Fiscal Tufif Bufadel imputó cargos a Patricio Grandón y a sus asesores Johanna Nahuelpan y Maxi Salazar por realizar »declaraciones falsas o maliciosamente incompletas» y »maniobras tendientes a aumentar el verdadero monto de los créditos». Tribunal rechazó ordenar la detención y sólo decretó una orden de arraigo y firma periódica ante el Ministerio Público.
El fiscal occidente Tufit Bufadel, a cargo de la investigación por el robo de cables de cobre, formalizó por el delito de fraude tributario a Patricio Grandón, dueño de la empresa EIRL, Johanna Nahuelpan y Maxi Salazar, contadora y asesor financiero de la misma empresa.
En la audiencia ante el Noveno Juzgado de Garantía también participó el abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII) Andrés Vio, querellante en la causa. Mientras, que la defensa de Grandón, Nahuelpan y Salazar estuvo representada por Ricardo García.
Tanto el Ministerio Público como el SII lograron acreditar ante el tribunal el perjuicio fiscal -que alcanza a casi un millón y medio de dólares- y la maniobra por la cual Grandón y sus empleados cometían el ilícito mencionado.
De esta manera, fueron formalizados por realizar »declaraciones falsas o maliciosamente incompletas» y »maniobras tendientes a aumentar el verdadero monto de los créditos».
La Fiscalía solicitó en la audiencia que los tres inculpados quedarán detenidos, pero el tribunal optó por dejarlos en libertad debido a que tenían irreprochable conducta anterior y porque se han presentado a todas las diligencias y a la audiencia de formalización.
El tribunal de Garantía, sin embargo, dejó con medidas cautelares a los formalizados, quienes deberán firmar periódicamente ante el Ministerio Público y no podrán salir del país mientras dure la indagatoria.
El gran negocio del cobre
En forma paralela, la Fiscalía Occidente ha realizado otras investigaciones y diligencias para esclarecer el robo de cable de cobre.
Así, Bufadel logró establecer que Expromet, otra de las empresas involucradas en la venta ilegal de cobre, obtuvo utilidades por 900% el 2005 y que sus socios accedieron los dineros a través del uso de facturas, que le permitió acceder a la devolución de impuestos.
Esta arista de la investigación fue la que llevó al SII a cambiar la figura delictiva por la cual se querelló contra los involucrados. En un primer momento sólo enfrentaban cargos por sustracción y venta ilegal de cobre, pero ante las evidencias optó por fraude fiscal, que tiene penas mayores.
Hace dos días, la Corte de Apelaciones rechazó una petición de embargo contra el dueño de la empresa Expromet, Edgardo Raglianti, debido a que los representantes de la Fiscalía Centro Norte no se presentaron a alegar.
En primera instancia, la jueza Carmen Gloria Rojas rechazó la solicitud presentada por el SII, que fue apoyada por los fiscales Sonia Rojas y José Morales.
Si bien el organismo apeló a la decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago dio por abandonado el recurso luego de que ninguno de sus abogados concurriera a alegar.
Artículos relacionados:
Fiscalía y SII pierden round en investigación por robo de cables de cobre (5-12-2007)
Decomisan 20 toneladas de cobre robado dirigido a empresa Conmetal (16-11-2007)
Fiscalía pide al SII querellarse contra dos empresas por robo de cables (22-10-2007)
