos organismos represivos entre 1974 y 1989, del total de recursos que manejó el Ministerio del Interior. En la arista de la Concertación, la jueza citó a un ex administrador del PPD.


La ministra en visita Amanda Valdovinos dictó una nueva orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de determinar los porcentajes de los gastos reservados del régimen militar que fueron destinados a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).



El objetivo de la magistrada es determinar qué porcentaje de las partidas que se entregaron a la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior fue destinado a ambos organismos represivos y cuánto fue efectivamente utilizado por la mencionada repartición.



Con estos datos, la jueza podrá determinar si es necesario continuar realizando diligencias para contrastar la información que ha obtenido a través de los interrogatorios a los que ha sometido a altos ex personeros de la dictadura de Augusto Pinochet.



La ministra ha centrado sus pesquisas en el dinero que se le asignó a la CNI, tanto en moneda nacional como extranjera, ya que le llama la atención que en varias ocasiones el porcentaje total de gastos reservados del organismo superó el 50% del monto asignado a la mencionada repartición del Ministerio del Interior.



Sólo en el periodo 1978 a 1986 se entregaron casi $13 mil millones a la CNI. A esto se le debe agregar que anualmente se destinó US$ 3 millones 200 mil, los que se depositaban en una cuenta reservada a través de la Contraloría. El monto en moneda extranjera representaba el 100% del total de gastos reservados asignados a la Secretaría de Administración General.



En caso de los recursos entregados a la DINA, los efectivos policiales deberán convertir las cifras a pesos, debido a que en los primeros años el presupuesto fue elaborado en base a escudos.



Concertación



Los últimos interrogatorios de la magistrada han apuntado a la arista que investiga el desvío de gastos reservados a campañas electorales durante los gobiernos de la Concertación.



En estas diligencias han declarado el ex diputado y expulsado militante PPD Jorge Schaulsohn, el otrora timonel PS Gonzalo Martner y el ex ministro Edgardo Boeninger (DC).



También acudió al despacho Valdovinos fue Carlos Eugenio Beca, quien ejerció como jefe de gabinete de José Joaquín Brunner en la Secretaría General de Gobierno (Segegob).



El ex funcionario negó las acusaciones de Schaulsohn, quien lo mencionó como el encargado de entregar fondos desde gastos reservados al PPD.



Este último sostuvo ante la magistrada que en 1996, en su calidad de dirigente, se reunió con el entonces ministro del Interior, Carlos Figueroa, para pedirle apoyo económico para los candidatos a alcalde del PPD, reunión que habría sido presenciada por los demás presidentes de partidos de la Concertación.



Estos dichos originaron que el viernes pasado fuera citado el ex administrador del PPD Guillermo del Valle, quien actualmente se desempeña en la gerencia de planeamiento de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).



Privatizaciones



La semana pasada, la diputada socialista Denise Pascal acudió hasta el despacho de Valdovinos para entregarle un documento que, a juicio de la parlamentaria, le serviría como contexto a la investigación que instruye.



Se trata de la investigación de la Cámara de Diputados, donde se señala la forma en que las empresas del Estado fueron traspasadas al sector privado desde los años ’80 en adelante.



El informe da cuenta de cómo la privatización de las empresas estatales permitió que personeros asumieran el control de compañías que les correspondió cuando colaboraban con el régimen militar.



La legisladora se manifestó confiada en que la información podría servir a la magistrada como una herramienta para la indagatoria por el desvío de gastos reservados.



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