Entendimiento propone conformar equipo de trabajo encabezado por la ministra de Educación y los partidos de la Concertación, con el fin de desarrollar un Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública.
La Presidenta Michelle Bachelet, acompañada de la ministra de Educación, Yasna Provoste, firmaron este miércoles un acuerdo con los timoneles de los cuatro Partidos de la Concertación que busca fortalecer la calidad de la educación pública.
Con este acuerdo se complementa el Acuerdo Nacional por la Reforma de la Educación, suscrito por el Gobierno y Alianza el 13 de noviembre pasado en el Palacio de La Moneda que aunó criterios para mejorar la Ley General de Educación.
La firma del acuerdo contó además con la participación de los titulares de la DC, Soledad Alvear, del PS, Camilo Escalona, del PPD, Sergio Bitar, y del PRSD, José Antonio Gómez.
Además de la presencia de la subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera, de los ministros del Interior, Belisario Velasco, secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Rabindranath Quinteros.
La firma de este entendimiento propone conformar un equipo de trabajo encabezado por la ministra de Educación con los partidos de la Concertación, con el fin de desarrollar un Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública.
Tras la ceremonia de firma del acuerdo, Provoste enfatizó que este acuerdo pretende de una forma leal y responsable, fortalecer la educación pública de nuestro país.
«Con este acuerdo queremos fomentar un programa de identidad nacional en nuestros liceos de educación pública. Queremos llegar de manera más intensiva con tecnologías de acceso a la información y a la comunicación a todos los colegios y liceos. Llevamos más de 25 años con el actual sistema de municipalización y creemos que es un momento justo y oportuno de poder evaluarlo», dijo Bachelet.
Asimismo, señaló "que queremos asegurar la igualdad de oportunidades, movilidad y cohesión social y fortalecimiento de la ciudadanía democrática a través de una educación pública de excelencia. Por eso queremos fomentar un programa de identidad nacional en nuestros liceos de educación pública y queremos llegar de una manera más intensiva con tecnologías de acceso a la información y a la comunicación a todos los establecimientos educacionales del país".
Finalmente, reiteró que es un gran día para la educación, al suscribir este compromiso para iniciar un trabajo conjunto en pos de fortalecer nuestra educación pública. "Pero además, iniciaremos un programa de fortalecimiento de un nuevo trato con la Educación Superior y la universidades estatales, para llevar adelante un programa que fortalezca las humanidades, las artes y las ciencias sociales. De manera que 50 mil millones de pesos estarán destinados a las universidades estatales para fortalecer estas áreas", señaló la Ministra de Educación.
El acuerdo firmado enfatiza el permanente compromiso mostrado por la Concertación, en aras de lograr una educación pública de calidad y su preocupación por su proceso de administración educacional municipal. Asimismo, incorpora puntos elaborados en el Consejo Asesor Presidencial por la Educación, y plantea que ha llegado el momento de realizar una evaluación serena y profunda en materia de municipalización.
Además, el acuerdo enfatiza el deseo de garantizar una educación de calidad para todos, avalando de misma manera la libertad de enseñanza. Sin embargo, recalca que la educación pública posee más obligaciones y exigencias que la educación privada; por ejemplo en materia de gratuidad e inclusión. Por ello, propone privilegiar la educación pública y poner como meta futura e inmediata el que ésta alcance la excelencia.
Asimismo, propone avanzar en la creación de las bases de una nueva carrera profesional docente, integrando en su definición al Colegio de Profesores y avanzar en la mejora de la calidad y solidez de los actuales sistemas de medición de la calidad de los aprendizajes, buscando ampliar las dimensiones que actualmente se miden, hacia otras que permitan superar una mirada reduccionista de la calidad de la educación.
De esta manera, se plantea que el trabajo se debe traducir a más tardar en el plazo de un año, en uno o más proyectos de ley que queden presentados al Parlamento o programas que se inicien durante el 2008 y/o queden en marcha durante la administración de la Presidenta Bachelet.
Protocolo
• Redefinir la actual institucionalidad de dependencia municipal, abriéndose a nuevas alternativas de descentralización que den mejor respuesta a la necesidad de una Educación Pública de excelencia, humanista, laica, gratuita e integradora socialmente.
• Definir mecanismos de financiamiento que permitan abordar problemas de desequilibrios financieros de la educación pública y que aseguren una buena gestión, estable y orientada a la calidad.
• Iniciar a la brevedad un programa de reforzamiento y rescate de la identidad de la educación pública, orientado particularmente a los liceos de todo el país.
• Comenzar una experiencia de organización institucional de la educación pública, que permita, a pequeña escala, acumular la experiencia necesaria para acometer con realismo y evidencia empírica el desafío de transformar el conjunto de esta modalidad de administración educativa. Concretamente, se busca desarrollar una experiencia de Corporación Regional en alguna de las regiones extremas del país.
• Implementar las medidas administrativas y los ajustes institucionales necesarios que permitan al Ministerio de Educación, enfrentar los desafíos que significará la operación de la subvención preferencial, enfocándose en la inmediata atención a los niños de las familias más vulnerables; el aumento general de la subvención, y; el plan de apoyo para el mejoramiento de la gestión de la educación pública.
• Rediseñar institucionalmente el Ministerio de Educación para permitirle asumir adecuadamente, en el mediano plazo, el nuevo marco regulatorio y compatibilización con la nueva institucionalidad de la educación pública.
• Implementar medidas para asegurar que la modificación de los ciclos educativos propuesta en la reforma de la estructura curricular, no tenga efectos negativos sobre la educación pública.
