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Gobierno envía proyecto que regula carreras de educación superior

Universidades y Centros de Formación técnica deberán entregar al Ministerio de Educación estudios que permitan avalar el campo laboral de los futuros profesionales y técnicos.


El Gobierno envió al Congreso un proyecto que busca regular la oferta de las carreras impartidas por instituciones autónomas de educación superior, iniciativa que busca evitar que se repitan casos como de los alumnos de criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).



El anuncio fue hecho por la Presidenta Michelle Bachelet en compañía de los ministros de Educación, Yasna Provoste, de Economía, Alejandro Ferreiro, oportunidad en que se destacó que de esta forma el Estado podrá velar porque exista un real campo laboral para estudiantes que inician carreras profesionales y técnicas.


Principales
aspectos del proyecto

– El proyecto de ley tiene como objetivo central
entregar facultades para que el Estado pueda velar, de manera anticipada,
por la entrega de información fidedigna con respecto a las reales
características de un determinado plan o programa.

– En especial, en lo relativo a su eventual
campo ocupacional, evitándose así que la intervención
estatal se limite sólo al momento que los perjuicios derivados
de información falsa o incompleta ya se hayan generado.

– Para esto, el proyecto dispone que, previo
a la apertura de una determinada carrera, las instituciones de educación
superior entreguen al Ministerio de Educación información
básica relativa a las características de dicho plan o programa.

– Dicha información deberá
contener mención específica relativa a las expectativas
ocupacionales del egresado de la carrera, lo cual deberá justificarse
de manera concreta y específica, respaldado dichos antecedentes
con datos efectivos.

– Asimismo, se dispone que la información
de la carrera deba ser analizada por la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación, a objeto de comprobar la
veracidad y pertinencia de la misma (Dentro del plazo de 60 días
contados desde la recepción de los antecedentes).

– El proyecto de ley contempla normas que
regulen la forma en que dicha información debe ser entregada a
los usuarios, a través de la publicidad que de sus carreras efectúen
las instituciones de educación superior.

– Por último, el proyecto de ley contempla
medidas que permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones señaladas,
por parte de los establecimientos educacionales.

– La no entrega de la información
requerida hará responsable a la institución de todo perjuicio
causado a los estudiantes matriculados o egresados de la carrera respectiva,
presumiéndose para efectos de la ley N°19.496, sobre protección
de los derechos de los consumidores.

El proyecto busca proteger el derecho de los estudiantes a recibir una oferta seria, responsable y sustentable. Además, recoge el planteamiento unánime formulado por las comisiones de Educaciones de ambas cámaras, en orden a que el gobierno interviniera en esta situación. (Ver recuadro)



En ese sentido, la Mandataria explicó que durante este año, los chilenos hemos sido testigos de la difícil situación que ha enfrentado un conjunto de jóvenes que optó por estudiar una carrera que no tenía una perspectiva laboral cierta, puesto que su plan de estudios no reunía los requisitos que la profesión exigía.



"Y la verdad que eso no es aceptable. Cuando estamos hablando de que queremos ser un país moderno, desarrollado, situaciones como esas tampoco son aceptables", acotó.



Asimismo, señaló que esta legislación es la respuesta "de toda nuestra sociedad, que advierte a todos que con el futuro de sus jóvenes no se juega, ni se improvisa", aclaró.



En el mismo sentido, también Provoste recordó que en el último tiempo ha sido de público conocimiento una serie de casos en que instituciones de educación superior han sido cuestionadas por el campo ocupacional o laboral de las carreras que imparten y que ofrecieron a sus actuales estudiantes.



En la actualidad, la Educación Superior en Chile es provista por 61 Universidades públicas y privadas, 25 de las cuales forman parte del Consejo de Rectores; 43 Institutos Profesionales privados y 105 Centros de Formación Técnica privados. En total, 209 instituciones que en 444 sedes a lo largo del país matricularon en 2006 a cerca de 615 mil estudiantes.



Demanda y toma



En tanto, un total de 92 alumnos de la Criminalística de la UTEM presentaron ante el Primer Juzgado Civil de Santiago una demanda por más de $ 1.000 millones contra la casa de estudios, por publicidad engañosa.



Según explicó Juan Pablo Crisóstomo, representante de los alumnos afectados, la acción judicial obedece a que no fueron informados al momento de ingresar que la carrera no tenía campo laboral, por lo que exigen la devolución del dinero.



En paralelo, los jóvenes afectados también protagonizaban desde la noche del martes una toma en la sede de la UTEM de Vicuña Mackena con Santa Isabel, que finalizó el mediodía del miércoles con 47 detenidos.



Comisión investigadora



En Valparaíso, en tanto, un grupo de diputados presentó este miércoles una solicitud para crear una comisión que investigue la situación de carreras sin futuro laboral.



Según explicó el PPD Ramón Farías, la idea de solicitar la creación de una Comisión Especial que se aboque a investigar lo que ha sucedido en torno a carreras como criminalística, que no contarían con campo laboral.



Farías precisó que en la reunión, los diputados presentes adquirieron básicamente cuatro compromisos con los, alrededor de 150 estudiantes que participaron en la cita, la mayoría estudiantes de la carrera de criminalística.



El diputado precisó que espera que en esta comisión se puedan definir las responsabilidades que han tenido algunas casas de estudios, principalmente la UTEM en impartir carreras que "se ha comprobado no cuentan con un futuro laboral".



"No debemos olvidar que son miles, los alumnos que se encuentran gravemente afectados por este problema", finalizó.

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