Cifra, que representa poco más de $ 25 mil millones, fue acordada por los ministerios de Justicia y de Obras Públicas con el consorcio que levantó el edificio que alberga a las dependencias de los organismos del nuevo sistema procesal penal. Compañía solicitaba originalmente una compensación de UF 2,3 millones, cerca de $ 45 mil millones.
Los ministerios de Justicia y de Obras Públicas llegaron un acuerdo, en el marco de un arbitraje, con la empresa concesionaria OHL, que tuvo a su cargo la construcción del Centro de Justicia de Santiago.
La empresa solicitaba poco más de 2 millones 300 mil UF ($ 44.823.895.000) como compensación por los costos adicionales que supuso la construcción del edificio. Sin embargo, finalmente las partes acordaron un pago de 1 millón 300 mil UF ($25.335.245.000).
Los más de $ 45 mil millones serán pagados a la concesionaria sólo por las obras realizadas. Por esta razón, en fuentes gubernamentales se descarta que el pago signifique una indemnización a la firma.
Desde la semana pasada, la cartera de Justicia envió una serie de oficios, tanto a la Defensoría Penal, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objetivo de afinar los términos del pago.
Pese al acuerdo, aún subsisten deficiencias con la climatización del edificio, que implica que los nuevos tribunales orales y algunas dependencias del Ministerio Público aún no puedan ser ocupados, a casi dos años del inicio de la reforma en Santiago.
Fuentes del MOP y de Justicia señalaron que se iniciarán las obras para subsanar estas deficiencias y se acordó con el Poder Judicial una ocupación paulatina del recinto.
La construcción del edificio por parte de la firma OHL estuvo en el ojo de la polémica entre 2003 y 2005, debido a los retrasos que experimentó y que, incluso, fue una de los motivos que obligó a las autoridades a postergar en seis meses el inicio del nuevo sistema en la capital.
Una de las razones que tuvo a la vista el MOP para llegar evitar llegar a los tribunales fue una evaluación de riesgo, ya que el actual sistema de concesiones permite recurrir, en situaciones como éstas, a una resolución de controversias, que hasta ahora ha sido más favorable para los privados.
Cabe recordar que el gobierno tiene pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema, en un litigio similar con la empresa Besalco, que también pide compensación económica por los costos adicionales en los que incurrió en la construcción de centros penitenciarios.
Hasta el momento, el Ejecutivo ha perdido, tanto en el arbitraje como en la Corte de Apelaciones, que ordenó al MOP cancelar US$ 122 millones a la firma que construyó los nuevos penales de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua.
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