Un año lleva la ex ministra Sonia Tschorne a la cabeza de esta iniciativa, ingresada en septiembre al Congres, que busca cambiar el »paradigma» tradicional de la fiscalización, actualmente centrado en el cumplimineto »físico» de los proyectos concesionados. Entidad supervisará tanto a los privados como al Ministerio de Obras Públicas.
Una alternativa pionera en el mundo propone el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con la creación de la Superintendencia del área, que no sólo fiscalizará a los concesionarios privados sino a la propia cartera.
El eje central del proyecto, que fue ingresado al Parlamento en septiembre pasado, será la fiscalización de la calidad del servicio que prestan tanto las obras concesionadas como las gestionadas directamente por el MOP, dando un giro en 180° al actual "paradigma", centrado en el cumplimiento de la obra física.
«Esto es algo mucho más elevado que la sola administración de un contrato, es algo similar al AUGE, en el sentido de que por una parte tenemos que velar por la calidad del servicio que entrega la obra pública que está comprometida en el contrato, y por otra parte tenemos que ver y regular que se mantenga dicha calidad", asegura Sonia Tschorne, jefa de la Unidad de Coordinación de Fiscalización de Obras Públicas y a la cabeza de la iniciativa.
La ex ministra de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales asegura que el Gobierno debe comprometerse y garantizar cierto nivel de servicio en las obras estratégicas para el desarrollo social y económico del país, como aeropuertos, hospitales, cárceles o autopistas neurálgicas.
"Tiene que haber alguien que garantice que la calidad del servicio que se está prestando es la que está comprometida en el contrato y que al mismo tiempo es la que los ciudadanos de acuerdo al nivel de desarrollo país que tenemos, espera, aspira y percibe", señala.
Por ello, pone el acento no sólo en la supervisión de los privados, pues reconoce que también en obras a cargo del MOP se presentan falencias.
«Si vas a Argentina por el paso los Libertadores te encuentras con un tramo Santiago- Los Andes espectacular y pasado Los Andes, siendo la misma ruta, está administrada por el MOP. Este es un eje estructurante del país, porque es uno de los principales conectores, que tiene uno de los máximos tráficos de conectividad con Argentina y Brasil y resulta que está en un peor nivel de servicio, tiene un nivel de estándar mucho más bajo", explica la arquitecta.
En todo caso, la tarea es maratónica. Implica la creación de parámetros de medición de calidad, creación de estadísticas, metodología de control, manuales, y un largo etcétera. Bien lo sabe Tschorne y su equipo, que han debido transformar información "suelta" en datos estadísticos y crear desde cero una metodología y soportes apropiados.
Pero al menos hay tiempo, ya que la implementación de esta iniciativa podría ver la luz sólo en unos seis años más.
Reparación de daños
El ente fiscalizador entra en acción en la etapa de explotación de una obra pública, no en la de diseño, y entre sus tareas se cuenta velar tanto por los derechos cómo por los deberes los usuarios.
La idea es, por una parte, garantizar a los concesionarios que habrá ciertas normas y elementos de buen uso de las obras que serán resguardados. Al mismo tiempo, respaldar a los usuarios, actuando como intermediario, para evitar burocráticos procesos y gastos innecesarios, que a la larga solo inhiben los reclamos o las acciones para obtener indemnizaciones.
En principio, se habla de una "reparación de daños menores" -que incluye daños por problemas estructurales de la obra, como baches o falta de servicios explicitados-, pero se contempla también una alternativa para casos más graves, como el que afectó a Gladys Valck en 2002, que tras recibir un piedrazo sufrió daños neurológicos irreparables y mantuvo por años una lucha en tribunales para poder ser indemnizada. La idea es evitar el trámite judicial y que la entidad actúe como mediadora entre los afectados y las concesionarias.
A pesar de su importancia, este ítem fue rechazado por el Ministerio de Hacienda, pero se espera que pueda ser reincorporado.
Puntos "complicados"
Uno de los puntos más polémicos y que seguramente serán ampliamente discutidos en el Congreso es el que asigna a la Superintendencia un rol en la regulación económica de las obras. Esto significa que emitirá una opinión técnica que sirva de antecedente para que el MOP tome ciertas decisiones en materia de modificaciones de contratos de concesiones.
«El objetivo es que si el día de mañana hay que hacer una ampliación o modificación de contrato, los recursos que se comprometan no generen que la rentabilidad del privado sea mayor que la que se tuvo en vista en el momento de otorgar», explica el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Eduardo Saldivia.
