El material fue descubierto por Investigaciones. La fiscalía Occidente formalizó al chofer y al ayudante. La firma fabricante de cañerías ya estaba siendo investigada por el Ministerio Público por una situación similar. Se estima que el daño para las compañías asciende a, por lo menos, un millón de dólares.
La Policía de Investigaciones incautó este miércoles 20 toneladas de cobre conductor, que había sido robado a las empresas Transelec, Chilectra y CGE Transmisión y Distribución, dijo una fuente institucional.
El cargamento -que fue descubierto por una fiscalización- estaba dirigido a la empresa Conmetal que lo compró a otras firmas que reducen este mineral depurado.
Esta compañía, dedicada a la fabricación de cañerías e implementación de grandes proyectos industriales, ya está siendo investigada por la Fiscalía Occidente por el mismo delito en otro caso de similares características.
Esta indagatoria se enmarca dentro de una mega investigación por este mismo ilícito que involucra a varios exportadores a cargo del perseguidor penal Tufit Bufadel.
La diligencia permitió la detención del chofer del camión donde era trasladado el material, Ronald García y su ayudante Marcos Rodríguez, quienes fueron formalizados por la misma fiscalía.
Conexión nacional
Los cables pertenecían a la zona de la Sexta y Séptima regiones que dependen también del Sistema Interconectado Central (SIC), que concentra la transmisión eléctrica de gran parte del país. Por esta razón el decomiso implica reducir la oferta de cobre robado, como también evitar que empresas lo compren a bajo precio, y compitan en condiciones superiores en el mercado.
Fuentes allegadas a la investigación dijeron a este diario que el perjuicio provocado a las empresas alcanza, por lo menos a un millón de dólares.
Una de las características de este caso es que se habrían detectado, además, el uso de facturas falsas y todo un andamiaje para defraudar al fisco y esconder el origen del cobre.
Modificación
Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos cambió el criterio jurídico para perseguir a las empresas que compran cobre robado y utilizan un andamiaje tributario ilegal.
En un principio se les querellaba por receptación y comercio ilegal, pero ahora se realiza por fraude al fisco, lo que permite obtener penas más altas que pueden llegar a los 15 años.
La acción legal citada fue ingresada en octubre pasado ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, donde se imputaron cargos en contra de Patricio Grandón, dueño de la empresa EIRL, su contadora Johanna Nahuelpan y su asesor tributario, el egresado de derecho Maxi Salazar González por la evasión de 712 millones 171 mil 804 pesos, casi un millón y medio de dólares.
Esta querella es la punta del iceberg de una serie de acciones legales que el SII presentará en las próximas semanas y que puede implicar el descubrimiento de un perjuicio fiscal de más de $ 15 mil millones, convirtiéndose en uno de los mayores casos de delito tributario en la historia criminal chilena.
Las nuevas querelladas serán firmas proveedoras directas, indirectas y compradoras, dijo una fuente del organismo tributario.
En el libelo del organismo, al que tuvo acceso El Mostrador.cl en fuentes judiciales, se explica que están siendo investigadas aquellas empresas que cuentan con facturas emitidas por Grandón, como Procesadora de Metales Chile, Metales Montenegro, Sukni Metales, Bimetal, Ingemett, Comepal y Eximet.
El SII halló en la revisión de la contabilidad de ERIL una serie de irregularidades, pero sobre todo el uso de facturas falsas emitidas por empresas creadas para ello.
Por ejemplo, se señala que Grandón, "en el año tributario 2003, declaró haber obtenido ingresos del giro del año comercial 2002 por 21 millones 432 mil 450 pesos y durante el año comercial 2006 (año tributario 2007) por 3 mil 962 millones 582 mil 112 pesos y esto da cuenta de que en el transcurso de cuatro años tuvo un explosivo crecimiento de 18.488,7%", dice el documento.
Grandón es sindicado como "el corazón" del traspaso de cable robado. La importancia de la querella del SII en su contra, dijeron fuentes allegadas a la investigación, es que ahora tiene un involucramiento criminal en el caso, por el tipo penal que se usó el organismo.
¿Cómo lo hizo?
La querella del SII está firmada por su máxima autoridad, el director Ricardo Escobar, quien el próximo 22 de octubre expondrá en un congreso internacional de robo de cable en Latinoamérica, en el Centro de Eventos de Telefónica.
En la oportunidad, sin duda, no sólo los altos ejecutivos chilenos le consultarán, sino también sus pares extranjeros respecto a esta decisión.
Y ello es porque, una vez que comenzaron a ser formalizados los dueños de las empresas de compra y venta de cobre robado, ya sea a Chilectra y Telefónica, la sustracción del metal bajó en un 95%.
Hasta el cierre de esta edición, en Investigaciones se evaluaba una conferencia de prensa en el Cuartel Borgoño donde asistirían, entre otros el subdirector de la institución René Castellón, el subsecretario del Interior Felipe Harboe, junto con los ejecutivos de las empresas afectadas.
