Pese a los problemas evidenciados en distintas cárceles, los magistrados reconocen que las condiciones generales de los presos han mejorado. Sobre todo aquellas que les permiten trabajar y producir diferentes tipos de productos, que ayudan a mantener familias y proteger la dignidad de quienes están privados de libertad.
Los jueces que integran la Comisión de Reducción de Condenas, propusieron utilizar los penales de Punta Peuco -donde actualmente están militares condenados por violaciones de derechos humanos- y Colina I, para quienes han sido sancionados por delitos económicos. Ello, como una medida para descongestionar la ex Penitenciaría.
Esta es una de la conclusiones que arroja el informe que fue dado a conocer el viernes y que entrega las percepciones de los magistrados que recorrieron los penales y determinaron la rebaja de penas de quienes están privados de libertad, entre ellos, el ex senador Jorge Lavandero, el otrora asesor de inteligencia Lenin Guardia y el general (R) Manuel Contreras.
La proposición de los magistrados aparece tras la polémica generado por el oficio enviado por Gendarmería a los jueces de garantía, donde solicitaban que no se enviaran más reos al penal concesionado Santiago I, debido a que operaba al máximo de su capacidad. Se sumaron además las críticas de estos magistrados al ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
El informe señala que en el hoy llamado Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur se evidenció "un relativo mejoramiento" en las condiciones de reclusión, ya que la entrada en operación del penal concesionado Santiago Uno -para albergar a imputados del nuevo sistema de justicia penal- permitió recuperar espacios.
En ese sentido, la comisión «vio con preocupación el inminente regreso de imputados a este centro de cumplimiento penitenciario», señala el texto.
Por ello, «para descongestionar el C.D.P. Santiago Sur (ex Penitenciaría) y favorecer criterios de segregación de la población penal, estos comisionados consideran útil estudiar el traslado de los internos que actualmente cumplen penas por delitos de carácter económico hacia otros recintos penitenciarios susceptibles de ser ampliados o acondicionados para tal fin. En este sentido, la cárcel de Punta Peuco y Colina I, aparecen subutilizadas".
Los jueces, dentro de su revisión, también observaron que hay reos en el penal de Colina II que están en las celdas de aislamiento o castigo para tener mayor seguridad, ya que están amenazados por bandas rivales.
Si bien están por su propia voluntad, los revisores estimaron que si bien este tipo de presos tienen buena conducta, "quedan sometidos a similares rigores de quienes cumplen castigo, en lo que a visitas y desplazamiento se refiere, y a superiores restricciones en cuanto a su extensión ilimitada en el tiempo".
Cambios positivos
Pese a los problemas evidenciados, los jueces reconocen que las condiciones generales de los presos han mejorado. Sobre todo aquellas que les permiten trabajar y producir dentro de los penales diferentes tipos de productos, que ayudan a mantener familias y proteger la dignidad de quienes están privados de libertad.
La comisión estuvo presidida por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Amanda Valdovinos, el seremi de Justicia Patricio Reyes Zambrano y los jueces Enrique Durán y Gilda Miranda, Carlos Iturra, Raquel Lermanda, Pablo Droppelmann, Danilo Báez, Héctor Plaza, Romina Foucaut, abogada del Ministerio de Justicia, Amalia Gómez, perito psicóloga y María Carreño, asistente social.
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