«Acuerdo de seguridad es político y no apunta a los verdaderos problemas»

El acuerdo político legislativo sobre seguridad pública, firmado el lunes entre el Gobierno y la oposición, tiene como eje central un cambio en la institucionalidad, ya que traslada desde el Ministerio de Defensa al de Interior la dependencia de Carabineros.



Entre las medidas más relevantes, el Estado deberá proporcionar defensa penal gratuita a las víctimas de delitos graves y violentos que no puedan costearla por sí mismas, como delitos de homicidio, parricidio, secuestros, sustracción de menores, delitos sexuales, entre otros.



Paralelamente, el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) será transformado en una servicio público especializado en la prevención del consumo de drogas y alcohol.



En cuanto a temas legislativos, se enviará al Congreso un proyecto sanciona el comercio ilegal, reforzando las atribuciones investigativas de las policías y aumentando la fiscalización. Otras iniciativas son aumentar la dureza de las sanciones ciertos delitos contra el orden público, modificar la ley de control de armas y establecer medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.



Pese a la gran expectativa que generó el acuerdo, para Cristián Riego, director del Programa Justicia Criminal de la Universidad Diego Portales, se trata más bien de soluciones políticas que un camino que efectivamente resuelva los problemas actuales, ya que asegura que se han dejado de lado una serie de temas claves.



–¿Considera que este acuerdo apunta más a soluciones de represión que de prevención?
-No, no diría eso. A mi me parece que ambas cosas aparecen perfectamente equilibradas en el acuerdo, ya que hay aspectos de represión pero también hay aspectos de prevención. A mí me parece que las observaciones tienen más que ver con el contenido, con la calidad de las orientaciones que con ese énfasis.



–¿Cómo qué, por ejemplo?
-Por ejemplo, me llama la atención el tema de las defensorías de las víctimas. Me parece que es un grave error insistir en esa línea. Creo que las víctimas es claro que tienen numerosos problemas en el sistema, pero la solución a esos problemas no pasa por proveerles defensores.



La mayoría de los problemas tienen que ver con el sistema de funcionamiento del Ministerio Público que hay que resolver, digámoslo así, metiéndose al interior de ese funcionamiento, por ejemplo reforzando el Ministerio Público para las víctimas, dotando de más recursos para cumplir con esa función. Poner un abogado financiado por el Estado, en una perspectiva masiva, o sea de todos los delitos graves, lo que va a hacer es que va a generar más problemas y no va a resolver las expectativas que hoy las víctimas tienen insatisfechas.



–¿Y por qué podría generar más problemas y de qué tipo?
-Por diversas causas, pero fundamentalmente porque un abogado de las víctimas está pensado en el sistema como algo excepcional, para algunos delitos muy específicos en los cuales la víctima pueda tener alguna discrepancia con el Ministerio Público o una voluntad de participación muy importante producto probablemente por cómo lo afectó el delito.



Pero en general, un abogado no agrega ningún valor al proceso, sino que por el contrario: genera necesidades de atención adicionales. Entonces, si hoy los fiscales no están atendiendo bien a las víctimas, y ahora las personas tendrán un abogado que va a tener que negociar con el Ministerio Público, no va a aportar y no va a ayudar en nada a la persecución penal y en cambio puede generar problemas.



Por ejemplo, que la única herramienta que va a tener ese abogado para la atención del fiscal es eventualmente restar la colaboración de la víctima al proceso, con lo cual el proceso en vez de hacerse más eficiente se hará más ineficiente. Pero además vas a abrir una nueva ventanilla: si hoy la víctima tiene que ir a declarar ante la policía y eventualmente ante el fiscal mañana va a tener que primero querellarse, al abogado o defensor de la víctima y luego ir al ministerio público y más tarde hacer los mismos trámites que hacía antes ante el tribunal. O sea esto no ayuda, no es esa la línea de trabajo que se requiere. Aquí se requiere fomentar las vías de protección, mejorar la asistencia, mejorar la información que se da a las víctimas, y no poner a un abogado afuera.



