Las propuestas ante el Pleno de la Suprema de los 16 postulantes se centraron en el refuerzo de lo que calificaron la principal falencia de la entidad en base a la relación entre los fiscales y quienes sufren actos delictuales, además de la necesidad de mayor persecución criminal en la entidad.
Dos días quedan para conocer los nombres de quiénes integrarán la quina que elijan los ministros de la Corte Suprema para ocupar el cargo de fiscal nacional, luego de que concluyera este viernes la etapa en que los candidatos expusieron sus principales ideas respecto a las responsabilidades de asumir la cabeza del Ministerio Público, discursos que estuvieron marcados por la percepción del descuido que se ha hecho a las víctimas.
Los 16 postulantes tuvieron presentes esta arista en sus ponencias, señalando que muchas veces en los procesos del nuevo sistema se ha descuidado la reparación y ayuda sicológica de quienes son afectados por delitos, sobre todo aquellos que han sido dañados con agresiones sexuales.
Incluso el abogado Patricio Medina, al concluir su alocución, enfatizó que precisamente las víctimas son "el gran olvido" de la primera etapa de la Reforma Procesal Penal que concluye con el término del periodo presidido por Guillermo Piedrabuena y uno de los desafíos que deberá enfrentar quien lo suceda en el cargo.
La crítica toma fuerza porque el nuevo sistema entregó al Ministerio Público la responsabilidad de atender y proteger a los afectados de los delitos que como entidad autónoma deben perseguir.
Fiscales regionales que participan de este proceso, como Sonia Rojas, afirmaron que, a pesar de existir avances en este sentido es "un paso pendiente", la propensión a la reparación de las víctimas de los ilícitos menores y que de ser elegida para el cargo será una de sus principales preocupaciones.
Frente a este mismo tema, Christian Espejo, hizo hincapié en que en la actualidad existe un "divorcio entre víctimas y fiscales".
El fiscal regional de la zona sur, Alejandro Peña, señaló que de tener la posibilidad de ejercer el cargo de fiscal nacional tendrá en cuenta un objetivo estratégico destinado a estos actores del derecho en base a brindar una calidad de servicio de excelencia a víctimas y usuarios.
En esta nueva etapa, Juan Enrique Vargas dijo en su ponencia que había que "fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público para monitorear y evaluar la pertinencia de las decisiones que se adoptan en relación con las características de cada uno de los casos". Afirmó, además, que las estadísticas traían resultados que podían ocultar muchas decisiones individuales inadecuadas para casos específicos.
Efectividad en persecución penal
Otro de los temas que se instaló fue el de los métodos para buscar una persecución penal más efectiva, en el que para el fiscal regional de la zona occidente, Sabas Chahuán, las salidas alternativas a los procedimiento deben utilizarse racionalmente y el Ministerio Público debe procurar entregar la mayor cantidad de antecedentes probatorios para que los tribunales tomen la mejor decisión en cada caso.
En tanto, la candidata y abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Eugenia Manaud explicó que esta nueva etapa del Ministerio Público debe ser evaluativo porque está inserto en el sistema de políticas públicas, por lo que propuso evaluaciones de gestión externas realizadas por expertos.
El fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott, partió su discurso señalando las bondades de la experiencia al interior de la entidad. Para ello ejemplificó con las especialidades de cada uno de sus pares que participan del proceso. De esta forma el perseguidor delineó claramente que su voluntad es que quien salga electo fiscal nacional debe ser alguien que haya participado de la primera etapa de este proceso.
"Es el tiempo de recoger y expandir nuestra experiencia" señaló el jefe del ente perseguidor de la Quinta Región, que agregó que en la nueva gestión debe fortalecerse el Consejo de Fiscales Regionales, con una función más orientadora.
Autonomía mal entendida
Jorge Torres Zúñiga, abogado asesor del Servicio de Impuestos Internos (SII), criticó que la postura de que el Ministerio Público es una institución autónoma signifique que se aísle del resto de la comunidad, ya que a su juicio cada vez debe existir más coordinación con la policía para obtener mayor colaboración.
Un llamado de atención a la pérdida de confianza de las personas en el nuevo sistema procesal penal hizo el abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel Ricardo Israel, quien además dijo que se ha desarrollado un clima de aceptación de la violencia y de pérdida de respeto a la autoridad, transformándose, según sus propias palabras, en una "identidad" para algunos jóvenes y adultos.
Al respecto, el profesional señaló que este era el momento para marcar un antes y un después con un Ministerio Público muy activo, para que la opinión pública apoye su gestión.
"Hay que llegar a servir y no servirse el cargo"
Otro de los candidatos, Iván Pavlov, dijo que había que seguir el ejemplo de modelos internacionales y pidió más prolijidad en la información que entrega las fiscalías a los usuarios, finalizando su ponencia señalando que "Hay que llegar a servir y no servirse el cargo".
El fiscal de la zona oriente Xavier Armendáriz lanzó ante los ministros de la Corte Suprema la idea de crear el cargo de fiscal coordinador que tenga contacto con otras instituciones y que busque modelos estándares de trabajo para distintas realidades.
Finalmentem quien concluyó las exposiciones fue el fiscal regional de Atacama, Claudio Roe, quien con gran ímpetu señaló que no traía propuestas a largo plazo, ya que esperaba que al término de los ocho años de gestión lograr mejorar el organismo y que al término de la gestión quería entregar una entidad "más sensible", abierta a recibir críticas y a aprender de la experiencia.
Tanto Manuel Navarrete como Rodrigo Medina concordaron en que debían dejarse atrás las críticas entre poderes del Estado, autoridades y organismos respecto a la labor de investigación y de resolución, ya que estas situaciones debilitaban el nuevo sistema.
Terminado este trámite, los candidatos están a la espera a que el próximo lunes el Pleno del máximo tribunal se reúna a las 08:30 horas y decida quiénes serán los cinco candidatos que se le presentarán a la Presidenta Michelle Bachelet.
La mandataria tendrá 10 días de plazo para elegir una de las opciones y traspasar la decisión al Senado, que en el mismo plazo ratificará al postulante al cargo de fiscal nacional, proceso que terminará en menos de un mes.
