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Procesan por apropiación indebida a los elite dealer de Hyundai

Decisión fue adoptada por el 18° Juzgado del Crimen de Santiago y confirmada por la Corte de Santiago, debido a irregularidaes contables en detrimento de la sociedad. Acción fue presentada por Carlos Urzúa, el socio de la firma que se vio afectado económicamente.


La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el viernes de la semana pasada los procesamiento como autores del delito apropiación indebida de dinero de 1,5 millones de dólares contra los elite dealers en Chile de la internacional Hyundai, José Miguel Recasens Figueroa y Jorge Enrique Morgan Figueroa.



De acuerdo al dictamen, "mediante diversos mecanismos (ambos) cometieron irregularidades en la administración y gestión de la sociedad", entre 2000 y 2005.



Los empresarios, premiados por la firma transnacional, falsearon datos contables para apropiarse de dineros que no les correspondían. Por ejemplo, "el pago de honorarios efectuado a sus familiaresÂ… bajo el concepto de ‘comisiones por venta de vehículos’, pero sin que dichas transacciones se hubieran llevado a cabo en los hechos", señala la resolución. En este caso, provocaron un daño patrimonial de más de 138 millones de pesos.



Por otra parte, en la venta de automóviles nuevos que recibían en parte de pago vehículos usados, la justicia también estableció que aunque dichas operaciones se registraban en la respectiva nota de venta emitida por el vendedor, finalmente no eran contabilizadas en las utilidades de Morgan y Recasens S.A.



Los procesados, además disminuyeron la cuenta de activos del "inventario de repuestos", sin que existiera la documentación fidedigna que lo justifique, acreditó la justicia. Al respecto, la jueza Ximena Sumonte, agregó por este concepto otros 29 millones de pesos.



Otro hecho acreditado fue que los dineros obtenidos por concepto de vehículos en parte de pagos tampoco eran ingresados a las arcas de la sociedad, sumando otros 195 millones de pesos.



También se abultaron cuentas, entre otras irregularidades, que a juicio de la magistrada hacen un total superior a los 700 millones de pesos.



La querella criminal fue presentada por Carlos Urzúa, uno de los socios de la firma.

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