Ex jefe de la II División del Ejército fue imputado como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado, en el sumario por la remoción de osamentas de 26 ejecutados por la Caravana de la Muerte. Por asociación ilícita fueron encausados Armando Fernández Larios y Carlos Minolleti, a quienes se solicitará extraditar.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso y decretó la prisión preventiva del general (R) del Ejército Miguel Trincado en calidad de encubridor del "delito reiterado de homicidio calificado", en el marco que la investigación que sustancia la justicia local por el procedimiento llamado "retiro de televisores".
La operación en que vincula al ex jefe de la II División del Ejército consistió en la exhumación de los cuerpos de ejecutados por la Caravana de la Muerte en 1973 y su posterior lanzamiento al mar desde un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), cinco años más tarde.
El dictamen evacuado este jueves incluye además procesamientos por asociación ilícita y "delito reiterado de homicidio calificado" contra Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux.
Por este último, también están Max Langer Von Furstemberg, Carlos Minolleti Arriagada y Jerónimo Rojo Rojo por la muerte de disidentes en 1973 en Calama. Asimismo, aunque como encubridores, fueron imputados Luis Rojas Delzo, Luis Aracena Romo, Julio Salazar Lantery, Oscar Figueroa Márquez, Domingo Flores Figueroa, Miguel Trincado y el capellan de la época Luis Jorquera Molina.
El fallo señala califica estos crímenes como de lesa humanidad y ordenó una serie de diligencias a la jueza que lleva el caso, Rosa María Pinto, como la solicitud de extradición de Fernández Larios, Minolleti y Rojas Delzo.
Los hechos paso a paso
El dictamen reseña que el 19 de octubre de 1973, "un grupo de militares organizado jerárquicamente, provenientes de Santiago, se alojaron en el hotel Antofagasta y acudió antes del mediodía a la ciudad de Calama, específicamente al Regimiento de Infantería Reforzado Motorizado N° 15, que se encontraba a cargo del comandante de la Unidad Militar Eugenio Rivera Desgroux y como segundo comandante Oscar Figueroa Márquez, quien además cumplía las funciones de fiscal militar no letrado, con el objeto preciso de ajusticiar a un grupo indeterminado de personas que en ese momento político e histórico eran considerados como adversarios políticos".
Fueron hasta la cárcel local, se identificaron a Alejandro Rodríguez, Carlos Piñero, Carlos Escobedo, Fernando Ramírez, Hernán Moreno, Jerónimo Carpanchai, José Saavedra, Luis Gahona, Luis Hernández, Milton Muñoz, Roberto Rojas, Rolando Hoyos, Bernardino Cayo, Carlos Berger, David Miranda, Domingo Mamani, Haroldo Cabrera, Jorge Yueng, Luis Moreno, Manuel Hidalgo, Rafael Pineda, Rosario Aguid, Sergio Ramírez, Víctor Ortega, Daniel Garrido y Mario Argüelles. Constan todos los certificados de defunción en el proceso.
Posteriormente, este grupo de prisioneros fue trasladado a las afueras de la ciudad de Calama, a un sector denominado Topater, donde parte de la comitiva junto con oficiales militares y Carabineros y en presencia de algunos suboficiales por instrucciones precisas de la Caravana de la Muerte, "tomándose la debida cautela para asegurar sus fines, procedieron al fusilamiento de los detenidos políticos, obligando a algunos oficiales que estaban presente a disparar en contra de ellos, bajo amenaza de muerte, sin que existieran contemplaciones o dudas", continúa.
Posteriormente, señala la resolución, los cuerpos fueron enterrados, "para lo cual un comandante de la sección de ingenieros del regimiento se proporcionó el personal suficiente, entre los que incluyó un médico del Ejército y un capellán, quienes trasladaron los cuerpos a un sector apropiado donde fueron enterrados de forma tal que pasaran desapercibidos para evitar la evidencia en la forma como fueron ajusticiados".
"Aproximadamente entre uno a dos años después, para evitar el descubrimiento de la forma como se produjo este ajusticiamiento y especialmente porque agrupaciones de personas destinadas a defender los derechos humanos tenían indicios del lugar de entierro, se decidió por un sector del ejército, exhumar los cadáveres, utilizando un grupo de oficiales y suboficiales del regimiento y material apropiado, entre los cuales había una máquina retroexcavadora que les permitió sacar los cuerpos para trasladarlos a un sector no lejano pero más seguro en cuanto a impedir ser advertidos por cualquier persona. Días después, como consecuencia de una orden nacional, se dispuso el retiro de estos cuerpos para ser cargados en aviones tanto de la Fuerza Aérea de Chile como del Ejército, con el objeto de arrojar los cadáveres al mar y hacer desaparecer la evidencia que podría determinar las causas de la muerte distintas a las entregadas en forma oficial", agrega.
