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Recurrirán ante el TC

Buscan zanjar contienda de competencia entre Contraloría y Poder Judicial

por 21 septiembre, 2007

Fundación reclama que dictámenes de la Tercera Sala de la Suprema ponen en riesgo el estado de derecho al estimar que ente fiscalizador no tiene atribuciones para pronunciarse respecto del fondo de ''ilegalidades cometidas por funcionarios de la administración pública''.
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Fundación Defendamos la Ciudad decidió presentar un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC), tras reunirse este jueves con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, y manifestarle su preocupación por cinco fallos que han emanado de la Tercera Sala del máximo tribunal en los cuales se han desconocido dictámenes de la Contraloría.



En ellos, se repara la legalidad de permisos otorgados por miembros de la administración pública y los temas cuestionados tratan principalmente de materias urbanísticos y medioambientales, en lo que la Corte Suprema se ha pronunciado a favor de los intervinientes que debaten resoluciones del ente fiscalizador.



Para esto último, se ha npresentado recursos de protección, que en su mayoría han sido acogidos, ya que los ministros argumentan que la Contraloría no debe pronunciarse respecto al fondo de estas acciones, según detalla el presidente del organismo, Patricio Herman.



La cita entre los representantes de Defendamos la Ciudad y el ministro Tapia fue para clarificar la postura que tiene la fundación respecto a la reiteración de este tipo de dictámenes por parte de la Tercera Sala, que a juicio del delegado "es una materia peligrosísima que pone en riesgo nuestro estado de derecho".



El abogado Tomás Fabres, quien representa a la institución, agregó que la interposición del recurso la harán coincidir con la vista de la causa sobre la construcción de la planta de gas propano en la comuna de Peñalolén, en la cual se ha invocado nuevamente la impertinencia del pronunciamiento de la Contraloría, que acogió una denuncia presentada por la ONG el 30 de mayo.



En ésta, se señala que el lugar escogido para su edificación es de preservación ecológica por lo que no estaría disponible para el emplazamiento de una industria peligrosa como la que se pretende construir.



Motivados por esta situación y para "que no vuelvan a ocurrir fallos de este tipo", harán la presentación ante el TC, para que esta entidad resuelva una interpretación respecto a las normas de legalidad que puede invocar la Contraloría, ya que según Fabres el Código Orgánico del ente fiscalizador ni la Constitución especifican que no sea su atribución dictaminar respecto del fondo de decisiones "ilegales de la administración pública".



Definición de forma y fondo



Como una "brutalidad" califican ambos la situación que viven en los tribunales superiores casos como el Club de Campo de Vitacura, en el que la Corema metropolitana y la intendencia modificaron los planos de regulación ambiental para favorecer una oportunidad inmobiliaria. Allí, una firma recibió la negativa de la Contraloría y ésta se dejó sin efecto, tras invocar el recurso de protección que deja en entredicho este tipo de fallos.



Por situaciones como esta requieren que el TC defina, además, a qué se refiere con que el ente de control no puede emitir resoluciones de fondo y solicitar a los magistrados que se explayen en los fallos respecto a lo que entienden por esto, para que de una vez se aclare cuál es la barrera de los fallos de la Contraloría o si ésta "tiene como función firmar papeles, ser una simple caja buzón -como quieren muchos- o que se mantenga con un órgano de control de la legalidad", enfatizó Herman.



Según Fabres, la preocupación se centra en que se abra una brecha riesgosa y en lo sucesivo se repita en casos análogos el mismo criterio de esta sala, sobre todo en el caso específico de la planta de gas propano de Peñalolén.



En este caso, "se vuelve a invocar el interés particular, la voracidad de los comerciantes de Chile -a lo cual estamos habituados- para decir que la Contraloría no tiene la facultad a revisar la legalidad de fondo de los actos de la administración del Estado", situación que a ojos del profesional no puede seguir ocurriendo.



"Estamos ante una evidente contienda de competencia entre un poder del Estado, llámese Poder Judicial, y el ente que fiscaliza los actos de la administración pública y municipal, llámese Contraloría, y esto no puede continuar", concluyó el presidente de Defendamos la Ciudad.

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