El organismo regulador envió a todas las empresas una circular provisoria donde se establecen las nuevas normas que buscan evitar el blanqueo de capitales. La Asociación de AFP mira con preocupación la implementación de nuevas fórmulas, ya que algunas resultan impracticables por las particularidades que tiene el sector.
Los costos variables de administración que las AFP cobran a sus cotizantes podrían subir una vez que la Superintendencia del rubro (SAFP) formalice la entrada en vigencia la estricta normativa para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Y es que el organismo que vigila a esta industria envió a todas las empresas una circular provisoria donde aparecen los cambios que deberá realizar este mercado para adaptarse a medidas que buscan impedir que dineros cuyo origen provenga del narcotráfico, sean destinados para jubilaciones -a través del ahorro voluntario, por ejemplo- con el objetivo de legitimarlos.
Fuentes de la Asociación de AFP dijeron a El Mostrador.cl que se han realizado varias reuniones desde que el 6 de septiembre les llegó el documento para entregar un informe a la SAFP, donde expondrán sus opiniones y alcances de la norma que la autoridad debe poner en práctica.
La decisión para el sector previsional llega en momentos en que se discute la reforma al sector, uno de cuyos objetivos precisamente es reducir los costos de administración, que con esta disposición podrían elevarse.
De acuerdo a fuentes de la industria, el principal problema que enfrenta la industria está centrado en el conocimiento que se debe tener del cliente, conocido como Due Dilligence.
El dilema radica en que por las características del rubro resulta difícil mantener documentación actualizada de los clientes, como también de sus datos personales, a diferencia -por ejemplo- de un banco con un cuentacorrentista.
Y esto no es por la falta de tecnología, sino porque la mayoría de los cotizantes no ha renovado su información por varios años.
Además, se indicó, no existe claridad en cómo se normarán aspectos como los aportes voluntarios.
La fuente consultada explicó que estos acápites de la norma -que ya usan los bancos para reducir sus riesgos- implicarán para las AFP mayores gastos, ya que deben realizar modificaciones a la tecnología, generar nuevas fórmulas de obtención de información sobre los clientes. Y no sólo las de trabajo, sino todas aquellas que produzcan dinero.
New rules
La circular de la SAPF señala que las empresas pasan ahora a ser "sujetos obligados", es decir, deberán informar de las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y aplicar el due diligence o conocimiento del cliente, y de las actividades que estos desarrollan y sus características.
«Esto implica que las administradoras deben interiorizarse de los antecedentes o respaldos de las operaciones que realicen cuando no sean concordantes con el giro, profesión u oficio del afiliado y de sus antecedentes laborales y previsionales, o que aún siéndolo, parezcan desmedidas o inusuales, sea por su monto o su frecuencia», señala la circular.
Esta nueva norma se enmarca dentro de la serie de disposiciones que han implementado distintas instituciones, para cumplir con las recomendaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
También se contextualiza con la situación compleja que enfrentó Chile en 2006, cuando el Gafisud, sección sudamericana del GAFI, estuvo a punto de bajar al país del ranking sobre aplicación de medidas para el blanqueo de capitales.
Desde ese momento hasta hoy y mediante las gestiones de la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, la UAF dictó una circular que obligó a las casas de cambio a llevar un registro de todas las operaciones desde US$ 5 mil.
Posteriormente, le siguió la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que también decretó estrictas medidas para evitar este flagelo en el sector.
Serpenteo financiero
Para el caso de las AFP, la operación sospechosa deberá ser informada, cuando el monto sea superior o equivalente a 450 UF, poco más de $ 8,6 millones.
Además, tendrán que guardar registros de hasta cinco años, crear la figura del oficial de cumplimiento, «un comité de prevención, herramientas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales, la definición de políticas relacionadas con selección de personal y capacitación, la existencia de un código de conducta interno y de una función de auditoría independiente».
Todo lo anterior debe ser aprobado y conocido siempre por el directorio, con lo que se responsabiliza de cualquier anomalía a las más altas jerarquías de estas empresas.
La Superintendencia de AFP hace hincapié en que se debe conocer al cliente, herramienta de gestión que ayuda a disminuir los riesgos de lavado. En el mismo sentido, la entidad ordena a las firmas enfatizar el control frente a las personas políticamente expuestas de nivel internacional, conocidos en el lenguaje financiero como peps, hecho que deberá ser conocido por el directorio.
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