La funcionaria está en pleno proceso del diseño y creación de la cartera y la superintendencia sectorial. En diálogo con El Mostrador.cl, aclara los desafíos y ventajas para avanzar en este ámbito y plantea su visión sobre la importancia de participar en la Asamblea General de la ONU.
Una apretada agenda ha tenido este año Ana Lya Uriarte en su rol como ministra de Medio Ambiente, así como una la responsabilidad a cuestas de implementar y desarrollar el diseño de la cartera y una superintendencia del sector, que se proyecta para 2008.
Un sinfín de visitas a terreno y viajes definen el día a día de la secretaria de Estado: el viernes estuvo en la Región de Coquimbo para ver directamente los problemas en el río Cuncumén. El sábado entregó recomendaciones en la Plaza de Armass para evitar los efectos de los rayos ultravioleta y proteger la capa de ozono. Este domingo en la tarde viajará a Nueva York en la delegación oficial que acompaña a la Presidenta Michelle Bachelet a la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo eje central es el compromiso con los derechos humanos y el cambio climático.
A sus 45 años, la abogada de la Universidad de Chile se muestra optimista frente al desafío que implica la creación de un ministerio y considera que se han logrado grandes avances en materia medioambiental a pesar de la gran cantidad de casos emblemáticos que dan vueltas en el sentir nacional alrededor de desastres ecológicos, como el bullado caso Celco, la contaminación de petróleo en la bahía San Vicente de Talcahuano o la propia contaminación del río Cuncumén.
En conversación con El Mostrador.cl, Ana Lya Uriarte comenta los desafíos para implementar el nuevo ministerio y su visión sobre la realidad nacional en este ámbito.
– ¿En qué etapa se encuentran de la creación del organismo y de la superintendencia?
– Estamos cumpliendo los cronogramas establecidos, celebrando encuentros con los Consejos Consultivos Regionales, con la ciudadanía y con todos los actores que tengan algo que decir para así recoger distintas visiones de cómo debería ser la nueva institución ambiental. Entre noviembre y diciembre daremos cuerpo al proyecto de ley que crea ambas entidades. Durante enero y febrero se costeará y luego entraremos en la etapa de afinamiento final del texto, para llevarlo al Congreso Nacional. Paralelamente, encargamos un estudio al Departamento de Economía de la Universidad de Chile para hacer un análisis del gasto ambiental chileno en los últimos años, que está en marcha y estará listo en octubre.
"A nivel internacional, estuve en México en reuniones con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y con el ministro de Medioambiente conociendo la institucionalidad mexicana. Nos parece interesante México porque es el único miembro latinoamericano de la OCDE y como Chile también aspira a serlo, es una oportunidad de ver su experiencia".
"En octubre o noviembre planeo visitar España, Francia y probablemente Alemania para conocer sus experiencias de institucionalidades ambientales. Pero no estamos pensando trasladar modelos en forma absoluta, de lo que se trata es de conocer diversas experiencias con sus fortalezas y debilidades para no replicar errores que otros han sufrido".
– ¿Cuáles son los mayores desafíos que ve para la real implementación del ministerio?
– Lo más difícil es la creación de nueva cultura ambiental en el propio aparato público, una profundización de los niveles de funcionamiento coordinado, respondiendo a una sola autoridad ambiental que es el Ministro. Implica generar una nueva cultura de eficiencia y coordinar la institucionalidad. Pensemos que antes no ha existido un Ministerio de Medioambiente y cuando lo tengamos tendremos un responsable político de gestión ambiental y políticas ambientales y a diferencia de ahora se resolverá en un solo lugar.
Esto claramente necesitará un proceso de adaptación del aparato público. Es parte de un proceso que viviremos cuando se discuta el proyecto en el Congreso y tiene que ver con gradualidades en implementación del diseño que llevemos. Por eso estamos realizando un trabajo conjunto de informar mensualmente a la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados de los avances en la implementación. Y hemos propuesto a la respectiva comisión del Senado tener la misma instancia.
"Hay un camino que recorrer, pero hay un factor que es el más auspicioso y es que existe un alto consenso de la necesidad de contar con un ministerio y superintendencia medioambiental. Y la señal más importante es que para Chile el tema tiene una relevancia superior que en el pasado. Esto facilita todos los procesos".
– ¿Cuáles son sus expectativas de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas?
– Desde que Chile firmó la Convención de Cambio Climático y ratificó el Protocolo de Kyoto, ha tenido una participación activa en el tema del cambio climático. No hay que olvidar que se aprobó una estrategia de cambio climático en 2006 y construiremos a fin de año un plan de acción para enfrentarlo. Por eso planteamos ser un factor de contribución importante y creativo como país en vías de desarrollo, de cara al nuevo desafío como civilización donde tenemos la certeza de que el cambio climático es una realidad y los efectos se harán sentir por igual para todos.
– Frente a las innumerables críticas de sectores ecologistas y también de población que se ha visto afectada por proyectos mineros,¿cuál ha sido el problema?
– La visión que tengo es que cada día se hace necesario avanzar hacia una minería sustentable, con mayor inversión en protección medioambiental y compromiso de parte de las empresas. La minería moderna que impera en el mundo y con la que competimos está asumiendo esta necesidad y obligación ética.
– Pero más que un compromiso de las empresas, ¿no es el Estado el que debe plantear y exigir los ejes a seguir? Porque esas mismas firmas, por ejemplo, en sus propios países no tienen la misma libertad para obrar, sobre todo en materia medioambientalÂ…
– Aquí hay una obligación de las empresas en el orden de ir adoptando una gestión ambiental, responsable y prolija. Eventos como el del río Mataquito o la bahía de Talcahuano muestran que aún hay un camino que recorrer, por lo que estamos buscando fortalecernos para ponernos a tono con los tiempos. Por lo mismo, implementamos la ruta crítica de empresas fiscalizables, dependiendo de la actividad que desarrollan y de lo que la Conama ha definido. Estas empresas que han protagonizado impactos nocivos están sujetas a eso: hay un tipo de monitoreo particular que es más complejo que con otro tipo de actividades, porque estamos hablando de megaproyectos de sistemas integrados y que implican atención especial, por lo que ponemos especial atención en exigencias, monitoreos en línea, revisiones periódicas, auditorias, etcétera.
"Los servicios públicos están obligados a que se cumpla. Es parte de un proceso que busca fortalecer la fiscalización y que se verá coronado con la creación de la superintendencia. Además se creará un laboratorio ambiental de referencia nacional, que contará con todas la capacidades adecuadas".
