«Me parece claro que existe gente al interior del Gobierno que protege a estos particulares, retrasando fiscalizaciones, ocultando documentos y entregando explicaciones que no solucionan el problema de fondo», afirmó el diputado Fernando Meza.
El diputado Fernando Meza (PRSD) denunció que detrás del bloqueo ilegal a los accesos de diversas playas públicas de los lagos Huilipilún, Caburga y Villarrica, en la Novena Región, existe una "verdadera maquinación política" al interior de los organismos encargados de fiscalizar precisamente que las leyes se cumplan en materias relacionadas con el Patrimonio Nacional.
"Obviamente queda claro que el bloqueo de las playas tanto en la Región de la Araucanía, como en otras ciento de playas del país, que sufren el mismo problema, es resultado de una red de contactos políticos entre los funcionarios gubernamentales y los dueños de tierras, quienes coludidos entorpecen claramente el derecho de todos los chilenos de acceder a las playas chilenas", explicó el parlamentario.
Meza aclaró que la Constitución de la República garantizan que las playas, tanto en mares, ríos o lagos, son patrimonio de la Nación y por lo tanto son públicas y nadie tiene el derecho a bloquear sus accesos con zanjas o grandes cercos como lo están haciendo algunos dueños de parcelas, fundos o predios agrícolas.
El diputado dijo que el Ministerio de Bienes Nacionales ha declarado permanentemente que el acceso a las playas en Chile es absolutamente libre y que ellos están constantemente defendiendo esta situación. Sin embargo, aclaró que desde hace 30 años que vecinos del sector Santa Filomena han estado luchando por conseguir acceso libre a la ribera norte del Lago Villarrica, situación que hasta el día de hoy no tiene solución.
"La gente vive a escasos dos o tres kilómetros del lago, sin embargo les está prohibido acercarse a sus costas, por la acción de algunos hacendados del sector quienes han impedido el tránsito por el camino público que allí existe", señaló.
"Esta realidad se repite innumerable cantidad de veces en todo el territorio nacional. Por ese motivo, me parece claro que existe gente al interior del Gobierno que protege a estos particulares, retrasando fiscalizaciones, ocultando documentos y entregando explicaciones que no solucionan el problema de fondo e incluso, estas actitudes dejan en la completa indefensión a los parlamentarios que constantemente pedimos explicaciones por estos atropellos a la legalidad", agregó.
El legislador reconoció que conversó directamente con la presidenta de la República sobre este problema, quien se comprometió a analizar el tema junto a la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt para evitar que estas situaciones si sigan produciendo, "debemos entender que esto afecta no solo a los habitantes que viven cerca de estas playas, sino que también al turismo regional y a la posibilidad de incrementar recursos por esta vía que permitan el desarrollo económico de las mismas".
Meza señaló que la mejor manera de corregir este verdadero "cachetazo a la ciudadanía", parte con erradicar las influencias que los particulares tienen sobre los funcionarios y autoridades políticas a nivel comunal o regional y que "el poderosos señor dinero, sea reemplazado por la justicia y la dignidad de las personas".
Finalmente, el diputado oficialista señaló que continuará reuniéndose con las autoridades que sea necesario para enfrentar este problema, al mismo tiempo hizo un llamado a los grandes hacendados de las regiones del país a deponer esta actitud en beneficio de todos los habitantes de este país, "que tienen los mismos derechos que los privados, a disfrutar de las bondades naturales que nuestro país tiene".
