Para este año están programados más de seis mil juicios orales. Cerca del 90% tendrá condena. ¿Está preparado el Estado para afrontar la cantidad de presos que produce el sistema? Un estudio de la Universidad de Chile revela las falencias de usar la prisión preventiva como solución al fenómeno de la criminalidad.
En los últimos meses los jueces han sido duramente criticados porque no han otorgado la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, en casos de supuesta connotación social. De esta manera, a través de parlamentarios como el senador Alberto Espina (RN), organismos como Paz Ciudadana, la idea de que la cárcel es el único camino para abordar la solución a la criminalidad se ha extendido e instalado en el subconsciente, tanto ciudadano como judicial.
Sin embargo, un estudio reciente preparado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile cuestiona esta realidad y a la vez critica los programas de reinserción y las fórmulas en que se llevan a cabo.
En este contexto es que la Defensoría Penal Pública inició ayer un seminario con el objeto de analizar y sensibilidad sobre la reinserción social para evitar la reincidencia y la necesidad del uso racional de la prisión preventiva.
Al respecto, el titular de la Defensoría, Eduardo Sepúlveda, prevé, si bien no un colapso en el sistema carcelario, problemas en el corto plazo, si es que las salidas alternativas que tiene la reforma procesal penal no se usan debidamente evitando usar la privación de libertad como el recurso a la mano. En entrevista con El Mostrador.cl, expone sus lineamientos.
– ¿Se está usando de buena manera la prisión preventiva o hay un abuso en desmedro de las salidas alternativas?
– Es importante señalar que la prisión preventiva está siendo usada por los fiscales para delitos que lo necesitan, como los robos con violencia, homicidios. En más del 80% de esos ilícitos, los jueces la decretan. Sin embargo, por ejemplo, durante 2006 tuvimos una estadísticas de más de 400 personas que estuvieron en prisión preventiva y respecto de ellas se dictó ya sea absolución, sobreseimiento e incluso decisiones de la Fiscalía de no perseverar en la acción.
– ¿Eso implica que el principio de presunción de inocencia no está extendido entre los jueces o incluso los fiscales?
– Lo está, pero hay casos en que se han adoptado medidas muy dudosas, pero hay que seguir insistiendo en que si bien el Estado tiene derecho a investigar, también el imputado el suyo y eso es la presunción de inocencia. En todo caso, situaciones como las anteriores ameritan estudios para saber cuáles son los estándares que se usan para decretar las prisiones preventivas.
– ¿Y qué hace una persona que debió estar presa y finalmente se comprueba que es inocente?
– Ante errores que se pudieren cometer con relación a la prisión preventiva debiera haber un adecuado sistema de compensación de carácter económico porque el costo que ha pagado, desde el punto de vista humano por una investigación que, por ejemplo, terminó en una declaración de inocencia es importante resarcirlo.
– ¿Y porque cree usted que se cometen esos errores? ¿Presiones mediáticas y de organismos como Paz Ciudadana?
– Lo que pasa es que siempre se trata fundamentalmente de delitos que tienen connotación social donde el Ministerio Público solicita la prisión constantemente. Por ello, es conveniente, desde ese punto de vista, que los tribunales tengan la más alta independencia para resolver. Así que hay que seguir trabajando para mantener el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de la personas.
Sobrepoblación penal
¿Están asociados el hacinamiento carcelario con la facilidad con que se dicta la prisión preventiva de un imputado?
– Actualmente tenemos alrededor de 43 mil personas privadas de libertad en régimen cerrado, donde un 30% está en prisión preventiva. Hay un plan del Gobierno donde se han venido creando 16 mil nuevas plazas que debieran terminar el 2010, por el momento existe todavía un sector bastante grande de sobrepoblación carcelaria. En todo caso, con la incorporación del penal Santiago I se redujo el hacinamiento en la Penitenciaría, por ejemplo.
– ¿Si el criterio judicial se vuelve más restrictivo, cree que pudiera haber más sobrepoblación que antes?
– Está previsto para este año la realización de más de seis mil juicios orales. En el 90 por ciento hay sentencias condenatorias. El sistema procesal penal está funcionando muy adecuadamente. Está produciendo muchos presos. Por eso, si no tenemos una política estatal global contra la criminalidad, es posible que el 2012 se deban construir nuevos penales, de lo contrario se podrían ver nuevos casos de sobrepoblación.
¿Eso implica que podría haber una debacle en el sistema penitenciario?
– Hay que preocuparse porque vamos a producir mas presos. Si esa es la política criminal, lo que sucederá es que si se suben las penas, si hay soluciones rápidas en los juicios, tendremos más presos. Y sí, se podrían producir situaciones conflictivas en los penales. Una manera de ejemplificarlo es: si hospitalizó a muchas personas con resfríos comunes, no tendrá camas para internar a los que tienen enfermedades graves. Lo que hay que pensar es cómo hacer un estudio con los datos ya existentes para saber quiénes son los que tienen que estar privados de libertad. Y eso tiene que ver con la reinserción social y la reincidencia. Los estudios han indicado que las personas que han estado en prisión tienen un alto grado de reincidencia.
¿Y cómo puede enfrentarse el gran problema que es la criminalidad versus la seguridad de los ciudadanos?
– Nosotros aspiramos cada día a tener menos clientes y, aunque parezca paradojal, no queremos tener reincidentes ni clientes frecuentes. Y hacia donde orientamos a nuestros defensores es conocer a las redes sociales que son posibles de usar o adecuar para enfrentar la lucha contra la criminalidad. Si vemos algunas de las causas que motivan el delito, muchas veces personas están marginalizadas, vulnerables, porque han sido atrapadas por el alcohol y las drogas o porque no han tenido un trabajo. Entonces, nuestros defensores deben decirle al tribunal más que dictar una pena, una sanción privativa de libertad es posible conseguir que esa persona esté en libertad vigilada para que reciba un tratamiento, un curso en el Sence, para abordar esos problemas o buscar fórmulas de regularización de estudios para que ese sujeto se reincorpore a la sociedad.
¿La reforma perdió ese carácter garantista?
– No. La reforma tiene diversas alternativas pero no han sido usadas en esta proyección sistémica de que todos los actores debemos tener presente que la lucha contra la criminalidad, no es sólo privar de libertad. Es cómo la sociedad asume esto como un problema y le da una oportunidad a aquel desvalido o a aquella persona que cometió el hecho que no tuvo oportunidad para resocializarlo.
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ADEMÁS:
Vea el estudio de la Universidad de Chile (En Word)
