Diputados dijeron que si las autoridades no previeron que en menos de ocho meses el penal concesionado de Santiago I ocuparía todas las plazas establecidas en el contrato, se debe anteponer la »dignidad de los detenidos» por sobre los criterios económicos, como eventuales sanciones establecidas en los contratos.
Aumenta la preocupación por la disposición de Gendarmería de enviar a imputados a la ex Penitenciaría, luego de que la concesionada Santiago I llenara la capacidad establecida en el contrato a sólo ocho meses de su puesta en funcionamiento. Diputados consultados por El Mostrador.cl coincidieron en que las autoridades responsables deben reconsiderar esta medida y pagar la multa establecida en los contratos, por no haber previsto el tema.
Los legisladores consideraron que el colapso del sistema carcelario no puede redundar en perjudicar las condiciones de reclusión de los internos, situación que atenta contra el espíritu con el cual se planteó la reforma procesal penal en el país y contra tratados internacionales.
El diputado Alfonso de Urresti (PS) señaló que "vamos a tener que estar atentos al resguardo y protección de los derechos de los internos, tal como se consagró con la entrada en vigencia de la reforma, para no mezclar la población penal y que efectivamente se haga una segregación que impida que personas condenadas se mezclen con primerizos».
Calificó esta situación como un «retroceso» e indicó que la primera responsabilidad frente a esto corresponde al director de Gendarmería, Alejandro Jiménez. Frente a esto, indicó que la entidad debe cambiar la visión y adaptarse «a la nueva justicia que estamos administrando".
Improvisación
Más categórico fue el diputado Felipe Salaberry (UDI), quien dijo haber enviado hace cerca de 60 días oficios al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, respecto en la que le advertía respecto al colapso del sistema carcelario y en especial de Santiago I.
"Acá ha habido improvisación por parte de la autoridad, una actitud de desidia muy irresponsable respecto a compromisos que el gobierno adquirió" indicó.
Agregó que por motivos electorales las autoridades gobernantes anunciaron la construcción de cárceles en el país y que la opinión pública sabe que hasta el momento hay sólo dos nuevos recintos disponibles. Frente a esto que esto es "la crónica de un fracaso anunciado como muchos de las obras de los gobiernos de la Concertación".
El parlamentario entiende que el argumento entregado por Gendarmería de que se adoptaron medidas transitorias para no sobre poblar Santiago I y así no exponerse a una multa es la "típica excusa de la Concertación, de los gobiernos de izquierda de que cuando hay privados involucrados, el Estado debe responder económicamente".
"Creo que la falta de previsión por parte del ministro de Justicia, Carlos Maldonado, tiene que reflejarse en asumir la multa establecida porque este es un problema de gestión de ellos y no de los privados, por lo tanto la autoridad tiene que asumir su responsabilidad", recalcó.
En tanto, el socialista Marcelo Díaz dijo que lo que hay que resguardar ante todo es que se esté cumpliendo en este momento con el principio de separación y respecto a las multas, señaló que "hay que resguardar lo sustantivo".
Señaló que ante cualquier posible castigo económico, primero se debe garantizar la situación de los reos primerizos y estimó que "sería lamentable" que la decisión de no seguir ingresando imputados a Santiago I se adopte por motivos económicos.
Aseguró que tiene que haber un cambio profundo en las condiciones carcelarias con las que cuenta Chile, sobre todo porque es uno de los países con mayor población penitenciaria de América Latina.
«Cuando tenemos hacinamiento o centros colapsados se ponen en duda la responsabilidad de rehabilitación o reinserción que tenemos", dijo.
Puerta giratoria
El parlamentario también compartió la postura de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), en cuanto a que esta situación ponía en jaque la tesis de la "puerta giratoria", considerando que "las cárceles están cada día más llenas".
Al respecto, De Uresti sostuvo que el problema no es que se llenen las cárceles con más detenidos, sino combatir la delincuencia con medidas serias y que contemplen rehabilitación y no "con hacinamiento para iniciar a los delincuentes en una cadena delictual aún mayor".
«Se ha elaborado una labor persecutoria de criminalizar y no hay que olvidar que detrás de un detenido hay una familia, hay madres, padres e hijos que quieren condiciones dignas para esa persona que comete un delito", dijo.
Sin embargo, Salaberry defendió la posición adoptada por la Alianza -el sector más crítico respecto a la mano blanda en materia de libertades- e indicó que los jueces "no deben excusarse en elementos que tiene la reforma procesal penal para no enviar a los imputados a la cárcel".
"La Asociación, al tomar una defensa corporativa como esta, debe agudizar bien a quien apunta y debe hacerlo al Poder Ejecutivo y estar dispuestos a criticar a la Presidenta de la Republica y al ministro de Justicia", puntualizó.
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