Parlamentario reaccionó luego de que la empresa se retractara de financiar el estudio liderado por la Universidad Católica de Temuco, argumentando que el escenario judicial cambió tras la demanda interpuesta por el CDE. Por su parte, Licancel aclara que sí apoyarán los estudios necesarios, pero cuando sepan cuál será el interlocutor válido.
Indignado se manifestó el diputado Roberto León (DC) por la decisión de la celulosa Celco de no financiar el estudio al río Mataquito que debía realizar la Universidad Católica de Temuco, tras adjudicarse la licitación promovida por la Corema del Maule.
«Esto demuestra la irresponsabilidad de la empresa y confirma la prepotencia con que ellos actúan, ya que cuando estuvieron expuestos a un estudio serio del río y no se decidió contratar los servicios de la Universidad de Concepción, decidieron retractarse", asegura el parlamentario, aludiendo a que hasta ahora ha sido dicha casa de estudios la encargada de hacer este tipo de evaluaciones para Licancel.
El investigación busca diagnosticar y evaluar los efectos ambientales generados por Licancel en junio pasado tras la descarga de riles no tratados, para así poder generar un Plan de Reparación y Compensación que incluya las medidas de restauración del área afectada.
La molestia de León se debe a que la celulosa se había comprometido formalmente a financiar la recuperación del río, a través de una carta enviada a la Corema del Maule el 8 de junio, donde dejaba a su disposición los recursos económicos y técnicos necesarios para ello.
Sin embargo, en una nueva misiva, enviada el 24 de septiembre, se retractó declarando que el escenario había cambiado, luego de la demanda interpuesta en su contra por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por 2.000 millones de pesos.
En vista de esto, la Universidad Católica de Temuco deberá esperar a que aparezcan los recursos necesarios para poder iniciar su investigación. Precisamente por ello, Mónica Rivera, directora de la Conama del Maule, estuvo en Santiago gestionando reuniones con el CDE para ver cómo se resolverá el tema.
"Lamento que se hayan retractado, pero nos esforzaremos en cumplir el rol del estudio, que de todas formas se va a hacer", asegura la ingeniero civil químico.
El costo del análisis es cercano a los $ 153 millones, pero hasta que no se dimensione el impacto ambiental real generado por la más pequeña de las celulosas de Celco, no se puede adelantar el monto que requerirá la recuperación de la zona.
En todo caso, la auditoría ambiental a la planta que se licitó en forma paralela al estudio, sí será financiada por la compañía, que desembolsará poco más de 45 millones de pesos.
Lo que cambia, eso si, es la empresa encargada , ya que según explicó Rivera, la consultora australiana GHD S.A. que habría ganado el concurso "no pudo acreditar la desvinculación con la empresa", uno de los requisitos clave para poder obtenerlo, por lo que el encargado será el consorcio conformado por Andalué Ambiental Ltda. y Proambiente S.A.
Celco aclara
En Celco rechazan su desvinculación con los compromisos acordados, aclarando que en ningún momento se han retractado de pagar los estudios que sean necesarios.
"No hemos variado nuestro compromiso respecto de lo que dijimos el primer día. Lo que sucede es que a partir de la notificación del CDE-hace dos semanas- estamos obligados judicialmente a responder a la demanda interpuesta por el Estado y entonces lo que hemos dicho es que los estudios y las medidas que se tengan que hacer las financiaremos con cualquier ente estatal que sea nuestro interlocutor válido, pero primero el CDE debe informarnos quién es", explica Andrés Morán, subgerente corporativo de Licancel.
El profesional señala que además del dinero que les exige la entidad, por el daño emergente y ambiental, les reclama la realización de estudios para ver las condiciones del río y acciones de reparación , acción que se superpondría a la solicitada por la Corema.
La reapertura de la planta
En un principio, Licancel anunciaba su reapertura para la primera quincena de agosto, acción que no se ha concretado debido a que aún no han demostrado cabalmente que esté en condiciones para operar adecuadamente.
Pero están optimistas, ya que aseguran haber cumplido y despejado las dudas con la Seremi de Salud, por lo que el jueves solicitaron a la autoridad sanitaria el levantamiento de la prohibición de funcionamiento.
En caso de ser aceptada, decisión que la entidad debería tomar la próxima semana, podrían echar a andar las máquinas, paso previo para el inicio de las tareas productivas.
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