Héctor Barros, jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, deberá seguir la acción legal contra el ex jefe de la DINA por denuncia calumniosa. Abogados Luis Correa y Luis Pacull formularon duras acusaciones contra el jefe de la represión. En los alegatos apareció una inédita fotografía del Rey de la Chatarra junto al ex presidente norteamericano Bill Clinton.
En medio de controles de detención por violencia intrafamiliar, robos, hurtos y delitos sexuales, se realizó el jueves la audiencia para resolver si la querella presentada por Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich contra de Manuel Contreras, la seguía investigando la Fiscalía Sur o se convertía en un delito de acción privada, es decir, entre particulares. Esto en el marco de los dichos del ex jefe de la DINA, quien acusó el año pasado a los suscritos de haberse enriquecido con el narcotráfico junto al fallecido jefe del régimen militar.
La escena en la sala del Undécimo Juzgado de Garantía tuvo de todo. Risas de otros fiscales presentes, miradas atónitas de familiares de delincuentes, algunos que no alcanzaban a comprender el alcance de la audiencia y la mala sorpresa del abogado de la Defensoría Penal Pública que, medio en broma medio en serio, quería abandonar la sala para evitarse el tácito patrocinio del jefe de la represión.
Parecía una audiencia más, pero no lo era. En el estrado frente al juez, estaban el fiscal jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, los abogados de Bathich, Luis Correa Bluas, y Luis Pacull por Marco Antonio Pinochet.
Barros, en su argumentación, intentaba que la causa que comenzó el año pasado -cuando el "Mamo", en un informe presentado al ministro Claudio Pavez que sustancia el proceso por la muerte del coronel Gerardo Huber, sostuvo que "Pinochet se enriqueció con el narcotráfico" y que Bathich y Marco Antonio fabricaban cocaína en un complejo del Ejército- fuera declarada una acción penal entre privados.
Correa Bluas y Pacull, en tanto, sostenían que ello era ilegal, ya que Contreras había usado el sistema judicial para denostar a sus clientes.
Y como la reforma fue diseñada para que los argumentos sean concretos y precisos, definiendo la calidad procesal de un imputado, los dichos de los interventores se instalaban como de otro tiempo, de otro sistema judicial.
Barros explicó que la acción estaba agotada, porque su competencia terminaba al tratarse de un delito entre particulares. En cambio Pacull recordó que Contreras fue el autor de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier (1976, Estados Unidos) y del el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
Sin duda, una situación surrealista. El defensor del hijo de Pinochet ventilaba argumentos a favor de su cliente, cuyo padre fue el autor mediato de esos homicidios. Pocos entendían. Dedos en la sien, haciendo un movimiento redondo en señal de locura fueron recurrentes.
Luego le tocó el turno a Correa Bluas, quien alegaba por el derecho a la justicia, al debido proceso, usando el estatuto de derechos humanos para defender al empresario que salía de juerga con "el hijo del dictador" -dijo- en la década de los 80. En su alegato, incluso presentó una inédita fotografía del Rey de la Chatarra junto al ex presidente de EEUU Bill Clinton. El juez, en tanto, escuchaba concentrado.
Terminados los alegatos, el magistrado resolvió que la Fiscalía Sur no tenía facultades para transformar una querella por el delito de denuncia calumniosa, en uno de acción privada. Debía seguir tramitándola y usar, en el momento procesal que correspondiera, las facultades del Ministerio Público, ya fuera para archivar, suspenderla provisionalmente o bien formalizar al Mamo.
En otras palabras, Barros había perdido su oportunidad de deshacerse de una querella que causa escozor en el nuevo sistema de persecución penal, ya que no fue diseñada para indagar los ilícitos relacionados, aunque sea tangencialmente, con los crímenes de lesa humanidad.
Terminada la audiencia, las "bromas jurídicas" entre los intervinientes no se hicieron esperar. Desde los honorarios hasta la mala suerte y el debate político, y todo tipo de guiños faciales y figuras retóricas, sellaron este trance jurídico que, aunque parece menor, sienta un marco para este tipo de casos.
El próximo paso será la petición de los querellantes para que Contreras sea formalizado. Si lo logran, será el primer militar condenado por violaciones a los derechos humanos en sufrir los embates de la reforma.