Este juicio que emitiría la entidad no es vinculante, porque puede que haya razones de políticas económicas o desarrollo válidas para alterar esa relación económica financiera inicial. "pero van a tener que quedar muy bien establecidas… eso es un elemento de transparencia del sistema", agrega.
Este punto es fundamental, ya que actualmente más de la mitad de los concesionarios recurren a los llamados "convenios complementarios" luego de haber licitado una obra. Y el tema es que no hay una regulación a la hora de los porcentajes económicos que efectivamente terminarán obteniendo.
Otro punto que será "difícil" es el relacionado con las sanciones, especialmente al Ministerio de Obras Públicas, ya que a las concesionarias se les aplican multas en caso de que no cumplan los servicios acordados, pero en el caso ministerial, si la mantención de la obra es más cara que la multa "sería tan burocrático como tener una Superintendencia dependiendo del propio ministro". Por eso se estableció en la ley que para esos casos se le ordenará al Ministro realizar investigaciones o sumario administrativo, asegura Saldivia.
Información
Entre las tareas que asumirá la Superintendencia de Obras Públicas está la de generar las condiciones para que todo usuario esté informado permanentemente de la calidad del servicio que se está otorgando.
Para ello, se exigirá que se informe sobre las bases de la licitación y el reglamento de la obra, es decir, en qué condiciones se entrega el servicio, porque en general "la gente no sabe, no tiene la menor idea sobre sus alcances. En el fondo es para que las personas estén bien informadas sobre sus derechos y para qué están pagando. Y cuando son obras del MOP, aquí está comprometido el ministerio a entregar calidad de servicio", detalla Tschorne.
Además, se regulará que las respuestas a las inquietudes y requerimientos de la ciudadanía no sobrepasen las 48 horas, ya que en ese caso podrán recurrir a la instancia para que gestione una pronta respuesta o que incluso multe a quienes no cumplieron con los plazos estipulados.
Para graficar los incumplimientos, a comienzos de año se pidió a todas las oficinas de información, reclamos y sugerencias (OIRS) y a las concesionarias de autopistas urbanas la entrega de los reclamos cursados. La conclusión, fue que en general, se atiende pésimo a la gente.
También tendrán un papel clave los estudios y ranking que se realizarán-y que ya se están iniciando- relacionados con la percepción de la calidad del servicio por parte de los usuarios, lo que se está haciendo al respecto, motivos de reclamos, etcétera. Si bien existen datos, aún no ha sido validados, por lo que aún no pueden hacer públicos los resultados.
Financiamiento
Para este año, se asignaron $1400 millones para el desarrollo de la Superintendencia, 400 millones más de los entregados para el mismo fin el año pasado, cuando se inició el trabajo que ha impulsado esta iniciativa.
De aquí al 2011 se invertirán $6.228 millones, de los cuales $ 3.838 millones corresponden a financiamiento local, $1.440 millones a aportes del Banco Mundial y $990 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los recursos internacionales responden al interés de dichas entidades financieras de replicar la experiencia en otros países, siempre y cuando, claro está, que se concreten las expectativas.
La visión privada
Herman Chadwick, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), asegura que "no ve mal" la iniciativa, pero "lo que nos preocupa es que no vaya a haber dualidad de funciones entre la Superintendencia, lo que es actualmente el MOP, lo que puede ser el comité de concesiones- creado por la nueva ley de Concesiones en trámite- y que no vaya a haber dualidad de funcionamiento con los inspectores fiscales, para que no haya burocracia, y para tener claro a qué atenernos".
Señala que para evitar esto han propuesto al ministerio y a las autoridades involucradas que, en vez de seguir revisando el proyecto de ley de Concesiones -donde existe bastante acuerdo, lo que correspondería sería revisar en detalle el marco de la nueva institucionalidad, impulsada por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, para un "nuevo" MOP.
"No sería mala idea primero dedicarnos a la institucionalidad nueva en general, veamos como queda el MOP, la Super, la creación del consejo, y después de eso miremos la ley de Concesiones adecuándola a esta nueva institucionalidad, porque quizás estamos partiendo por la cola. Si el ministro quiere seguir con la ley de Concesiones adelante y aprobarla ahora, estamos de acuerdo, salvo los puntitos que tenemos diferencia -forma de solución de controversia y el hecho sobreviniente- a sentarnos en la mesa y llegar a acuerdo", explica.
