Los legisladores Felipe Ward y Felipe Salaberry, señalaron que el titular de Justicia debe «explicarle al país cuál es la razón de este colapso a sólo ocho meses de la entrada en operaciones de este recinto penal».
Como «lamentable» calificaron los diputados de la UDI Felipe Ward y Felipe Salaberry el papel del ministro de Justicia, Carlos Maldonado, en las medidas para hacer frente al colapso del penal Santiago I.
Esto luego que el secretario de Estado -indicaron- optó por trasladar reos a otras cárceles, no utilizando el criterio de peligrosidad de los imputados, sino el de descongestionar el recinto penal, evitando así pagar las multas que establece la ley de concesiones carcelarias en caso que se sobrepase la capacidad de este recinto penitenciario.
Los parlamentarios señalaron que la responsabilidad de todo esto recae «absolutamente» en el secretario de Estado, ya que él -sostuvieron- es el responsable de velar por la seguridad de los chilenos y mantener a los reos en las distintas cárceles de acuerdo a su peligrosidad. Sin embargo, a raíz de la multa de 100 UTM ($3.340.000) diarias que el Gobierno debe pagar por el colapso de las cárceles, el titular de Justicia ha tomado medidas «fuera de todo razonamiento y seguridad».
En este sentido los diputados Ward y Salaberry manifestaron que el ministro de Justicia debe responder ante la ciudadanía por esta situación, dar una explicación racional de cómo se enfrentará esta materia, ya que aseguran que veló más por una cuestión económica que por consideraciones carcelarias.
«La situación amerita una explicación y una respuesta de parte del ministro de Justicia, que tendrá que explicarle al país cuál es la razón de este colapso a sólo ocho meses de la entrada en operaciones de este recinto penal», señalaron.
A ello agregaron que «nos parece que la falta de previsión es inaceptable y que existe responsabilidad política directa del ministro, ya que además se contempla en los contratos de concesión un sistema contractual de compensaciones de 100 UTM diarias por este colapso, lo que perjudica enormemente al Estado».
Inndicaron finalment que, también «se desconoce el origen de los dineros para pagar estas eventuales multas, recursos, que esperamos, no salgan de las arcas de Gendarmería, que, como todo el país conoce, ha servido de caja pagadora para fines completamente distintos, por lo que hoy no sería raro que se utilice su alicaído presupuesto para pagar un nuevo error del Gobierno".
