Visita a penales fue fundamental para adoptar posición de impedir que imputados primerizos sean destinados a la ex Penitenciaría, aunque sea una medida transitoria. Magistrados preparan un conjunto de propuestas para afrontar esta crisis carcelaria, donde no se descarta acelerar la dictación de fallos y las revisiones de las medidas cautelares.
La comisión integrada por cuatro jueces de garantía que visitaron el penal Santiago I y la ex Penitenciaría preparan informe en el que propondrían rechazar la solicitud de Gendarmería para el traslado de imputados desde la cárcel concesionada al otro recinto, destinado al albergue de reos rematados.
El acta debe ser aprobado por los cerca de 100 magistrados de los 15 tribunales de garantía que operan en la Región Metropolitana, con el objetivo de buscar una postura de consenso respecto a un tema frente al cual el Poder Judicial ha manifestado gran preocupación.
El documento contendrá detalles de las visitas y las comparaciones entre las condiciones que presentan ambos recintos.
El juez Patricio Souza, que las ofició de vocero del grupo, señaló este jueves que entre ambos establecimientos hay grandes diferencias, fundamentalmente porque la cárcel licitada cumple con los estándares internacionales fijados para el encierro de personas, mientras que la ex Penitenciaría mantiene condiciones "deplorables".
Estas diferencias serían determinantes al momento de adoptar una postura a favor del resguardo de los derechos de las personas por sobre el argumento presupuestario entregado por Gendarmería.
Fuentes consultadas indicaron que, de aprobarse la moción que quitará el ‘permiso’ a Gendarmería para que disponga el traslado de internos desde Santiago I a la ex Penitenciaría, también propondrían medidas para afrontar esta crisis carcelaria y ayudar de alguna forma a paliar esta situación.
Acelerar procesos
Esto porque, según señalan fuentes judiciales, algunos magistrados pretenden además de restringir las medidas adoptadas por la entidad carcelaria plantear ideas como acelerar la dictación de sentencias y los periodos con que se revisan las medidas cautelares de prisión preventiva.
«Si el Estado no está capacitado para tener a las personas encarceladas con mínimos parámetros de dignidad, habrá que buscar otras vías para afrontar esta situación», indicó una fuente consultada.
Lo que concluyan los jueces tras una asamblea prevista para este viernes será entregado -junto al informe de la visita- al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Cornelio Villarroel.
Este último ha manifestado su intención de realizar la visita, ya que según dijo en la semana le parecía "gravísimo" que se estén trasladando imputados a la ex Penitenciaría, por las condiciones que observó en su última visita a este establecimiento El ministro someterá a consideración del Pleno antecedentes para que se analice la situación y, si es necesario, se adopten las medidas al respecto.
Gendarmes
La Asociación de Suboficiales de Gendarmería (Asogen) también emplazó al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, por el ‘olvido’ que además las autoridades han tenido con el sector. El aumento de la población carcelaria, según denuncian, no se condice con la dotación de efectivos a nivel nacional para controlar a imputados y reos condenados.
Agregan que el secretario de Estado ha anunciado el ingreso de 800 funcionarios de vigilancia y cerca de 2 mil 700 millones como presupuesto extraordinario para el organismo penitenciario. Sin embargo, afirman, esto es totalmente insuficiente.
"Nosotros estamos diciéndole desde mayo que estas medidas son totalmente insuficientes. Lo que nosotros necesitamos de forma urgente son 5 mil 700 funcionarios a lo largo de todo el país. Gendarmería es un sistema en crisis. Nosotros no hemos tenido la capacidad de prestar una buena atención a los imputados", indicó Juan Marechal, presidente de la asociación.
Se manifestaron preocupados además por las medidas de la llamada "agenda corta" que aumenta las penas de reincidentes. "El imputado reincidente en Chile es más de 80% lo que implica que de aquí a dos años más vamos a tener una población penal cercana a los 60 mil internos. ¿Con qué funcionarios pretende el ministro que nosotros los custodiemos?", cuestionó.
Respecto a la crisis carcelaria, indicaron que a pesar de que se adopten todo tipo de medidas hay que reformar el servicio que prestan gendarmes y profesionalizarlo, porque ellos son los que lidian día a día con la población penal y con las condiciones en que estos se encuentran.
