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Observatorio Indígena lamenta silencio del Estado por huelga mapuche

Entidad lamentó la "indeferencia" ante la protesta de Florencio Jaime Marileo Saravia, Héctor Laitul Carillanca, Juan Millalen Milla, José Benicio Huenchunao Mariñan y Patricia Roxana Troncoso Robles.


El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas lamentó el "silencio" que han mantenido las autoridades respecto a la huelga de hambre que protagonizan, desde hace más de 50 días, un grupo de comuneros mapuches en la Región de la Araucanía.



A través de una declaración pública, la entidad lamentó la "indeferencia" ante la protesta de Florencio Jaime Marileo Saravia, Héctor Laitul Carillanca, Juan Millalen Milla, José Benicio Huenchunao Mariñan y Patricia Roxana Troncoso Robles.



El Observatorio manifestó que con su acción los comuneros "que las referidas autoridades han hecho uso abusivo del poder punitivo del Estado para reprimir las acciones de protesta social del Pueblo Mapuche y desactivar sus organizaciones por la vía del encarcelamiento de sus líderes".



Los cinco mapuches se encuentran en huelga de hambre desde octubre, lo que ha afectado su condición de salud, que en algunos casos se ha traducido en una pérdida de más de 15 kilos de peso.



Los comuneros, que se encuentran recluidos en la cárcel de Angol, enfrentan condenas o procesos judiciales por infracción a la Ley Antiterrorista, promulgada durante la dictadura militar.



Huenchunao, Troncoso y Marileo enfrentan una condena de diez años y un día de cárcel como autores de incendio terrorista, además de una multa de $ 420 millones a favor de la forestal Mininco, propietaria de los predios siniestrados.



En tanto, Millaen enfrenta una condena cuatro años y un día de cárcel, mientras que Llaitul, conocido como comandante Héctor, está siendo procesado por diversos delitos atribuidos a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).



«Estas condenas han resultado de la aplicación de la Ley Antiterrorista, lo que ha permitido sancionarlos con penas de máxima gravedad y suspender las necesarias garantías procesales para un justo y legal juzgamiento", dijo el Observatorio.



"Instamos a las autoridades a que, en consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos antes referidas, varias de las cuales son vinculantes para el estado de Chile, respondan a las demandas de los presos mapuche, considerando la situación de injusticia que generan las condenas que se les han impuesto", añadió.



«Ello antes de que se deban lamentar pérdidas humanas que agravarán los conflictos que, lamentablemente, han marcado la relación entre los pueblos indígenas, el estado y la sociedad chilena en los últimos años", puntualizó.



Ley Antiterrorista



Con su manifestación, los mapuches buscan que las autoridades les entreguen su inmediata libertad, revisen sus causas y declaren la inaplicabilidad de la ley antiterrorista en su casos, puesto que «les asiste la convicción de que su proceso judicial adoleció de las garantías mínimas para asegurar un debido proceso y que, además, no es aplicable a los delitos que se les imputa el tipo penal terrorismo», recordó el organismo.



En 2006, el Senado rechazó un proyecto de ley que buscaba conceder la libertad condicional a las personas que cometieron delitos contemplados en la ley que sanciona conductas terroristas, en causas relacionadas con la reivindicación de tierras indígenas. La propuesta legal, además, vinculaba la obtención de la excarcelación a la firma previa de una declaración inequívoca de que los favorecidos renunciaban al uso de la violencia.



En concreto, se buscaba favorecer a nueve comuneros que se encuentran en prisión, entre ellos Juan y Jaime Marileo, y Juan Huenulao y la propia Troncoso, quienes protagonizaron una huelga de hambre que se extendió por 63 días.

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