Le llueve sobre mojado al Ministerio de Justicia. Hace algunas semanas se alejó la titular del organismo encargado de defender a las personas de escasos recursos, Paula Correa, y el miércoles lo hizo Francisco Herane, el subrogante. Incertidumbre sobre los recursos y la futura defensoría para la reforma laboral, gatillan la decisión.
Un nuevo frente de crisis se le abrió al ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Al colapso del penal concesionado de Santiago I, las malas condiciones en la ex Penitenciaría, las críticas de los jueces de garantía y ministros de la Corte de Apelaciones, ahora se suma la segunda renuncia, en menos de dos meses, del director de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). La primera en hacerlo fue Paula Correa y ahora lo hizo Francisco Herane, quien ocupaba la jefatura de manera subrogante.
Aunque formalmente Herane abandonó el puesto para seguir otros rumbos laborales, al interior de la CAJ se vive una crisis mayor, según confirma la presidenta de los funcionarios de la entidad, Claudia Fachinetti.
Falencias en la implementación de la reforma laboral, que debiera partir en marzo de 2008, falta de recursos para contratar a los 144 abogados para atender los casos, atraso en el nombramiento de jueces, generaron el caldo de cultivo para que Herane también decidiera marcharse.
Y como muestra de cómo están las cosas en la CAJ ahora asumirá el cargo Ana María Braghetto, una funcionaria de carrera de la entidad que subrogaba a Herane. "Esto es como si la directora que se fue renunciara de nuevo, porque Francisco Herane era su hombre de confianza y mano derecha", explica Fachinetti.
Según la dirigenta, Maldonado se comprometió a fines de octubre a que la futura Defensoría Laboral sería asumida por la CAJ, «pero hasta ahora no hemos recibido ninguna luz de que ello sea cierto y se produzca».
«Hay una negligencia absoluta con el tema, en una situación es importantísima para el país y no hay respuestas y no sabemos qué va a pasar, así que estamos en una situación de absoluta incertidumbre», enfatizó.
A juicio de los funcionarios, el nuevo director debiera ser nombrado previo concurso público y no designado por la cartera.
"Este hecho que es de mínima transparencia. Se lo hemos hecho saber al seremi de Justicia, Patricio Reyes, y esperamos que no vuelvan las viejas prácticas", insistió.
Este medio intentó obtener una versión de parte de Herane sobre su renuncia, pero pese a que su jefa de gabinete se comprometió a ello, no devolvió los llamados. En la cartera, en tanto, se explicó que no habría una versión oficial.
Derivadas
Pero los problemas de la Corporación no terminan ahí. Existe una carpeta con más de 250 egresados de la carrera de Derecho, en algunos casos que han hecho la memoria y el examen de grado, que no pueden titularse, debido a que no hay cupos para la práctica profesional.
Una antigua ley de 1985 impide cambiar, mejorar o flexibilizar que este trámite se haga en otras instituciones afines, como la Defensoría Penal, el Ministerio Público o incluso el Poder Judicial.
Esto es sólo un punto más en la larga lista de demandas de los funcionarios, pero también suman para la puesta en marcha de la reforma laboral.
