Figura penal elegida por el fiscal Centro Norte Andrés Montes contiene el homicidio. Por ello, se producirá una contienda de competencia, ya que la investigación que se ha conocido hasta ahora la sustancia el perseguidor militar Roberto Reveco. Hasta ahora se ha identificado también a cuatro ex lautaristas y se realizan intensas diligencias en el sur del país.
El fiscal del Ministerio Público Centro Norte Andrés Montes formalizará este viernes por la figura del robo calificado -que lleva inserta el homicidio- a Jorge Bravo Jerez, alias Danny de Vito, uno de los participantes en el asalto que terminó con la vida del cabinero Luis Moyano.
En esta causa, además están identificados -gracias al trabajo del OS-9 de Carabineros- cuatro ex miembros del movimiento Lautaro. Se trata de Juan Aliste Vega y Marcelo Andrés Villarroel, Carlos Gutiérrez Quiduleo, Freddy Ismael Fuentevilla.
Si bien hasta ahora toda la investigación -al menos la pública- la ha sustanciado el fiscal militar Roberto Reveco, los perseguidores penales han reunido pruebas y detalles del caso, con el fin de acreditar quien jaló el gatillo.
En ese sentido, la labor de la Fiscalía Centro Norte, en algún momento, chocará con lo obrado por Reveco, por lo que en las próximas semanas debiera trabarse una contienda de competencia.
El homicidio del policía uniformado es materia de la justicia militar, cuya tramitación es similar al antiguo sistema penal, mientras que el robo del banco Security pertenece al esquema de la reforma procesal.
El lunes el fiscal Reveco confirmó el vínculo subversivo de los detenidos, pero explicó que, al menos hasta ahora, no se han detectado fines políticos detrás de esta acción, sino que se trata de delincuencia común.
Los capturados hasta ahora son Bravo Jerez y un sujeto de iniciales C.M. quien, de acuerdo a versiones periodísticas, sería uno de los colaboradores de la banda, pues habría permitido que los autores del asalto permanecieran ocultos.
Al cierre de esta edición, Carabineros realizaba intensos operativos en Ercilla, Novena Región, apoyados por helicóptero y personal de la zona.
Lógica política
Uno de los hechos que ha provocado la reacción de la derecha, a través del senador RN Alberto Espina, es que Aliste y Villarroel fueron indultados luego de haber participado en hechos de connotación terrorista con fines políticos durante la década del ’90, tras el retorno de la democracia.
Mientras Aliste Vega fue condenado por el asesinato de un sargento de Carabineros en 1991, Villarroel Sepúlveda fue detenido en octubre de 1992 y condenando a 43 años por homicidio terrorista y colocación de bomba. Debido al beneficio procesal del indulto, ambos se encontraban en libertad provisional con prohibición de salir del país y firmar en el Patronato Nacional de Reos.
Espina dijo el lunes que la Concertación debiera asumir la responsabilidad política, porque los sujetos beneficiados se dedicaban a hechos delictuales.
Al respecto, ayer el ex Presidente Ricardo Lagos, sacó la voz y aseguró que en su gobierno no hubo indultos, refiriéndose a los beneficios de otros lautaristas como Patricio Alejandro Gallardo Trujillo, Álvaro Alejandro Jaime González Olivares, Carlos Hugo Plaza Villarroel y Carlos Alberto Silva Duncan. Todos habían cumplido más de diez años en la cárcel y mostraban buena conducta.
Tendencia regional
Estos hechos recientes son el reflejo de una realidad que desde principios de los 90 se ha venido produciendo con los militantes de movimientos que en su momento eligieron la vía armada contra la dictadura militar.
Basta recordar el caso del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, quien se encuentra detenido en Brasil, por el secuestro del empresario Washington Olivetto. Por este hecho cumple una larga condena en ese país en un penal de alta seguridad.
Hernández Norambuena participó en las acciones más relevantes de los 90 como la fuga de la Cárcel de la Alta Seguridad (CAS) en diciembre de 1996, el secuestro del empresario periodístico Cristián Edwards, entre otros.
