Legislador falangista, que preside la comisión sectorial de la cámara alta, estaría dispuesto a avalar pacto Gobierno-Alianza que excluye el término del lucro en educación y acote las normas sobre no selección de alumnos. Sin embargo, condiciona su gesto a un compromiso unánime al interior de la Concertación o que, en su defecto, la Presidenta Bachelet haga un llamado explícito.
Disposición a ceder en los puntos más polémicos dentro de las negociaciones del Comité Político de Educación, admite el senador Mariano Ruiz Esquide (DC), quien reconoce en esta vía la fórmula para destrabar las negociaciones entre la Alianza y la Concertación
De esta forma, el fin del lucro y la no selección de alumnos ya no serían temas intransables para el senador DC, que revisaría la posición que respecto estos tópicos adoptó el último Congreso Ideológico de la tienda, acercándose a la postura del Gobierno.
En cuanto al lucro, se busca una fórmula intermedia para lograr acuerdo con la oposición, mientras que en la no selección estaría dispuesto a ceder frente a la propuesta de no aplicar criterios de selección a estudiantes hasta sexto básico.
No hay que olvidar que los aliancistas exigen un pacto global, por lo que si no hay acuerdo en ciertos temas, los más de dos meses de conversaciones podrían caer en «saco roto» y no lograrse el objetivo de contar con el respaldo de la Alianza en la Sala.
Para el presidente de la comisión de Educación de la cámara alta, esta disposición se da precisamente por esto. «Si hay que hacer sacrificios de nuestros puntos de vista, lo haremos siempre y cuando sea por el bien del país y la aprobación de la ley lo requiera», afirma.
En todo caso, enfatiza que la posición de su partido frente a estos temas está clara, pero están dispuestos a discutir sobre estos puntos e incluso «a ceder en algunos de ellos», siempre que -y lo destaca como condición sine quanon- se cuente con la aprobación por unanimidad de todos los partidos de la Concertación o «que la Presidenta de la República lo replantee como una solicitud del Gobierno formal para los efectos de poder avanzar y que todos los partidos lo respalden». «Estamos dispuestos a negociar esos puntos, manteniendo el espíritu central de lo que hemos dicho y aplicándolo de una manera modificada dentro del proyecto de ley, pero siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Yo no quiero que mañana apliquemos esto por el bien del país y uno de los partidos de la concertación diga que el único y verdaderamente leal con los principios de la educación pública soy yo. Por eso queremos cerrar el punto pero con acuerdo total», advierte.
Agrega que «lo importante es que haya una unidad de criterios muy sólida entre los que estamos en el frente directo de la discusión y la gente de Gobierno. Dicho de otra manera, que no se lleguen a acuerdos que nosotros no hemos respaldado. Eso también es claro porque ese es el mandato que tenemos desde la mesa directiva del partido a la luz de lo que aprobó en su congreso nacional».
Respalda preinforme Montt-Larroulet
Ruiz Esquide explica que para él y para el diputado Gabriel Silber, presidente de la comisión de Educación de la Cámara, el informe preparado por los secretarios técnicos del Comité, Pedro Montt -asesor del Mineduc- y Cristián Larroulet -director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo-, es un avance importante y cuenta con su entero respaldo.
«Se avanzó lo suficiente como para que todos entendamos que ha sido un paso muy importante hacia delante. Y esa es la posición que hemos sostenido Gabriel Silver y yo en la comisión especial, que fue muy bien reflejada en la reunión que tuvimos el lunes pasado en que estaba presente la ministra de Educación-Yasna Provoste y el ministro secretario general de la presidencia, José Antonio Viera Gallo, que lleva por parte de la Moneda la relación con los demás partidos», explica, aludiendo al reservado encuentro realizado en el Mineduc, donde además se encontraban los representantes de las cuatro colectividades concertacionistas en materia educacional.
Además, sostiene que el documento de Montt-Larroulet señala claramente que no hay acuerdo en lo que es la expresión lucro y cómo se debe entender y aplicar. Y que su colectividad «rechaza el lucro como esencia del negocio de la educación en Chile, pero entendemos que existe una ganancia legítima a la que tienen derecho los sostenedores, porque no pueden vivir de la nada».
Por ello, la postura de la DC frente al tema es que el financiamiento entregado a los sostenedores por la vía de subvenciones o aportes del Estado debe ser única y exclusivamente invertido en lo que es la acción educacional.
«Para eso, consideramos que la fórmula que se está proponiendo en el proyecto, que exige que sea giro único y una sociedad de carácter privado sin lucro, es la forma de aplicarla. Y que el sostenedor puede ganar dinero, pero con el resto de los ingresos y no con lo que le plasma el Gobierno. Y eso debe ser legítimamente ganado, tiene que funcionar bien su negocio, y es por eso que tenemos la obligación de controlarlo por la vía de la Superintendencia de Educación», explica el senador.
Sostiene que «durante muchos años la educación fue considerada como una gran misión y no como un negocio, en ese marco, aplicándolo con criterio, razonablemente, colocando normas que permitan ejercer el control pero que no se transformen en un agobio exagerado, haciendo que las cosas del Gobierno se apliquen razonablemente, pero también los que son sostenedores comprendan que más allá de lo que es la ley, la norma y el reglamento, la educación y la salud no tiene el mismo rango ético que vender tarjetas, levantar un banco o hacer una AFP».
La visión del PC
Durante la tarde del viernes, la ministra de Educación sostuvo varias reuniones en La Moneda relacionadas con el tema educacional, entre las que se contó su asistencia el Comité Político y también conversaciones acerca de los avances en las negociaciones con representes de la masonería, y el Partido Comunista (PC).
El presidente de dicha colectividad, Guillermo Teillier, sostuvo que «hay cuestiones de avance importantesÂ… hay una serie de elementos que al parecer mejoran la intervención del estado en el proceso educacional. Y también hay una serie de organismos que entrarían a controlar la calidad de la educación y a regular los usos de los fondos públicos».
Con respecto al lucro, señaló que «lo que viene es restringir el lucro, no así las utilidades, sobre todo de las escuelas privadas subvencionadas. Restringir el lucro a la función educacional propiamente tal, o sea que nadie pueda, por ejemplo, tener un colegio y tener otra empresa sino que todo tiene que estar relacionado con la educación. Esos fondos van a ser auditables, controlados regularmente, según lo que nos ha dicho el Mineduc. Sería muy importante que así fuera».
Además, dijo estar positivamente sorprendido porque se incluyó en el proyecto un tópico relacionado con la educación para los pueblos originarios, lo que no había sido tomado en cuenta anteriormente.
