Centrales que siguen manteniendo la consigna de la huelga indefinida han aceptado sentarse en la mesa de negociaciones, mientras el Ejecutivo ya no pone como condición previa al lanzamiento de ese proceso el fin total de la protesta.
La huelga en el transporte público en Francia, que pese a su seguimiento minoritario siguió causando serios problemas a millones de usuarios por sexto día consecutivo y pesando en la economía, continuará el martes cuando se solapará con el paro de los funcionarios, en este caso por reclamaciones salariales.
Las asambleas de huelguistas en la compañía de ferrocarriles SNCF y en la del transporte metropolitano de París RATP decidieron -«masivamente», según fuentes sindicales- continuar otro día más con la protesta contra la reforma de los regímenes especiales de pensiones de las que se benefician sus trabajadores.
Las declaraciones de las direcciones de los sindicatos y del Gobierno sobre su mutua disposición a participar en negociaciones en las empresas, previstas a partir del miércoles, no tuvieron efecto para detener las nuevas convocatorias, aunque el porcentaje de huelguistas siguió menguando.
La SNCF los calculó en 26,2% de los trabajadores, frente al 32,2% el pasado viernes, y más del 60% el miércoles, primer día del paro indefinido; la RATP dio la cifra del 18%, comparada con el 23,3% el viernes y el 44% el miércoles.
Pese a todo, sólo circularon entre un tercio y la mitad de los trenes de un día normal (ninguno de los Elipsos que van desde París a Madrid o Barcelona o en sentido inverso), en París más de un tercio de las líneas estuvieron prácticamente paralizadas, así como varias líneas de ferrocarriles de cercanías en la región de la capital, donde funcionaban apenas el 35% de los autobuses.
La situación fue algo mejor que la del viernes, pero las previsiones de la RATP para mañana avanzaban que la situación volvería a estar «muy fuertemente perturbada» con, por ejemplo, únicamente 20-25% de los metros de media, lo que permite augurar otra vez decenas de kilómetros de atascos por los cientos de miles de personas que optarán por el vehículo particular.
El paro en transportes le está costando al país entre 300 y 400 millones de euros al día, según el Gobierno.
Adelantar negociaciones
Conscientes del descontento de la opinión pública, y de la exasperación de una parte de los usuarios del transporte público, cuatro sindicatos han pedido que se adelanten las negociaciones en la SNCF y la RATP que deben iniciarse el miércoles.
La Confederación General del Trabajo (CGT), verdadero motor de la protesta junto con los radicales de Sud Rail, se defendió de mantener la huelga y, por boca de su responsable en la SNCF, Didier Le Reste, recordó que «no somos nosotros los que hemos fijado la fecha» del miércoles para el comienzo de la negociación en las empresas, sino el Gobierno.
El consejero social del Elíseo, Raymond Soubie, consideró que «los elementos positivos se multiplican» para acabar con el paro, lo que a su juicio permite augurar un retorno a la normalidad en los transportes «para mediados de la semana».
De hecho, tanto los sindicatos convocantes como el Gobierno han hecho gestos de acercamiento: las centrales que siguen manteniendo la consigna de la huelga indefinida han aceptado sentarse en la mesa de negociaciones, mientras el Ejecutivo ya no pone como condición previa al lanzamiento de ese proceso el fin total de la protesta, sino una mejora del servicio a los usuarios.
Funcionarios
En todo caso, al caos de los transportes se vendrán a añadir mañana los bloqueos y protestas estudiantiles en las universidades y, sobre todo, la huelga -en este caso de una jornada- convocada por todos los sindicatos de los 5,2 millones de funcionarios.
Las centrales de funcionarios exigen mayores subidas salariales porque denuncian haber perdido un 6% de poder adquisitivo desde 2000, mientras el Ejecutivo asegura que han tenido aumentos del 3,5% anual (en términos absolutos) desde hace seis años.
Además, quieren protestar contra la supresión de 22.921 puestos de funcionarios en 2008, de los cuales la mitad en la Educación, primer paso en la aplicación del plan del presidente francés, Nicolas Sarkozy, de que se reemplace sólo a uno de cada dos funcionarios que se jubilen en los cinco años de la legislatura.
El secretario de Estado de la Función Pública, André Santini, aventuró que el paro de funcionarios «sin duda será ampliamente seguido», pero insistió en separar esa huelga de la del transporte.
Uno de los sectores donde la protesta de empleados públicos tendrá más eco es en la educación -un 65% de huelguistas, según avanzó el principal sindicato-, pero sus repercusiones se harán notar también en el correo o en el control aéreo.
Por si fuera poco, otra protesta de la distribución dejará los quioscos sin periódicos.
EFE
