Propuesta considera analizar en forma particular situación de cada uno de los ex integrantes de la FACH condenados por oponerse al golpe militar. Aunque los abogados de los otrora uniformados manifestaron su disposición a analizar la oferta, acusaron que la demora en resolver el tema ha sido »un verdadero portazo en la cara de parte de la democracia».
Una solución amistosa planteó el Estado de Chile a los ex integrantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir se anulen las condenas por sedición y traición a la Patria dictadas en su contra por oponerse al golpe militar de 1973, en el proceso conocido como "Bachelet y otros".
En la primera audiencia pública realizada en Washington, concurrieron por parte de los 12 oficiales y suboficiales de la FACH, el ex sargento Mario González junto a los abogados Boris Paredes y Ximena Reyes (Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos).
Por parte del Estado chileno, intervino el abogado Oscar Ossa, quien se encontraba acompañado de Juan Aníbal Barría y Virginia Barahona, abogada de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, y de Helmut Griott, asesor jurídico del Ministerio de Defensa.
Reyes reconoció que los demandantes estarían de "acuerdo con una solución amistosa, que debería incluir la baja honorable de la institución militar, borrar los antecedentes criminales que resultaron de la sentencia en el consejo de guerra y que exista una reparación económica".
Situación dolorosa
Durante la audiencia, que puede ser escuchada íntegramente en el sitio oficial de la CIDH, el abogado Ossa se negó a pronunciarse sobre el fondo de la causa y por eso les propuso oficialmente "una solución amistosa en plazos relativamente breves, en términos que nos podamos reunir en Santiago con los abogados de los peticionarios, los miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cancillería, que actúa de coordinadora", entre otros profesionales.
Señaló que la idea es ver cada caso en forma particular, como el del general Sergio Poblete, quien hoy es apátrida y a sus 86 años reside en Bélgica. "Creo que es un tema que hay que resolver, ya que en esa situación no están todos los oficiales y subofciales de la FACH, de manera que vamos a ir examinando cada uno de los casos, con espíritu de diálogo, de mucha comprensión respecto de lo que nos puedan formular, lo que el Estado no pueda ofrecer y, en particular, el gobierno, con las limitaciones que ello pueda significar".
Aseveró que se trata de "una situación muy dolorosa que ocurre en el pasado, un pasado que nos convoca permanente, que está en el presente de nuestra sociedad y como ha señalado en innumerables ocasiones la Presidenta Bachelet, cuyo padre conoció la tortura en centros de detención, en el cual fueron sus propios camaradas los que intervinieron. Es un tema doloroso para la sociedad chilena, es un tema doloroso en que este pasado nos lleva a plantearnos los temas de futuro".
Por eso, recordó que los gobiernos de la Concertación han hecho esfuerzos en materia de derechos humanos, "quizás no con la velocidad y la fuerza que uno hubiese querido, porque hay una serie de particularidades que ha enfrentado el proceso de transición chilena".
Valoró también "una evolución favorable y positiva" del Poder Judicial, que "ha ido integrando paulatinamente lo que son los tratados de derechos humanos".
Asimismo, hizo ver que "el Estado de Chile quiere que en su orden jurídico interno tenga una adecuación a lo que son los estándares internacionales de derechos humanos" y, en tal sentido, dijo que por eso Chile aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Beneficio para todos
Si bien la acción en contra del Estado de Chile fue interpuesta por 12 ex integrantes de la FACH, entre los que se cuenta al comandante (R) Ernesto Galaz y no incluye a la totalidad de los condenados, que son más de 70 personas, los beneficios que se otorguen serán para todos.
De hecho, muchos ex integrantes de esta rama no pudieron suscribir la petición ante el organismo internacional porque cuando ésta se interpuso, en marzo de 2005, no se encontraban en Chile, como es el caso del actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, o el ex capitán de la Fuerza Aérea Jorge Silva, quien vive en Inglaterra.
A ello se deben sumar los casos del general Alberto Bachelet, padre de la actual Presidenta, quien falleció mientras se encontraba detenido en la Cárcel Pública, y del coronel Carlos Ominami, padre del senador socialista del mismo nombre.
Homenaje a Bachelet y Poblete
En la audiencia, Mario González no sólo pidió que le devuelvan los derechos que le fueron conculcados, sino que además le rindió un sentido homenaje a los generales Bachelet y Poblete. Señaló que este último es apátrida ya que le quitaron la nacionalidad e 1977, por lo que pidió "justicia y reparación".
González recordó que "por defender el gobierno legítimamente constituido fuimos apresados, torturados y condenados en tiempos de guerra, por un tribunal de excepción, llamado consejo de guerra en contra de Bachelet y otros".
Ante el organismo internacional, dijo que "la dictadura militar actuó contra nosotros, acusándonos de traidores a la Patria, sólo por defender la Constitución y las leyes vigentes en el momento. Sentimos que se cometió un grave error al condenarnos por supuestos delitos cometidos en tiempos de paz y sancionados en tiempos de guerra".
Hizo ver que cumplieron pena de cárcel y después se le conmutó por extrañamiento. Cuando regresaron a principios de 1990, hicieron lo posible por "recuperar todos nuestros derechos y borrar los registros criminales que tenemos dentro de la justicia. Eso fue imposible y esto es lo que más nos duele y molesta, que en un gobierno democrático aún esto no se haya reparado".
El ex suboficial comentó que ello se mantiene pese a que recurrieron a la Corte Suprema, que "nos deniega el derecho a la justicia y aplica la cosa juzgada, donde ellos no tienen la tuición para revisar estos consejos de guerra. Aún cuando hay una reforma a la Constitución y es posible que estos hechos puedan ser revisados por la ilustrísima Corte". A su juicio, como militares esta condena "es como sancionarnos de por vida" y agregó que "queremos que nos devuelvan todos los derechos que fueron conculcados en el pasado".
Portazo de la democracia
En tanto, el abogado Boris Paredes explicó que recurrieron a la CIDH "porque sintieron un verdadero portazo en la cara de parte de la democracia, del Estado chileno, que no les permitió establecer judicialmente la verdad".
Los ex miembros de la FACH, señaló, "no han podido establecer la verdad, limpiar su nombre ya que siguen en la actualidad como unos delincuentes frente a la justicia chilena. Las víctimas no contaron con un recurso efectivo para proteger el derecho vulnerado a la honra, que es tan importante para ellos".
Acotó que los ex oficiales y suboficiales de la FACH, "en la actualidad, a la luz de los tribunales chilenos, son delincuentes".
Destacó que la justicia chilena puede "declarar inadmisible los recursos por cuestiones de forma, sin pronunciarse sobre fondo de los derechos" y aseguró que "la verdad histórica no sustituye la verdad judicial. Ellos quieren dejar de ser delincuentes, a la luz de la justicia chilena porque actuaron de acuerdo a la Constitución y sus principios".
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