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Oficialismo se resigna y apoya reforma educativa en la medida de lo posible

Aunque instancias políticas del PS y la DC respaldaron mayoritariamente texto concordado entre el Ejecutivo y la oposición, en el oficialismo se admitió que hubo concesiones importantes en materias como el lucro y la selección. Sólo el PRSD mantiene actitud díscola, aunque el compromiso de reimpulsar estos temas en 2008 garantizaría sus votos.


Luego de varias semanas de complejas negociaciones, finalmente el Gobierno logró su objetivo: tres de los cuatro partidos oficialistas dieron el sí al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y la Alianza por Chile el domingo pasado, allanando el camino a la propuesta educacional que reemplazará la actual ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).



Así lo decidieron durante la noche del lunes la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS) luego de discutirlo en sus respectivos órganos de decisión política, sumándose así al respaldo entregado a primera hora por el Partido por la Democracia (PPD).



Los únicos que aún no han dado su visto bueno "oficial" son los radicales, pero durante la reunión el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), celebrada también el lunes, decidieron respaldar el protocolo -por unanimidad- pero con ajustes que indiquen ciertas precisiones que serían planteadas a la ministra de Educación, Yasna Provoste, el martes y dependiendo de su respuesta -que se prevé positiva- darían finalmente el espaldarazo a la propuesta.



Sin embargo, al interior del oficialismo el consenso fue unánime: el acuerdo no los satisface plenamente, pues quedaron al margen materias como el fin del lucro -aunque esto se verá reforzado con una mayor fiscalización de los recursos y el giro único para los establecimientos; un reforzamiento de la educación pública, a través de una reforma al sistema municipal; y los cambios en el mecanismo de financiamiento.



Quizás el único triunfo de la Concertación, aunque menor considerando las expectativas iniciales, es que la no selección en colegios subvencionados se fijó hasta sexto básico. Ello, porque el acuerdo con la Alianza considera un reordenamiento de los niveles: seis años de educación primaria, cuatro de secundaria y dos de «terminal».



El sí del PS



Por amplia mayoría, la Comisión Política del PS aprobó -26 votos a favor, 3 en contra y una abstención- suscribir el acuerdo, asumiendo, eso sí, que el conjunto de disposiciones que forman parte de la propuesta socialista no están incluidas.



El titular PS, Camilo Escalona, aclaró que "no obstante ello y a pesar de las limitaciones que tiene este acuerdo, la Comisión Política por amplia mayoría se ha pronunciado a favor de que el PS respalde, porque entiende que con ello está respaldando la propuesta de pacto social por la educación por una mejor calidad de la educación que ha propuesto la Presidenta Michelle Bachelet".



Aseguró que "vamos a seguir trabajando sobre todo por abrir una conversación que nos permita legislar, ojalá durante el transcurso del año 2008 si es que tenemos éxito, o cuando las condiciones políticas lo permitan, pero que se haga cargo del tema de la municipalización. Es un tema que necesariamente se debe conversar".



Admitió que aún no hay una propuesta definitiva, detallando que hay diversas alternativas, pero recalcando que esperan que efectivamente sea abordado y lamentando que "todavía frente a esta materia la derecha no haya tomado conciencia de que hay graves insuficienciasÂ… no pretendemos volver a centralizar en el Mineduc el total de la estructura educacional, pensamos que hay alternativas de descentralización que son perfectamente posibles de explorar y estudiar… pero no por ello nos vamos a sustraer de la responsabilidad que significa formar parte de acuerdos que nos parece que de todas maneras significan avances importantes".



Si bien consideró el acuerdo como un paso hacia la dirección correcta, no lo ve como "el final del proceso de reformas que el país debe vivir". Y admitió que es una muestra de lealtad hacia la Presidenta, pero enfatizó que al mismo tiempo coinciden con los contenidos del proyecto, poniendo como ejemplo la posibilidad cierta que abren estos cambios de fiscalizar que efectivamente los recursos que entrega el Estado a los estudiantes le llegue a ellos, a través de la ley de la UCE y de la subvención preferencial.



DC: Acuerdo es vinculante



En tanto, tras más de cuatro horas de discusión, en la que estuvo presente la ministra de Educación, Yasna Provoste, el Consejo Nacional de la DC, por 37 votos a favor y sólo uno en contra -del diputado colorín Jaime Mulet- aprobó el acuerdo.



Finalmente se impuso la idea de que lo determinado en el Congreso Doctrinario del partido, en el que se rechazó el lucro en educación, es sólo una carta de navegación para las próximas dos décadas. Por ello, lo que correspondería es aprobar las propuestas que constituyen avances hacia lo establecido en la cita ideológica de la DC.



