Autores del informe consideraron que para erradicar la violencia es imprescindible que esta se convierta en un objetivo central de las agendas públicas como problema de derechos humanos y como obstáculo para el desarrollo.
La violencia de género en América Latina se ha mantenido sin cambios y en algunos casos ha crecido por culpa de la tolerancia social y la impunidad que rodea a los agresores, según un estudio hecho público por la ONU.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentaron hoy el informe regional «¡Ni una más!» en el que se defiende el derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe.
«La alarmante situación detallada en ¡Ni una más! representa sólo la punta del iceberg de las muchas mujeres afectadas que permanecen ocultas tras el silencio estadístico, la tolerancia social y la impunidad», afirma en su introducción el trabajo conjunto.
El objetivo del informe, según la OPS, es alertar a todos los gobiernos y sociedades en general sobre la «urgente necesidad de poner fin a este prevalente abuso de derechos humanos», que no sólo se da en América, sino que afecta a todo el mundo.
«Estamos haciendo un enérgico llamado a la acción; en especial y primeramente, a los gobiernos e instituciones (…) para que actúen decididamente y comprometan fondos públicos con los que contribuir a parar esta violencia», dijo en un comunicado Alberto Concha-Eastman, Asesor Regional de la OPS en Prevención de la Violencia.
«La mujer en las Américas tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y las instituciones de gobierno de todos nuestros países tienen la potestad y el deber constitucional de garantizar que este derecho humano llegue a todos por igual», añadió.
Según un comunicado de la OPS, los autores del informe consideraron que para erradicar la violencia es imprescindible que esta se convierta en un objetivo central de las agendas públicas como problema de derechos humanos y como obstáculo para el desarrollo.
De acuerdo con el informe, «muchas mujeres no acuden a las instituciones encargadas de recibir y procesar denuncias de violencia por temor a enfrentar más violencia o sencillamente porque sus intentos de denuncia no son recibidos con la debida seriedad por parte de las autoridades».
«Esto tiene que acabar de una vez y por siempre», afirmó Concha-Eastman.
El estudio muestra cómo «la sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorece y provoca situaciones de impunidad» y además fundamentan las causas y consecuencias de la falta de poder de las mujeres en muchas sociedades.
«Entre 1990 y 2007, más de 900 mujeres chilenas fallecieron por causa de homicidio, una gran mayoría víctimas de sus parejas o ex parejas», señaló el informe.
En el caso de Bahamas, el feminicidio representó el 53 por ciento del total de los asesinatos en el año 2002 y en Costa Rica el 61 por ciento de los homicidios tuvo a mujeres como víctimas.
Las cifras en El Salvador son igual de preocupantes, la mitad de los casos de violencia reportados por la prensa en 2005 acabaron en homicidios; y en Puerto Rico, 31 mujeres fueron asesinadas como resultado de la violencia doméstica en el año 2004.
En otros países como Uruguay, una mujer muere cada nueve días como resultado de la violencia doméstica.
Según el informe, a pesar de los avances registrados en la equiparación económica, social y educativa de hombres y mujeres, aún persisten elementos estructurales que actúan como determinantes directos en la epidemiología de la violencia contra la mujer.
«La cultura de la desigualdad que ampara la violencia se inscribe en la de por sí violenta desigualdad de oportunidades, el desigual acceso a los recursos y servicios de la justicia, la discriminación laboral y salarial», reza el estudio.
Los autores concluyeron que la violencia de género es «una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al desarrollo económico, social y democrático en todos los países».
