Comisión mixta discutirá iniciativa rechazada por senadores, que buscan perfeccionar lo obrado por los diputados. Principales diferencias radican en estatuto que entrega facultades a la cámara baja para nombrar y remover a integrantes del Consejo de Transparencia. En tanto, un grupo de ONG instó a los legisladores introducir importantes modificaciones.
La naturaleza jurídica del Consejo para la Transparencia y, si éste debe o no, adscribirse a las normas comunes de la administración del Estado son los puntos pendientes que deberá zanjar la Comisión Mixta, encargada de resolver las diferencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto que regula el acceso a la información pública.
Así lo afirmaron los senadores Hosaín Sabag (DC) y Hernán Larraín (UDI), presidente e integrante de la instancia bicameral, quienes aseguraron que pese a que la instancia ha avanzado en varios puntos del proyecto "aún no entramos a votar las normas más conflictivas".
Sabag aseguró que "también hemos acogido los planteamientos de ‘Chile Transparente’, de la Contraloría General de la República, para generar los mayores acuerdos y sacar una ley que dé garantías de transparencia a todo el aparato público".
El parlamentario admitió que "en todo caso, hay un grado de competencia con la Contraloría que se pretende zanjar en el proyecto y que se refiere a la información. El órgano contralor tiene la facultad para verificar todas las inversiones, gastos y créditos de las inversiones públicas pero como esto se trata sólo de inversiones estatales ellos estiman que no debiera obstaculizar el Consejo de Transparencia".
Por su parte, Larraín, expresó que "si bien hemos ido avanzando en las normas principales tenemos que revisar el proyecto íntegramente porque la Cámara de Diputados modificó mucho el texto original y creo que hay buena voluntad para eso".
Estatuto de la discordia
Si bien la Cámara recogió los aspectos centrales del proyecto original presentado por los senadores Larraín y Jaime Gazmuri (PS), incluyó un nuevo estatuto denominado "Ley sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado", respecto del cual no existe pleno acuerdo.
Dicho estatuto faculta, entre otros aspectos, a la Cámara de Diputados para intervenir en la remoción de los integrantes del Consejo para la Transparencia, los cuales también nombra. Esta situación es considerada una novedad porque en general se entrega al Senado la potestad de acordar junto con el Ejecutivo el nombramiento de estos consejeros.
Respecto a la naturaleza jurídica del Consejo para la Transparencia, Larraín explicó que "tenemos que revisar algunas indicaciones nuevas porque estamos todavía en los artículos iniciales del proyecto".
Al respecto, el contralor, Ramiro Mendoza, afirmó que "el Consejo para la Transparencia debiera adscribirse a las reglas comunes de la administración tanto desde el punto de vista de la selección de su personal como de la contratación y de la forma pública y transparente de celebrar contratos y no dejar tales decisiones sólo a la discrecionalidad o arbitrio del Consejo".
Precisó que "nos parece un contrasentido que si es un Consejo para la Transparencia sus contratos no sean transparentes y eso es lo que estamos haciendo presente. Además, el hecho de adscribirlos al ámbito privado, de alguna manera los saca del contexto de la ley de Administración Financiera del Estado que es la forma como nosotros regulamos y fiscalizamos los gastos públicos pero entendemos que el gobierno ha tenido una gran disposición para abordar estos aspectos".
ONG formulan exigencias
En tanto, una decena de organizaciones, encabezadas por la Fundación Pro Acceso, formuló un llamado a los parlamentarios a aprovechar la oportunidad para introducir importantes modificaciones al proyecto, como precisar con claridad lo que se entiende como "información".
Según las ONG y centros de estudios y académicos, es necesario requerir que "todos los órganos de la administración del Estado cumplan con todas las obligaciones del acceso a la información, al igual que el Poder Legislativo y Judicial".
También pidieron garantizar que las leyes que permiten declarar la reserva de determinadas materas no tengan preeminencia sobre el derecho al acceso a la información pública y revisar las excepciones, que "deberían ser redactadas en forma mucho más precisa, a fin de evitar abusos".
Otra demanda es que se aumenten los plazos para presentar reclamos, que una solicitud no se frustre por el hecho de estar mal clasificada y que un tercero sólo pueda oponerse a la entrega de información entregando una causal específica, además de capacitar a los funcionarios públicos y exhortarlos a asistir a quienes desean formular una petición.