A modo de ejemplo, Alvear recordó que en el congreso se aprobó la idea de una nueva Constitución. "Si llegáramos el día de mañana a un acuerdo de una reforma electoral para cambiar el sistema binominal, es obvio que tendríamos que apoyar ese acuerdo y nadie podría decir que estamos vulnerando los acuerdos del congreso porque lo que el congreso aprobó es una nueva Constitución", ejemplificó.



Agregó, al respecto, que si los avances van en la dirección de lo determinado por el congreso, la DC debe respaldar dichas propuestas, por lo que argumentó que «lo que hemos aprobado el día de hoy es un avance en materia de educación muy importante».



Uno de los mayores defensores e impulsores de la resolución del congreso doctrinario de rechazo al lucro en educación fue el senador Mariano Ruiz-Esquide, quien también entregó su férreo respaldo el acuerdo logrado por el gobierno con la oposición, teniendo presente que al menos representa un avance de lo que existe en la actualidad.



"Hemos considerado con mucha fuerza y con mucha claridad que no estamos violando ningún acuerdo del congreso y que esto va en la línea del congreso, que es un tema que se puede aplicar ahora en la medida de las posibilidades que tengamos y luego lo avanzaremos más adelante, cuando hayamos firmado un acuerdo protocolar entre la Concertación y el gobierno en ese punto (el lucro) y en la selección, que no nos satisface todo lo que hemos logrado", puntualizó.



Por otra parte, a juicio de Ruiz-Esquide, éste no es el momento de abordar el tema de la educación municipalizada, por lo que también sería un tema que será parte del protocolo que firmará el gobierno con la Concertación.



Sin embargo, le respondió a su par de RN, Andrés Allamand, quien de antemano dijo que la derecha no aprobará revertir el proceso de municipalización educacional. "Más parece una autoafirmación de sus dichos, y eso se llama en psiquiatría una suerte de acto fallido, y en castizo español se llama dime de lo que presumes y te diré lo que te falta".



En tanto la ministra Provoste, junto con manifestar su satisfacción por la decisión de la DC, señaló que "esto nos acerca al gran acuerdo nacional que se requiere en materia educativa".



El acuerdo tomado en el Consejo Nacional es vinculante para los parlamentarios, según especificó Alvear, lo que también fue respaldado por el consejero Hernán Bosselin, del sector colorín y cercano al senador Adolfo Zaldívar.



"Todos los acuerdos del congreso del PDC y los acuerdos del Consejo Nacional del PDC se cumplen. Obviamente que hay casos y situaciones particulares que no es el caso comentar", dijo, precisando que el acuerdo "es plenamente coincidente" con el congreso doctrinario.



El único que votó en contra fue el diputado Mulet, quien sólo explicó que rechazó la propuesta porque no comparte muchos aspectos, actitud a la que también se sumaron representantes de la Juventud de la Democracia Cristiana.



Las condiciones radicales



Los radicales son los únicos que aún no se pliegan 100% a la propuesta gubernamental, ya que siguen condicionando su apoyo a que se les garantice que el tema de la desmunicipalización será un hecho.



"Hemos planteado la necesidad de un protocolo en la Concertación a la cual se le han agregado puntos que el partido ha considerado indispensables como discutir la regionalización de la educación, establecer criterios claros y precisos de entrega de subvención especial a los colegios públicos. Y Las propuestas del PR han sido incorporadas al protocolo de la Concertación", detalló el líder radical, José Antonio Gómez.



Aclaró que existen algunas diferencias que deben ser resueltas, situación que quedó en manos del senador Guillermo Vásquez, que se encargaría de resolverlas directamente con la ministra Provoste, "para ver si podemos resolver esas diferencias y con ello el Partido Radical podría aprobar y apoyar la propuesta de la Presidenta, dejando muy en claro que nuestra postura seguirá siendo la defensa de la educación pública, que vamos a hacer una movilización nacional por la defensa de la educación pública", agregando que dichas propuestas adicionales "sean resueltas con prontitud".



El líder radical explicó que hay varios puntos del protocolo que no quedan claros con respecto a los cambios de fondo que ellos consideran que hay que hacer en materia de la estructura municipal, que quedan planteados como "posibilidades".



"Nosotros queremos que quede claramente establecido que hay un proyecto de ley presentado en un año más en el cual se transforma la educación pública. Queremos que quede claramente establecido también que vamos a establecer una subvención preferencial de la educación pública y esos son acuerdos que deben quedar establecidos en el protocolo, puesto que no hay acuerdo con la derecha en esa materia", añadió.



Coincidió con Escalona en su rechazo a la postura de la derecha, que no quiere entrar a discutir cambios profundos en materia de institucionalidad educacional, "por eso queremos que al menos en la concertación queden claramente establecidos los puntos que he señalado".



En suma, el escenario se dibuja de la siguiente forma: se firmará un acuerdo entre la Alianza, la Concertación y el Gobierno. Y paralelamente, el oficialismo firmará un protocolo propio, que recogerá los puntos que consideran no fueron incluidos en las conversaciones con la oposición.

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