Asociación Regional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur aseguró que extensos turnos de perseguidores obliga a personal no calificado a diseñar minutas de formalización y tomar declaraciones en las indagatorias. La acusación fue rebatida por la entidad, que aduce diferencias de »interpretación».
La Asociación Regional de Funcionarios de la Fiscalía Sur decidió entregar una crítica visión sobre situaciones que están ocurriendo en un sistema que califican como «colapsado» a nivel interno y que ha provocado que la polifuncionalidad carezca de límites y sobrepase toda norma de regularidad, precisamente en la única fiscalía del país que posee estándares internacionales de calidad.
Denuncian que los extensos turnos a los que están expuestos los fiscales han obligado a que en muchas ocasiones, quienes se encarguen de realizar las minutas de formalización de los imputados sean auxiliares, personal del último escalafón del Ministerio Público.
Sin embargo, estas personas, según las funcionarias, no están calificadas para esta labor, porque para optar a este cargo sólo se solicita tener enseñanza media rendida y en ningún caso poseer el título de abogado.
La presidenta de la agrupación, Paulina Ruiz, indicó que «la sobrecarga de trabajo genera un ‘efecto dominó’. Es decir, como los fiscales se ven sobrepasados comienzan a traspasar tareas a los estamentos inferiores, abogado asistente, técnicos, administrativos y auxiliares».
Frente a las denuncias, el jefe de gestión de la Fiscalía Sur, Halmimton Vega, explicó que si esto se realiza es sólo en un nivel muy básico, donde ese documento no es el que finalmente llega a ser alegado por un perseguidor en una audiencia.
«Las minutas son ejecutadas por los fiscales, no hay minutas que lleguen a los tribunales sin ser vistas por abogados. El fiscal es responsable del alegato por lo que no va a presentar una minuta no hecho por un letrado, porque pueden sobrevenir variados problemas», indicó.
Las representantes señalan que la misma situación se registraría, según indica la secretaria de la asociación, Natalia Césped, en la toma de declaraciones de imputados e involucrados en investigaciones de la Fiscalía.
Fuentes al interior del Ministerio Público, señalaron a El Mostrador.cl que un oficio ordenado por el actual Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, establece que las únicas personas aptas para realizar estas labores son los perseguidores, por lo que la excepción podría llegar como mucho hasta los abogados asistentes, el escalafón siguiente.
Las funcionarias señalan que los trabajadores de las fiscalías, luego de estos casi dos años de implementada la reforma, tienen un amplio conocimiento de los procesos investigativos, pero que a pesar de ello se debe respetar la descripción de cargos y asignación de funciones de cada miembro de la institución.
Clima laboral
Aseguran que ya es tiempo de que el ente perseguidor se evalúe hacia adentro y cuestione porqué tanta gente está emigrando del Ministerio Público.
Para evitar la «desmotivación», que a su juicio existe al interior de la Fiscalía Sur, y el mal clima laboral, por las situaciones antes descritas, relataron que hace algunas semanas se dirigieron hasta la jefa de Recursos Humanos (RRHH), Silvia Arancibia, para entregarle el «Código de Buenas Prácticas» de la Presidenta Michelle Bachelet.
Esta iniciativa, según señalan, no tuvo buena recepción por parte del departamento, por lo que no se determinó ninguna medida para afrontar las relaciones internas, como lo había planteado la asociación.
Lo que más les llamó la atención es que días después visitaron al jefe nacional de RRHH quien acogió con buena disposición y luego señalarle algunos de los hechos en los que ha incurrido por la sobrecarga de trabajo, éste se manifestó sorprendido.
Agregan que muchas veces intentaron que el fiscal regional sur, Alejandro Peña, tomara conocimiento de estas situaciones, pero que sólo las recibió cuando se formaron como agrupación y, tras ello, no los ha vuelto a atender.
Según el jefe de gestión de la repartición estas actividades no pueden ser atendidas por el fiscal regional, ya que él esta dedicado a controlar las persecución criminal de cada una de las investigaciones que ingresan, por lo que el encargado directo de atender estas gestiones es el director ejecutivo regional, responsable de los asuntos administrativos.
