En los próximos días, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Cornelio Villarroel, solicitará al magistrado un informe respecto a las declaraciones que este hizo a la prensa en EEUU y que motivaron el inicio de una indagatoria administrativa para establecer si incurrió en infracciones al Código Orgánico de Tribunales.
Los caminos del señor son insondables. Todo católico lo sabe. Pero en la Tierra, principalmente en el Palacio de Tribunales, los rumbos están definidos de antemano. Y el ministro Carlos Cerda los conoce bien. Por eso, ayer solicitó a distintos medios de comunicación la copia de las declaraciones que formuló en Estados Unidos, luego de procesar al clan Pinochet y sus colaboradores en el caso Riggs.
El magistrado sabe que para enfrentar la investigación disciplinaria que abrió en su contra la Corte de Apelaciones -por orden de la Suprema- deberá tener una buena batería de argumentos para responder el informe que le solicitará el presidente del tribunal de alzada, Cornelio Villarroel, a cargo de la indagatoria. Allí, tendrá que explicar el contexto y cada uno de los dichos que motivaron a sus superiores, ordenar el procedimiento administrativo.
La orden del máximo tribunal fue motivada por la presentación que hicieron parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron que Cerda, luego de procesar a los Pinochet, viajara a Estados Unidos a recibir un premio de la Fundación Gruber, que lo homenajeó por contribuir a la defensa de los derechos humanos y le entregó $ 88 millones.
Aunque Cerda fue autorizado por el presidente del alto tribunal, Enrique Tapia, el Pleno de ministros dejó para más adelante un pronunciamiento sobre las implicancias éticas del galardón, pero «de taquito» envió los antecedentes al la corte inferior para que investigara.
Distrito de Columbia
El viernes pasado, el vocero del máximo tribunal, Urbano Marín, explicó que «el Código Orgánico de Tribunales señala que los magistrados no pueden atacar a otros jueces ni tribunales de la República, entonces eso es lo que tiene que examinarse para ver si hay delitos disciplinarios», en alusión a las motivaciones que tuvo el máximo tribunal para decretar el procedimiento.
Al recibir la causa, Cornelio Villarroel -que según un auto acordado es el único que puede instruirla- señaló que las diligencias y el informe final estarán listos en menos de dos semanas.
Incomodidad
Los dichos que detonaron la polémica apuntan a la valoración que Cerda hizo del desempeño de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema en detrimento de otras que componen el máximo tribunal.
Esta sería la infracción vulnerada, ya que el Código Orgánico de Tribunales estipula que un juez en ejercicio no puede referirse a otros magistrados, ni a otros juzgados.
El jueves 11 de octubre en entrevista con el corresponsal en Washington de El Mercurio y consultado respecto al nivel de confianza en el Poder Judicial dijo que creía que sí se podía confiar en aspectos sustantivos y "la Sala Penal de la Corte Suprema ha puesto al derecho chileno al día. A las otras les falta mucho, me parece a mí".
También se encuentran estipuladas algunas declaraciones en las que se habría respondido adelantando criterios respecto a el Caso Riggs, causa que instruye y por la cual dictó 23 procesamientos el 4 de octubre pasado.
El ministro Villarroel, tras realizar las diligencias pertinentes, deberá elaborar un informe y determinar si existieron faltas por parte del juez Cerda o no. El documento se presentará al Pleno de la Corte de Santiago, que deberá votar las conclusiones.
Si se recomiendan sanciones, la Suprema zanjará la situación. Para esto, el Pleno del máximo tribunal tiene la facultad de confirmar lo que remita el tribunal de alzada capitalino, rebajar o aumentar los castigos.
Voto sí o no
Respecto a la presentación de recursos de amparos presentados por los procesados en el caso Riggs, la vista de éstos aún sigue en etapa de estudio.
Durante la tarde de este jueves, los jueces que integran la Quinta Sala, Juan Fuentes Belmar, Mauricio Silva y Dobra Lusic continuaron el análisis de la causa y, según trascendió, habrían comenzado a razonar respecto al fondo, sin votar y lograr un acuerdo.
Lo más probable es que el fallo respecto a los amparos presentados por 12 de los 23 encausados por malversación de caudales públicos se dé a conocer el próximo lunes y este viernes se resuelva las votaciones de la sala.
