El ministro Urbano Marín respondió a las críticas que ha suscitado el colapso del sistema de audiencias en causas por violencia intrafamiliar en los tribunales específicos. El hecho se ha atribuido a los jueces, por no atender con la prontitud necesaria a las víctimas.
El vocero de la Corte Suprema, Urbano Marín, señaló que las responsabilidades frente al tema del colapso que sufren en la actualidad los tribunales de familia abarca a la sociedad en general, enfatizando en que "todos somos en alguna medida responsables que la justicia chilena sea eficiente y oportuna".
El ministro destacó que se ha trabajado en conjunto con los otros poderes del Estado para corregir los defectos de diseño, dotación y estructura que han tenido estos juzgados desde que se crearon y que el diagnóstico de "crisis" de estos tribunales era un tema compartido por la sociedad en general.
Consultado si se puede culpar a los tribunales de justicia en la situación a la postergación que se ha hecho en las causas de índole familiar, que muchas veces exceden los plazos que ha fijado la ley para atenderlas, Marín explicó que ellos no tenían iniciativa legal, por lo que no pueden proponer solución.
Sin embargo, aclaró que desde el tiempo en que estaba a la cabeza de la cartera de Justicia el ministro Luis Bates el Poder Judicial ha contribuido en dar un mejor diagnóstico de la situación y corregir los proyectos que existen al respecto.
"Por nuestra cuenta hemos hecho lo que está a nuestro alcance. Reforzamos la dotación de los tribunales de familia con más o menos 160 empleados financiados con nuestros recursos y que nos obligó a postergar otros gastos que teníamos que hacer", aclaró el portavoz del máximo tribunal.
Respecto de la contribución que ha hecho el Poder Judicial, Marín señaló que se han elaborado manuales de procedimiento para perfeccionar esta gestión, han trabajado con tramitaciones con soporte informático, se ha entrenado y capacita al personal que desempeña labores en esos lugares "haciendo todo lo posible" desde su punto de vista.
Explicó que el problema se centraba en una mayor dotación de jueces para este tipo de juzgados, lo que les permitiría dotarlos con una cantidad suficiente para así "trabajar de mejor forma".
Mayor gasto sectorial
Urbano Marín hizo hincapié de que el gasto en materias relacionadas con la justicia era una inversión "no sólo política y socialmente correcta" en la medida que contribuye al acceso a ella como una garantía constitucional que tienen todas las personas y que esta tenía que ser expedita y oportuna.
"Desde el punto de vista económico y la ubicación del país como nación confiable referente a las inversiones y el negocio también pasa por la calidad de su justicia (…) A nosotros -creo- como país nos interesa estar bien conceptuados por tener una justicia buena en familia, laboral, criminal y en todos los ámbitos que trabajamos", puntualizó el representante.
Los últimos acontecimientos de femicidio han abierto el debate en la crítica demora del actuar de estos tribunales de familia.
Este fue el caso de Katherine Casas, quien interpuso una denuncia por amenazas en contra de su marido la cual sería vista por el Primer Juzgado de Familia el próximo 12 de octubre.
Antes de que la mujer pudiera concretar esta diligencia, que según plazo legal debería haber sido vista en los 10 días sucesivos a la presentación, el sábado 22 de septiembre fue asesinada por su cónyuge en el hogar que compartían con sus dos hijos en la comuna de Maipú.
Frente a esta situación, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, indicó que se podía discutir frente al presupuesto de los tribunales o los cambios en los procedimientos, pero lo que no se podía hacer era que una autoridad diera excusas tras no atender a una mujer agredida.
Respecto a ello, Marín indicó que este era un problema de otra índole: "No se pueden agendar físicamente más causas que las que se está haciendo".
Reconoció que había que agregar esta situación, ya que no podía ser que causas que deberían resolverse en audiencia antes de 10 días se estén fijando para meses después, pero que por los mismo el Poder Judicial está ayudando a los demás poderes a corregirlo, para que "refuercen la rama que tiene este problema desde su inicio".
