Internos de recintos penales en Santiago podrán solicitar la reducción de sus penas sobre la base que estipula la ley 19.856, donde tienen que haber demostrado un comportamiento sobresaliente, lo que podría permitirles acceder a la libertad condicional. La instancia es presidida por la ministra Amanda Valdovinos, jueces orales y de garantía.
A contar de este lunes, a las 8:30 de la mañana, la comisión de libertades condicionales se reunirá para comenzar su labor anual, establecida en la ley 19.856.
La instancia que trabajará en los recintos penitenciarios de la jurisdicción de Santiago está a cargo de la ministra Amanda Valdovinos.
Además, está integrada por los jueces orales Enrique Durán, Carlos Iturra, Raquel Lermanda, Pablo Droppelmann, Danilo Báez y Héctor Plaza.
También asisten jueces de garantía, un abogado, dos peritos, un sicólogo y un asistente social nombrados por la secretaría regional del Ministerio de Justicia.
Ellos calificarán quiénes podrán optar al beneficio de reducción de condena y en qué situación se encuentra cada uno lo que implica, al mismo tiempo que podrían acceder a la libertad condicioanl.
Para ello, la comisión visitará todos los anexos carcelarios recogiendo las solicitudes y analizando los antecedentes al menos durante las próximas tres semanas.
Tras ello, presentarán un informe ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Labor social
Lo que más se destaca del funcionamiento y trabajo de este órgano calificador es la labor social que imprime respecto a personas que han sido condenadas y que bajo esta ley pueden optar a reinsertarse en la sociedad antes de que termine el periodo asignado a su castigo.
Para asegurar que el objetivo se cumpla, los estándares fijados son altos, donde el condenado debe demostrar una actitud positiva en la vida comunitaria que lleva al interior de la cárcel.
Los factores tomados en cuenta para esto son la asistencia periódica del interno a los cursos existentes en la unidad penal, superando de esta forma su nivel educacional con las clases de nivelación de enseñanza básica y media o de alfabetización.
La asistencia periódica a talleres y programas de capacitación laboral, donde logre aprender un oficio provechoso, también es considerada.
Aquellos que ya poseían un título, deben demostrar el ejercicio regular de esta práctica, ya sea con fines lucrativos como benéficos.
A esto se agrega una voluntad por la rehabilitación, donde debe existir su disposición para asistir a terapias para superar adicciones a las drogas o el alcohol, según sea el caso.
También se evalúa el espíritu participativo al interior de la cárcel, el comportamiento personal y la convivencia diaria con la población penal. El apoyo familiar también incide incluso para solicitar traslados de recinto.
Beneficios
Los internos que llevan poco tiempo con sus castigos ejecutoriados, pueden optar a que se les subyugue dos meses por cada año que se les sentenció.
Esta situación cambia cuando el condenado lleva más de la mitad de su pena cumplida. En tal caso, se les podría restar tres meses por año.
Este beneficio también podría llegar a que un preso opte a la libertad condicional, siempre que demuestre un comportamiento sobresaliente.
También pueden optar a este beneficio quienes cumplen libertad condicional y reclusión nocturna.
Los límites
A esta ley no se pueden amparar quienes hayan tratado de eludir la acción de la justicia, hayan delinquido durante el proceso, estén condenadas a presidio perpetuo simple o calificado o el que haya recibido este beneficio con anterioridad.
Fuentes judiciales indicaron que existen muchos factores que influyen en que una conducta sobresaliente en la cárcel, sea incluso considerado como un antecedente calificado, ya que el entorno o las condiciones estructurales del recinto son considerados.
Es decir, no es lo mismo el reo que, cumpliendo condena en la ex Penitenciaría, logra desempeñar labores internas destacadas que uno del Penal Cordillera que muestre una conducta similar.
