Corte de Apelaciones de Santiago declaró »abandonada» una solicitud de embargo presentada por el Servicio de Impuestos Internos, por US$ 3 millones, contra la empresa Expromet, luego de que los abogados del organismo no se presentaran a alegar. De esta manera, quedó a firme la decisión del Segundo Juzgado de Garantía, que ya había rechazado la medida precautoria.
La larga batalla judicial por la sustracción y venta ilegal de cable de cobre tuvo su primer revés para el Ministerio Público Centro Norte y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Esto porque ningún funcionario de este último organismo se presentó a alegar ante la Corte de Apelaciones de Santiago para de conseguir un embargo por US$ 3 millones contra la empresa Expromet, luego de que el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago también rechazara la medida cautelar.
"Se declara abandonado el presente recurso", señala la resolución de la Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino, integrada por los ministros Rosa María Maggi, Juan Cristóbal Mera y el abogado integrante Patricio González.
La semana pasada la fiscal metropolitana Centro Norte, Sonia Rojas, y el fiscal del caso, José Morales, concurrieron a la audiencia del Juzgado de Garantía para apoyar la solicitud de embargo presentada por el SII, pero la jueza Carmen Gloria Rojas no accedió a la petición.
Y si bien el organismo fiscalizador en materias tributarias apeló del dictamen, sus abogados no concurrieron a alegar ante el tribunal de alzada, lo que obligó a decretar por desistido el recurso e impidió que el Ministerio Público -que sí se presentó- defendiera la medida.
El dueño de la firma, Edgardo Raglianti, fue formalizado por la Fiscalía en 2005 por el delito de receptación de cobre robado. Luego, en octubre de 2007, lo reformalizó por cargos tributarios. Por esta razón la petición de embargo del SII era tan importante.
Los abogados de Raglianti, German Cueto y Alex Carocca, reclamaron en estrados que el organismo fiscalizador ha cometido una serie de irregularidades en la tramitación de la investigación, confundiendo ítemes y contabilizando facturas equivocadas.
Más cobre
Paralelamente, la Fiscalía Occidente tiene otras investigaciones relacionadas al mismo delito, a cargo del perseguidor penal Tufit Bufadel.
Bufadel ha establecido que Expromet ha obtenido utilidades por 900% el año 2005 y que los socios de la empresa no realizaron retiros acordes a las ganancias del año, sino que extraían los dineros mediante el uso de facturas recibiendo, legalmente, la devolución de impuestos al año siguiente.
En octubre de este año, el SII cambió su criterio para estos casos y se querelló por delitos tributarios contra la firma EIRL.
En un primer momento, el servicio sólo había demandado por receptación y comercio ilegal de los cables de cobre, pero este delito tenía penas muy bajas. Los imputados arriesgan condenas desde cinco a quince años de presidio.
En noviembre, en tanto, Investigaciones incautó 20 toneladas de cable de cobre robado a las empresas CGE Transmisión, Chilectra y Transelec, lo que se considero un duro golpe a la venta ilegal de este material, que se sumó a la baja de un 95% de robos, luego que comenzaran a ser formalizadas los dueños de las empresas.