Reestudio de dotación
Para Ruiz y Césped, el problema se basa en que el sistema está colapsado y de alguna forma hay que «abrirle los ojos» a la gente sobre una realidad que, si bien no es fácil de percibir, sí estaría ocurriendo en los procesos internos de investigación.
Dicen que desde que se implementó la reforma aún no se ha realizado un estudio por parte del Ministerio Público sobre el «rendimiento hombre», es decir, contabilizar el número de carpetas máximas que puede trabajar un fiscal o un asistente.
Explican que si bien hasta los estamentos más bajos en la Fiscalía Sur se ha procurado que los cargos sean ocupados por profesionales, no pueden seguir ocurriendo estas situaciones donde auxiliares o administrativos excedan sus labores y se ponga en manos de personas no aptas la responsabilidad de la persecusión criminal.
Señalan que con mayor razón una entidad certificada internacionalmente con estándares de calidad de servicio debería preocuparse de que la asignación de funciones se cumpla. «Ojalá existiera la preocupación de buscar también perfeccionamiento y calidad en recursos humanos», explicaron.
Distintas interpretaciones
Respecto a las críticas surgidas al interior de la entidad, Halmimton Vega, indica que lo que quizás existe es una mala interpretación de los roles que se han establecido.
Asegura que los fiscales están detrás de cada uno de los procesos investigativos y que por ningún motivo alguien calificado en un cargo auxiliar se hace cargo de las minutas de formalización jurídicas, ni de la toma de declaraciones.
«Tenemos profesionales contratados bajo el estamento administrativo, técnicos jurídicos y es cierto que había gente que tenía sólo cuarto medio en el año 2005, pero luego se fueron especializando en las ramas jurídicas», señaló.
Frente a esto, dice que técnicos jurídicos pueden tomar declaraciones, bajo pautas diseñadas por fiscales, pero que éstas serían sólo en un momento previo para dar efectividad y celeridad a las causas que se tramitan y a las víctimas de los delitos.
«El fiscal es irremplazable. Está a cargo de la toma de decisiones la investigación de las causas, los sitios de suceso y la instrucción a las policías», señala Vega, quien agrega que siempre lo que se busca es la eficiencia de los recursos.
A su parecer, el objetivo es agotar los tiempos de contacto con la víctima, una vez que ingresa la denuncia, para que en tiempos oportunos se establezca una primera declaración que les permita tener antecedentes adicionales para que el fiscal tome decisiones rápidas.
¿Irregular?
Consultado si estas denuncias no reflejaban al menos una situación «irregular», señaló que no las calificaría de esa manera, porque el fiscal siempre está detrás de las causas, supervigilándo las actividades, ya que es el responsable último de la indagatoria.
Expresó que no es la primera vez que escucha de estas aprensiones de los funcionarios, ya que «en la primera reunión que sostuvimos con ellos nos plantearon este tema y estamos trabajando en ello, para dejarlos tranquilos y transparentar que esto no es así».
«El modelo de gestión de la Fiscalía Sur no tiene jornadas extensas de turno. No tenemos a ningún fiscal que esté tres días ausente de las labores dentro de nuestra fiscalía. Él vuelve luego de las audiencias. (…) Las causas llegan y el fiscal siempre las está viendo día a día» aseguró Vega.
Agregó que existe al interior de la entidad un sistema de gestión certificado a nivel internacional con la norma ISO 9001, que la validad sobre la base de una calidad de servicio y una máxima eficiencia en resultados. Por ello, afirmó, sería disonante pensar que los procedimientos no se están llevando a cabo adecuadamente.
Esta misma instancia, según Vega, hace que existan manuales de control para asignación de funciones y que son conocidos por todos los funcionarios de la institución. «La tarea nuestra es -dado el sistema en el que no encontramos- puertas abiertas para tratar estros temas, en cualquier organización el recurso más importante es el humano, mal podríamos estar cerrando las puertas», dijo.
Consultado si señalaría tajantemente que la denuncia es falsa, dijo que «no hablaría de falsedad. Lo que diría es que existen inquietudes por parte de ellos, que estamos tratando de trabajarlas para que quede bastante claro en que situación se dan».
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