La prueba más clara de esto es que ahora las víctimas que tienen abogado-pagado por ellas mismas o por algún tipo de servicio gratuito que se les adjudicó-tienen los mismos problemas que tienen las víctimas sin abogado. Entonces tener un abogado no les está resolviendo ningún problema. Además de todo el tema de encarecimiento, de aumento de trámites y consecuencias de los plazos.



Institucionalidad



–¿Qué implica el cambio de la dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa al de Interior?
-En sí mismo no sé si va a tener un impacto. Creo que como diseño institucional me parece correcto, pero que a estas alturas se requeriría un plan más sofisticado, que supusiera básicamente una reforma de las estructuras y de los incentivos policiales para efecto de ordenarlo en torno a los objetivos de seguridad ciudadana. Yo creo que hoy las policías requieren una reforma de gestión que no está planteado y que no se va a lograr con este puro traspaso.



–Con respecto al reforzamiento de Conace, en el fondo no se crea una institución nueva sino que se refuerza ¿qué le parece esta medida?
-Me parece bien reforzar esa línea de trabajo, pero lo que me llama la atención es que justamente es la línea de trabajo que hoy es más fuerte. Y en cambio, otros temas, como por ejemplo lo relacionado a la prevención barrial, en lugares donde habita la gente con más necesidades sociales, no aparecen reforzados. Están reforzando algo que ya existe y que, de alguna manera, es la cara más fuerte del Estado.



En cambio se echa de menos el planteamiento de cómo se va a resolver el problema más amplio de los barrios que hoy están con un grado de desprotección enorme y donde se requiere intervención social no sólo en materias de drogas y alcohol que ya hay, sin perjuicio de reforzarla, sino de otro tipo de gestión social y de prevención.



–También se plantea endurecimiento de penas y sanciones, pero no se menciona nada sobre las cárceles, que se sabe están colapsadasÂ…
-Yo creo que esas medidas, por ejemplo que se penalice el comercio clandestino, pueden ser, pero si lo que se requiere es atacar espacios de impunidad y hoy de hecho existen, se requeriría un análisis bastante más fino y la identificación con más claridad y antecedentes cuantitativos de cuáles son realmente esos espacios de impunidad. Esto está hecho un poco a partir de la intuición y no creo sea una buena manera de hacer esa aproximación.



Hoy, uno de los enormes problemas es que hay mucha gente y todos los años parte de esa gente sale a la vida por distintas causas, pero ¿qué hacemos con ella?: salen y se integran sin ninguna herramienta y probablemente se reintegren a la delincuencia y a la violencia. No tenemos cómo evitar eso. Y la verdad es que ahí se echa de menos una solución, porque creo es una de las cosas más urgente y el proyecto no señala qué se puede hacer con la gente durante su permanencia en la cárcel y además qué se puede hacer para apoyarla a la salida, qué apoyo se le puede propinar para que se reinserte y no se vuelva a volcar en el crimen.



–¿Qué otro punto echa de menos en este acuerdo?
-El establecimiento de un sistema para monitorear y hacer cumplir las medidas alternativas a la prisión preventiva durante el proceso. Hay algunas medidas que se crean, que se amplían, pero no se plantea el desarrollo de una institucionalidad destinada a monitorear su cumplimiento y lograr que sean efectivas.



–¿Y cuál sería su evaluación del acuerdo?
-Creo que es un acuerdo político al que le dan gran trascendencia por su valor político y no desconozco eso, en el sentido de que han logrado ponerse de acuerdo Gobierno y oposición. Pero me parece a mi, que no apunta a los verdaderos problemas, es bastante intuitivo, bastante poco certero y obedece más bien a los intereses políticos puntuales de cada uno de los sectores, más que un análisis realmente detallado y específico de cuales son los problemas. No apunta para nada a los problemas reales que suelen ser mucho más específicos, más técnicos y no tener esta connotación que ha caracterizado la discusión en los medios en el último tiempo.