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Transversal grupo de abogados asesora al senador PS Alejandro Navarro

Ramón Briones, Hernán Bosselin, Roberto Celedón y Jorge Schaulsohn han analizado el caso. Navarro dijo que su participación en la marcha de la CUT no viola las normativas constitucionales y que hay »material de la participación directa de destacados senadores y diputados tanto de la Concertación como de la Alianza» en actividades contrarias al artículo constitucional, aludido por Alberto Cardemil.


Un destacado grupo de abogados está asesorando al senador PS Alejandro Navarro frente a la anunciada acusación constitucional que presentaría el diputado independiente pro RN Alberto Cardemil, por su participación en la marcha convocada por la CUT el 29 de agosto.



Aunque Alberto Cardemil no ha concretado su anuncio, ya están lanzadas las líneas de lo que sería la defensa de Navarro en el Tribunal Constitucional.



Para ello, el senador se ha reunido esta semana con los abogados Ramón Briones, Hernán Bosselin, Roberto Celedón y el ex diputado Jorge Schaulsohn, con quienes analizó el caso.



El estudio se basó principalmente en revisar el artículo 60 de la Constitución, que ha sido citado por el diputado aliancista, que señala que cesará en el cargo el parlamentario que se involucre en negociaciones o conflictos laborales o que actúe o intervenga en actividades estudiantiles.



La misma sanción se aplica al legislador que "de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución".



Navarro señaló que vieron el artículo, el contexto en el cual este texto ha sido citado por el diputado Cardemil y han hecho una evaluación de las actas constitucionales respecto de cuándo se introducen estas restricciones.



"Del sólo estudio de las actas constitucionales se señala que la alteración del orden público o los llamamientos ya sean por escrito, son para la desestabilización del gobierno constitucional, no hay una referencia a la actividad pública de una manifestación», argumentó.



«En todo caso, claramente la conducta tanto de los trabajadores como la del senador Navarro, por el contrario, trataban justamente de mantener el orden público, en diálogo con la jefatura de las fuerzas especiales y, por lo tanto, no ha configuración del tipo que establece la Constitución en su artículo 60", explicó el senador PS.



Una caja de pandora



También observaron las actividades de los parlamentarios en el marco de este artículo constitucional.



Sobre la base de ello, concluyeron que varios legisladores habrían actuado de manera contraria a esta normativa.



Al respecto, Navarro afirmaó que "no habiendo prescripción para este tipo de actos, tenemos abundante material de la participación directa de un número no menor de destacados senadores y diputados tanto de la Concertación como de la Alianza, en tipos de acciones tanto de carácter laboral como estudiantil".



Si bien señaló que al no haber prescripción en esta materia "resulta evaluable cualquier acción", aseguró que "no está en nuestro ánimo y no creo que la opción sea repetir ese tipo de denuncias" contra otros congresistas.



Más que todo, la intención del senador por la Región del Bio-Bio es abrir un debate sobre el tema. "Nos interesa derogar la restricción, y creemos que efectivamente esto va a posibilitar un debate profundo sobre lo anacrónico de la norma, lo antidemocrático de la misma y las restricciones que por cierto al propio desarrollo de la actividad parlamentaria y los derechos como ciudadanos de los parlamentarios", dijo.



A su juicio, esta normativa "es inaplicable, porque en definitiva podría abrir una secuencia infinita de acusaciones que configuran plenamente el ejercicio de ese artículo".



Equipo continúa trabajando



Consultado si los abogados lo continuarán asesorando, el senador informó que "nos vamos a volver a reunir una vez que el tribunal haya recogido la presentación y se haya pronunciado sobre la admisibilidad, sin embargo estamos reuniendo todos los antecedentes necesarios en caso de que esta sea acogida, aunque está la estimación de que no hay fundamentos tan siquiera para declararla admisible".



Por ahora -explicó- "la decisión es esperar la presentación y desarrollar todas las acciones de defensa que sean pertinente".



A su parecer, con la presencia de Briones, Bosselin, Celedón y Schaulsohn "se ha constituido un team jurídico transversal, diverso", cuya asesoría "me tiene del todo tranquilo. Allí se ha reunido mucha experiencia y mucha calidad profesional".



Y según lo que él mismo reconoció, este grupo no sólo ha visto el tema de la anunciada acusación constitucional contra Navarro, sino que también se han dado el tiempo para abordar temas de contingencia política.


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